Megacausa laboral de San Martín: Extorsión, y abogados imputados.

La megacausa por la industria del juicio laboral en San Martín tuvo ayer allanamientos e imputaciones por tentativa de extorsión. Los acusados son los abogados Horacio Luna y Silvina Panella. Creen que están implicados jueces, denunciantes, y empleados de la Justicia. Un gran escándalo que conmueve a la comunidad del Este y al ámbito judicial. Hoy, el Este será un hervidero.
Los abogados laborales de San Martín Horacio Luna y Silvina Panella fueron imputados ayer por el delito de tentativa de extorsión, en la "megacausa" de juicios laborales contra empresarios del Este mediante el uso de falsos denunciantes. Se trata de un conjunto de casos que podría involucrar a por lo menos un juez de instrucción y a dos camaristas laborales, abogados, funcionarios judiciales y empleados, que conmueve al ambiente judicial y a las comunidades de San Martín y Rivadavia. Al menos siete empresarios fueron víctimas de la maniobra que se investiga. Sólo uno de ellos recibió 220 demandas y gastó 15.000 pesos contestando cartas documento de empleados ‘sospechosos’ que lo habían demandado, con el patrocinio de los abogados que fueron imputados ayer por la justicia penal.

La acusación fue resuelta por la jueza de feria Miriam Moltó, quien además ordenó allanar ayer el estudio que Horacio Luna posee en el casco céntrico de San Martín, en Cuesta del Madero y José Mármol. Allí, la jueza retiró computadoras y notebooks y carpetas que ahora serán analizadas, con documentos relacionados –todos- a uno de los casos en estudio. Los abogados presentarían a primera hora un pedido de eximición de prisión, para evitar quedar detenidos, ya que se trata de un delito grave reprimido por penas de al menos cinco años de prisión. Además serán citados a indagatoria, según la información a la que pudo acceder este diario, luego de que la jueza decidiera imputarlos tras sendos pedidos del fiscal de la causa y de los querellantes. Este diario intentó contactarse con Horacio Luna pasadas las 22:30 de anoche, una vez finalizados los chequeos de la información, pero la comunicación no fue posible.

La megacausa de los juicios laborales comenzó a armarse en los primeros meses del año, cuando los hermanos Roberto y Carlos Massi, propietarios del vivero Las Delicias, se negaron a arreglar extrajudicialmente 220 demandas patrocinadas por el estudio de Luna, por un total de unos tres millones de pesos, porque –declararon- la alternativa era quebrar su empresa. Además, tenían un alto grado de sospecha sobre los denunciantes. Paralelamente, la "industria del juicio" contra empleadores del sector agropecuario del Este –donde suelen abundar el trabajo informal y en negro- empezó a ganar espacio en los medios, y fue tomada como propia por la Federación Económica de Mendoza. MDZ Online, por caso, fue el primero en publicar la historia.

Según decían los empresarios, repentinamente les empezaron a llover causas de supuestos ex empleados que reclamaban pagos por derechos laborales, indemnizaciones, y meses trabajados por sumas extraordinarias. La inmensa mayoría de las denuncias, que primero habrían pasado por la delegación local de la Subsecretaría de Trabajo, fueron tramitadas con el patrocinio del estudio de Luna, donde trabajan otros cinco abogados, entre ellos Silvina Panella, quien también quedó imputada por la jueza Moltó.

Lo que la Justicia investiga es si hubo una ingeniería jurídica y una asociación destinada a estafar y extorsionar a los empresarios, que en muchos casos decidieron "arreglar" y pagar, antes que seguir adelante con un juicio, aunque el allanamiento en el estudio de Luna se refirió sólo al caso Massi. Según las fuentes consultadas, los imputados colaboraron en todo momento con el allanamiento de la jueza Moltó, quien fue asistida por la Policía que aportó el propio ministro de Seguridad Carlos Ciurca; y abogados que conocen la causa a la perfección.

El quiebre

En medio de la lluvia de denuncias –dicen que en el estudio de Luna se tramitan unas 4.000 de estas causas, por más de 70 millones de pesos en demandas- hubo un punto de ruptura. Y fue cuando la familia Massi decidió contestar las demandas e investigar por cuenta propia; luego de fallidas negociaciones con el estudio de Luna.

Los Massi gastaron unos 15.000 pesos en cartas documento para responder las denuncias patrocinadas por Luna, y en el curso de su investigación descubrieron que muchas de las personas que les reclamaban derechos laborales no habían trabajado con ellos, o lo habían hecho por mucho menos tiempo que el que figuraba en las demandas. Así, hallaron un eslabón débil en la cadena: Uno de los supuestos empleados demandantes terminó siendo un hombre llamado Sergio Calderón Peña, quien durante el tiempo en el que había estado "trabajando" para Massi, en realidad se hallaba cumpliendo una condena de 12 años de prisión. Cuando le tocó declarar por este caso, en libertad condicional y ante la posibilidad de volver a la cárcel; decidió aportar una prueba que resultaría clave: El testimonio de uno de los abogados del estudio que lo patrocinó –justamente el de Luna- quien le habría ofrecido incluso testigos falsos para "armar" el juicio laboral. Calderón lo grabó, y esa grabación obra hoy en la justicia de instrucción. Se trata de un registro fílmico en el mismo estudio de Luna, donde –declaró Calderón- lo tuvieron varias horas "encerrado" para que firmase un compromiso en el que se autoincriminaba por el contenido de la carta documento en la que reclamaba indemnizaciones mayúsculas. Calderón está imputado por tentativa de estafa contra los Massi por este caso, y a su vez denunció a Horacio Luna, Silvina Panella y a un secretario del estudio por tentativa de extorsión, causa que se está investigando. En la grabación –famosa en todo San Martín- se identifica una voz masculina diciéndole a Calderón "…los testigos te los consigo yo…"

