Ley de medios: peligra un artículo clave

Es la cláusula que obliga a las empresas a adaptarse en un año a la nueva legislación; persisten fuertes disidencias en el oficialismo
La cláusula de desinversión del proyecto de ley de radiodifusión, que obliga a los medios a desprenderse en el plazo de un año de sus activos que violen las disposiciones de una futura normativa, podría convertirse en un dolor de cabeza para el kirchnerismo ante la posibilidad de que la oposición reúna los votos necesarios para modificarla.

Este sería el peor escenario para el Gobierno, ya que cualquier cambio obligará al texto a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados. En otras palabras, implicaría el retraso de por lo menos dos semanas del cronograma transmitido por la presidenta Cristina Kirchner a su jefe de bancada del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), y que fijó en el 7 de octubre la fecha límite para sancionar la ley.

El artículo 161 es uno de los más resistidos por el arco opositor (UCR, peronismo disidente, Coalición Cívica y partidos provinciales), incluidas aquellas fuerzas que en su paso por la Cámara de Diputados apoyaron el texto impulsado por la Casa Rosada. Es el caso del socialismo, cuyo único representante en el Senado, Rubén Giustiniani (Santa Fe), votaría en general pero rechazaría la cláusula en el tratamiento en particular.

Sin embargo, el dato más relevante para el Poder Ejecutivo está en el seno de su propio bloque, que conduce el rionegrino Miguel Pichetto. Son varias las voces que se han elevado, en reuniones reservadas entre legisladores oficialistas, en contra del polémico artículo.

Uno de ellos es el jujeño Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuya familia política es propietaria de varias empresas de radiodifusión en Jujuy.

Aunque las disposiciones del proyecto de la Casa Rosada no afectan el conglomerado del que forma parte como directivo, Jenefes fue miembro del directorio de Telefé y mantiene buena relación con las organizaciones que reúnen a las entidades periodísticas, razón por la cual se mostrará más permeable a escuchar los reclamos del sector.

Otro tanto ocurre con el cordobés Roberto Urquía, cuyo mandato vence a fin de año y que Pichetto cuenta entre los que votarán en general el proyecto. Sin embargo, el legislador es empresario y sabe que el artículo 161 de la iniciativa abre un fuerte interrogante sobre la seguridad jurídica, que así como ahora afectará a los medios de comunicación mañana podría tenerlo como víctima de una maniobra similar.

Aunque en el oficialismo la dan jugando con el Gobierno, nadie hasta ahora sabe cuál será la postura de la mendocina Mónica Troadello con relación a la cláusula de desinversión. Es que la senadora tiene fuertes vínculos con el Grupo Uno, oriundo de la provincia cuyana, propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano y uno de los principales perjudicados por el artículo 161 del proyecto oficial.

Por último, en la Casa Rosada nunca terminan de confiar en la chaqueña Elena Corregido, a la que consideran una suerte de "líbero" que ha votado siempre a conciencia y sin importar la presión ejercida por el kirchnerismo para alinearla con los deseos del matrimonio presidencial.

A esto hay que sumarle el voto en contra de todo el proyecto, y hasta el fin de su mandato, el 10 de diciembre, de toda iniciativa que envíe la Casa Rosada del catamarqueño Ramón Saadi.

Con todas estas deserciones, el kirchnerismo tendrá que ajustar su estrategia si es que pretende sancionar el proyecto dentro de dos semanas y media, es decir, sin aceptar cambios a lo votado por Diputados.

Por eso a nadie extrañó que el ex presidente Néstor Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, se hayan quedado en Buenos Aires, a pesar de que inicialmente integraban la comitiva que acompañó a Cristina Kirchner en su gira por los Estados Unidos.

Los papeles están claros: Kirchner será el encargado de monitorear los números y de presionar a aquellos que quieran escaparse del redil, de ser necesario. Por su parte, la permanencia de Zannini encuentra explicación en la eventualidad de que el ex presidente no pueda torcer voluntades y la Casa Rosada deba darle una nueva redacción al proyecto.

Seguir a Pampuro

La presencia de Kirchner también encuentra otra explicación: quiere seguir de cerca al presidente provisional del Senado, José Pampuro.

Por una clara estrategia dilatoria, la Cámara baja sólo remitirá hoy al Senado el proyecto aprobado el jueves último. La intención: dejar sin chances de decisión sobre las comisiones que intervendrán en el debate al vicepresidente Julio César Cobos, que desde el sábado ocupa la jefatura del Estado ante la ausencia de Cristina Kirchner.

Ahora, será Pampuro quien tendrá la potestad de decidir el giro del proyecto, y Kirchner quiere que cumpla con las directivas de su esposa, que pidió limitar a tan sólo dos comisiones el debate. El ex presidente sospecha que el bonaerense podría ceder ante la presión pública y aceptar el pedido de la UCR para que intervengan cuatro comisiones.

El debate se saldará, de todas maneras, mañana en una reunión de Labor Parlamentaria en la que participarán los presidentes de los 22 bloques y en la que el kirchnerismo está en clara minoría.

Duras críticas a Binner en Santa Fe

* SANTA FE.? Para la Asociación Santafecina de TV por Cable, el gobernador Hermes Binner, "será responsable de la desaparición de la pluralidad de voces en Santa Fe y en toda la Argentina", por el apoyo de los diputados socialistas al proyecto de medios. "La oposición del gobernador y del Partido Socialista a la ley cambió repentinamente como consecuencia de la desaparición de las telefónicas. Lo que no advirtió el gobernador es que su apoyo a la ley consagra el ingreso de cooperativas de servicios públicos monopólicas al cable que, aliadas con las multinacionales telefónicas, causarán un daño irreparable en más de 700 cables."

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