La ley de medios no se toma vacaciones

El Ejecutivo trabaja en la ofensiva que utilizará para revertir los tres fallos que bloquearon la legislación. Aspiran a superar la situación en febrero para que comience a regir el plazo que tienen las empresas para adecuarse a las nuevas reglas de juego.
La batalla desatada en torno a la Ley de Servicios Audiovisuales no entrará en un cuarto intermedio por las vacaciones. El Gobierno apelará las medidas cautelares que apuntan a suspender la aplicación de la nueva norma. Y podría ir por más: en la Casa Rosada se baraja la posibilidad de solicitar a los juzgados que intervienen en cada causa que habiliten la feria para que las apelaciones se resuelvan rápido. Confiados, algunos funcionarios K repiten que superar el escollo judicial será "un trámite", aunque las cuestiones de fondo, presumen, llegarán hasta la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de apelar la anunciaron, casi a coro, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, cuando apareció el primer fallo a contramano de la ley que sancionó el Congreso en octubre pasado. Después de avisar que el escenario judicial en el que había entrado la nueva norma no era para "perder la calma", Fernández dijo que "hay que trabajar como corresponde y hacer las presentaciones del caso". Alak señaló que seguramente "será impugnada judicialmente".

En rigor, hasta ahora son tres las medidas aplicadas contra la Ley de Medios. La primera –que ya fue notificada a la Jefatura de Gabinete– fue la medida cautelar dictada por juez civil y comercial federal Edmundo Carbone. A pedido del Grupo Clarín, el magistrado declaró inconstitucionales los artículos 41 y 161 de la ley, que se refieren a la forma en el que los grupos mediáticos deben desprenderse de algunas licencias –para adecuarse al nuevo cupo permitido– y al período de tiempo en el que deben hacerlo.

El segundo azote contra la flamante Ley de Medios se produjo en Salta. Allí, a pedido del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), el juez federal Miguel Antonio Medina interpuso una medida contra la ley en general y sugirió al Poder Ejecutivo que se "se abstenga de dictar actos administrativos o realizar hechos de administración que impliquen poner en ejercicio a la Ley de Comunicación Audiovisual".

Desde Mendoza llegó el tercer golpe luego de que el diputado, ex kirchnerista, Enrique Thomas presentara una denuncia en la que puso en dudas el tratamiento legislativo de la norma: dijo que antes de votar no todos los diputados pudieron conocer los detalles del dictamen de mayoría. Con eso, la jueza Olga Pura de Arrabal dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley. La movida benefició al grupo mediático local, con extensiones nacionales, Vila-Manzano.

Fuentes del Gobierno le indicaron a este diario que las medidas judiciales de Salta y Mendoza aún no fueron notificadas a ninguna de las dependencias del Ejecutivo y que, en cuanto eso suceda, serán apeladas en el plazo correspondiente.

Si bien en un principio los reveses judiciales enfurecieron a los K, ahora son vistos como "costos esperados" que serán superados sin mayores sobresaltos. Para la oposición, por el contrario, se trata del principio de un aluvión de medidas judiciales que paralizarían la puesta en marcha de la nueva ley.

Lejos de creer que la feria judicial podría postergar la aplicación de la norma, una fuente oficial que trabajó en su diseño le aseguró a este diario que intentarán dar vuelta la pulseada judicial después de brindar por la llegada de 2010. Y que buscarán comenzar el año del bicentenario con la reglamentación del articulo 161, para que desde principios de febrero comience a correr el plazo de un año en el que los grupos de medios deberán desprenderse de algunas de sus licencias para adaptarse a lo establecido por la nueva ley.

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