De acuerdo con la información recogida en fuentes judiciales, de las 220 demandas que el estudio de Horacio Luna lleva contra el vivero de los Massi, unas 45 son altamente sospechosas, ya que durante esos períodos los denunciantes estaban trabajando en otras firmas, al menos según los comprobantes de la AFIP. Por eso, la jueza Moltó ordenó interrogar a todos los empleadores que figuran en esos comprobantes, para establecer días y horarios de trabajo de esas personas. Este trámite será cumplido por la jueza Delia Sánchez, quien regresa al Segundo de Instrucción de San Martín este lunes, al fin de la feria.

La otra historia

El caso Massi parece ser la punta de un iceberg complejo. Bajo la superficie, hay abogados, jueces, empleados públicos y camaristas sospechosos de pertenecer a una red que se dedicaba a lucrar con la "industria del juicio", lo que ahora es motivo de investigación incluso de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Si esta estafa monumental existió, es obvio que requería de una extensa red de complicidades.

La megacausa empezó a tomar forma cuando los Massi decidieron denunciar a los falsos demandantes y a sus abogados en el Segundo Juzgado de Instrucción de San Martín, por entonces ocupado por el juez Carlos Dalton Martínez. Las denuncias de Massi, a la vez que era apremiado por las demandas laborales; no prosperaban de ninguna manera en el juzgado, y las sospechas sobre el desempeño del juez Dalton Martínez comenzaron a llegar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y a provocar la preocupación de su presidente, el ministro Jorge Nanclares. Al mismo tiempo, en el fuero laboral de San Martín y en la Corte llamó la atención que casi todas las causas laborales caían en la Primera Cámara laboral de San Martín, integrada por su presidente Alfredo Santos D’Angelo Lezan, y las vocales Carmen Alicia Coronel Pfister y Silvia Estela Escobar Dibono. Una de ellas, la jueza Carmen Alicia Coronel; fue la última en integrar el tribunal, y dicen quienes conocen la megacausa que casi no ha participado en esta historia.

Por las demoras del juez Carlos Dalton Martínez, la acumulación de causas, y luego las licencias frecuentes en su tribunal, más la supuesta desaparición de expedientes, la Suprema Corte de Justicia decidió, con una acordada firmada a principios de mes; enviar al camarista Carlos Parma, de la Cámara Penal de Menores de la Primera Circunscripción; como auditor, para investigar qué pasa en ese juzgado donde las denuncias hacían extraños caminos, y su titular faltaba de manera repetida. Parma fue con instrucciones precisas de Jorge Nanclares, presidente de la Suprema Corte, de investigar y limpiar todo. Y todo, es todo. Por eso, el magistrado –un ex juez de instrucción con larga experiencia y fuerte base doctrinaria- lo primero que hizo fue despejar el juzgado de los funcionarios de Dalton Martínez. Mientras tanto, la Corte designó como jueza subrogante a Delia Sánchez, quien reasume el juzgado el lunes, al fin de la feria. Parma y su equipo, una "task force" de investigadores que trabajan en San Martín y en Mendoza; están revisando el juzgado papel por papel. Pero ayer se encontraron con una sorpresa desagradable. Alguien había violado una de las computadoras en las que se archivan los datos vinculados a la megacausa. Y por eso, el mismo Parma radicó una denuncia penal en la fiscalía de turno.

Mientras tanto, y para entender por qué las causas laborales impulsadas por Luna caían siempre en la Primera Cámara Laboral; hay que conocer primero cómo se adjudican los casos. Les presentamos, entonces, el sistema MECLA.

El reparto de las causas

El sistema MECLA (Mesa de Entradas Central Laboral) es en realidad un software, un programa de computación que reparte los casos por sorteo de manera aleatoria entre las dos cámaras laborales de San Martín, con una tolerancia de "más-menos" diez casos por cámara, lo que impide adelantarse o elegir un tribunal favorito para tramitar los casos. Este sistema paulatinamente va reemplazando al tradicional por turnos o por cantidad de expedientes que regía hasta ahora.

