La megacausa de las expropiaciones ayer tuvo novedades en 2 frentes. Por un lado, el fiscal José Mallea, que actuó en el proceso que destituyó al juez Carlos Macchi, no sólo denunció penalmente al ahora exmagistrado y al abogado Santiago Graffigna, sino también a 3 peritos tasadores que trabajaron para este último. A estos les apunta por haber actuado en connivencia con los otros implicados y haber sobredimensionado el valor de los terrenos que el Estado expropió, lo que contribuyó a que la provincia terminara pagando millones de pesos. Y en segundo lugar, surgió un nuevo incidente procesal sobre la definición del juez subrogante que debe llevar adelante el caso (ya que la titular del Quinto Juzgado de Instrucción está de licencia), lo que sigue despertando dudas sobre quién se hará cargo finalmente.

En este último punto, tras una cadena de inhibiciones, el expediente recayó en el Cuarto de Instrucción, que dirige Maximiliano Blejman, pero fuentes judiciales aseguraron que ayer lo envió al Primero de Instrucción, al mando de Benito Ortíz, debido a que entendió que llegó a su despacho por “un error involuntario” ya que se salteó el orden de subrogancia y que el objetivo es evitar futuras nulidades. Por otro lado, fuentes ligadas a la causa señalaron que en el Tribunal de Ortíz están estudiando la situación y se analiza la posibilidad de rechazar la causa dado que el orden de magistrados que deben hacerse cargo lo estableció la Corte de Justicia, por lo que debe seguir respetándose.

La llamada megacausa surgió tras la denuncia de la gestión giojista, en la que se expuso la existencia de una red de abogados, jueces y funcionarios que inflaban el valor de los terrenos que expropiaba el Estado, para sacarle millones de pesos a la provincia. En el expediente central ya hay 11 procesados (ver recuadro). Como un caso íntimamente ligado se desató un Jury de Enjuiciamiento contra quien fuera titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi. Dicho proceso terminó con su destitución por las severas irregularidades que cometió en 5 juicios de expropiaciones que terminaron beneficiando al abogado Graffigna. En bases a las pruebas del Jury, fue primero el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien denunció a ambos por su presunta connivencia para estafar al Estado. Y ayer se sumó el fiscal Mallea, quien además le apuntó a los 3 peritos que tasaron los 5 inmuebles para Graffigna. Se trata de los ingenieros Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos. En líneas generales, Mallea destacó que los informes periciales sobrevaluaron “las superficies expropiadas” o incluyeron “mejoras inexistentes o existentes pero sobrevaluadas”. La denuncia la hizo en la Fiscalía de turno, a cargo de Fabricio Médici, aunque solicitó que se acumule a la causa principal, en la que el fiscal es Carlos Rodríguez.

La otra novedad tiene que ver con las dudas sobre qué juez reemplazará a María Inés Rosselot, la magistrada del caso, quien está de licencia médica por una fractura en su muñeca derecha. Además, la jueza ya adelantó que, por amistad, se apartará si sale el requerimiento de instrucción contra Macchi. Frente a ese escenario, la Corte de Justicia decidió (tal cual es su potestad) que el subrogante fuera Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, pero éste se inhibió en la megacausa por razones de amistad con una de las imputadas, la exjueza Rosalba Marún. Así, el expediente pasó al Tercero de Instrucción, en el que Guillermo Adárvez siguió el mismo camino por el mismo motivo. Por esa razón, el máximo tribunal resolvió que se hiciera cargo el Tribunal que seguía en el orden de nominación, es decir, el Cuarto, a cargo de Blejman. Pero éste adujo que al inhibirse Flores, la causa debió pasar al Primero de Instrucción, ya que es el subrogante del Quinto en el orden de nominación. En ese marco, envió el expediente para que no se violara el principio del juez natural y así evitar futuras nulidades por partes de los abogados defensores. Sin embargo, fuentes calificadas explicaron que en el Primero de Instrucción, el juez Ortíz evaluará si acepta o no el expediente. El argumento que se barajaba es que la Corte fue la que decidió el orden de subrogancia, por lo que se debe seguir manteniendo, ya que su modificación no es competencia de un juzgado.