Sin embargo, el sistema MECLA tenía una fisura que permitía una maniobra. A fin de desburocratizar la Justicia, la Suprema Corte había ordenado –y esto funcionó casi diez años- que aunque las causas se sortearen, hasta diez expedientes de un mismo actor y un mismo demandado pudiesen ir al mismo tribunal laboral. ¿Y cómo se conseguía entonces "elegir" jueces? Aunque es materia de investigación, se podría establecer lo siguiente: un abogado con su portafolio y los expedientes llegaba al fuero laboral y le sorteaban un tribunal. Si era el apropiado, ponía sus diez expedientes. Y si no, se iba sin presentar el caso, y regresaba más tarde. Nuevo sorteo, y si la Cámara era la indicada, dejaban diez expedientes más. La Suprema Corte entendió que algo raro pasaba, especialmente en San Martín; y por eso –mediante una nueva acordada- decidió que la ventaja de colocar diez expedientes en un solo juzgado se acabó. Ahora, será un caso por tribunal. Eso fue como abrir la Caja de Pandora. En la Segunda Cámara Laboral de San Martín, cuando empezaron a ver el tenor de las demandas, inmediatamente se comunicaron con Nanclares y le dijeron que estaban ante un escándalo. Paralelamente, y de acuerdo a lo confirmado por el ministro de Gobierno Mario Adaro a MDZ; la administración de Celso Jaque busca pruebas para pedir un jury contra dos de los camaristas de la Primera Cámara Laboral de San Martín: Alfredo D’Angelo y Silvia Estela Escobar. Precisamente, abogados de las empresas demandadas habrían dicho, en declaraciones previas, que ambos magistrados les "sugerían" arreglar y pagar las demandas antes que complicarse en juicios laborales con pronóstico reservado.

Mario Adaro, en tanto, estimó ayer que "si el gobierno no se movía y empezaba a activar el jury, la Suprema Corte no hubiese hecho nada con el problema de la Justicia de San Martín". Jaque les había prometido a los empresarios del Este que denunciaron estos casos, avanzar con una investigación. Adaro dijo entonces que en dos semanas tendrían las pruebas suficientes. Y ese plazo expira el lunes, con el fin de la feria.

Lo que sigue

La megacausa por la industria de los juicios laborales dará mucho más que hablar. Es posible que más empresas se acoplen a la denuncia de Massi. Una de ellas podría ser la Cooperativa Alto Verde, a la que le "hicieron" unos 150.000 pesos en juicios laborales en los últimos meses. También es posible que hoy mismo el abogado Horacio Luna y la abogada Silvina Panella, los dos imputados por intento de extorsión contra los Massi; presenten un pedido de eximición de prisión y un pronto despacho para que la jueza Moltó les tome declaración de inmediato.

En las complejas probabilidades de la megacausa se computa también que la Subsecretaría de Trabajo, delegación San Martín, deberá cederle a la Justicia cuanto papel tenga sobre las demandas. Al respecto, el propio Adaro dijo que el organismo iba a prestar la máxima colaboración y aportarían todo lo que tenga que ver con estas denuncias, ya que muchos de los demandantes "falsos" iniciaron el trámite en la Subsecretaría. Entiéndase por este concepto tanto a los que litigaron sin haber trabajado en las empresas, como a los que lo hicieron por más tiempo que el que en realidad trabajaron. Lo que la Justicia trata de determinar, es quiénes empezaron su denuncia en la Subsecretaría de Trabajo, qué expediente se generó por cada persona, y cómo esos casos terminaron después en el estudio del abogado Horacio Luna. También buscarán saber cómo avanzó cada demanda en la Primera Cámara Laboral, y si hubo arreglo extrajudicial con el empleador denunciado. Y vaya un dato adicional. La esposa de Luna, también abogada, trabaja para la Subsecretaría de Trabajo. Es una de las recaudadoras fiscales del organismo. Esto es, los agentes que se dedican a cobrar las multas firmes contra empresas que violan alguna norma laboral. No debería –se supone- tener ningún tipo de contacto con las personas que hacen las demandas laborales o que buscan asesoramiento gratuito en la Subsecretaría, aunque esto es materia de investigación. La esposa de Luna ingresó a Trabajo junto a otros 8 ó 9 abogados de la Universidad de Cuyo, cuando el gobierno de Celso Jaque decidió aplicar una política más "amplia" en el sector.

De todo esto, hay algo bien cierto. Se trata de un escándalo de proporciones, con todos los condimentos para mantener a un pueblo alterado: Demandas millonarias, abogados con muchísimo dinero, jueces investigados, investigadores a tiempo completo, auditorías, connivencias sospechosas… y alguna que otra relación con la política.

Y en San Martín, según lo que se pudo averiguar, a Horacio Luna muchos le temen. Es un abogado, dicen, implacable. Tan así, que quienes le conocen bien cuentan una anécdota tremenda. Tiempo atrás, el estudio de Luna obtuvo una sentencia muy favorable en la Primera Cámara Laboral de San Martín –la misma contra la que el gobierno propicia un jury por la megacausa-. Con su patrocinio, un empleado de la cadena de Supermercados Disco logró sacarle a la empresa 375.000 pesos por una lumbalgia. Una suma que en cualquier fuero civil del país se paga por una muerte.

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