Medios locos

Por Reynaldo Sietecase.

La primera vez que vine a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de ley de radiodifusión fue en 1985. Habíamos sido convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia.

La primera vez que vine a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de ley de radiodifusión fue en 1985. Habíamos sido convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia. La jornadas de debate fueron coordinadas por Washington Uranga. Recuerdo que el periodista nos contó que todas las disposiciones sobre medios de comunicación habían sido aprobadas durante gobiernos militares o en el último año de gobiernos populares, es decir cuando éstos son más débiles. "Hay que cambiar esta historia", dijo. Recuerdo que volví a Rosario con la certeza de que Raúl Alfonsín podría hacerlo.

Un cuarto de siglo después de aquella reunión en el predio de La Crujía, la Argentina todavía se rige por la ley de la dictadura militar. Sólo basta preguntarse por qué en todos estos años no fue posible reemplazar ese engendro jurídico, emparchado a gusto a pedido de los empresarios, para entender las poderosas fuerzas que se mueven para evitar cualquier cambio.

El gobierno de Cristina Fernández acaba de presentar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales. Lo hace en el final de su mandato y en el marco de una feroz pelea con el multimedios más poderoso del país. Todas las sospechas encuentran algún fundamento. La política comunicacional del kirchnerismo se caracterizó en los últimos años por las prebendas, la compra de periodistas y medios de comunicación a través de empresarios afines y la digitación de la publicidad oficial hacia los amigos de turno. Aun así una nueva ley de medios es imprescindible.

Los legisladores de la oposición pueden convertir este gesto interesado del oficialismo en una chance inmejorable para saldar esta deuda de la democracia. Para alcanzar ese objetivo deberán escapar a la presión contrapuesta de los que no quieren que se discuta nada, ni hoy ni nunca, y de los que quieren aprobar el proyecto oficial a libro cerrado y de inmediato. Deben ser coherentes con sus mandatos y con su historia. Defender principios y no intereses.

En este momento hay otros seis proyectos que tienen estado parlamentario. El del diputado Horacio Alcuaz (GEN) y Margarita Stolbizer, que sólo autoriza cuatro licencias por titular e impide el ingreso al negocio a las empresas de servicios públicos; el del socialista Roy Cortina, que contempla doce licencias por titular; el de la radical Silvana Giudici, muy similar al de Stolbizer; hay otro de la radical K Silvia Vázquez, parecido al oficial pero prevé una autoridad de aplicación conformada por legisladores; uno de Sonia Escudero del PJ disidente que autoriza doce licencias y el de Raúl Solanas (FpV) con cuatro licencias por titular. Fuentes de Proyecto Sur aseguran que también habrá un proyecto del sector de Pino Solanas. La mayoría asigna un porcentaje del espectro comunicacional para los organismos de la sociedad civil y todos procuran evitar los monopolios.

Salvo en la cantidad de licencias para cada titular, el posible ingreso de las empresas de telefonía al mercado (uno de los puntos más polémicos de la ley), la composición del órgano de aplicación (los opositores quieren, con razón, que no haya supremacía del Ejecutivo), la coexistencia en manos de un mismo titular de una licencia de televisión abierta y otra de tevé por cable, las coincidencias son muy importantes.

Por el derecho a la información de todos los ciudadanos, por la libertad de expresión, por la pluralidad de actores, medios y voces, es necesario avanzar en una discusión profunda y sin condicionamientos. La mayoría de los trabajadores de prensa del país apoyan esta idea. Aunque sólo algunos pueden decirlo o escribirlo sin sufrir consecuencias.

Por su lado, en el Gobierno deben comprender que una ley sin consensos mínimos puede convertirse en un grave retroceso. El Consejo de la Magistratura es un ejemplo donde mirarse. En 2005 todas las fuerzas políticas querían modificarlo, pero la falta de vocación para alcanzar un acuerdo hizo que el Ejecutivo terminara imponiendo su proyecto. El resultado está a la vista. El actual organismo que designa, controla y destituye a los jueces es peor de lo que era. Éste es el riesgo que hay que evitar. Pero el riesgo no debe frenar la discusión.

La nueva ley tiene que contemplar los profundos cambios tecnológicos de los últimos años y los derechos del público. Se trata de una legislación para los próximos treinta o cuarenta años. No puede pensarse como una herramienta funcional al poder de turno. El Congreso tiene la responsabilidad de diseñar una política de Estado. Los Kirchner dejarán el poder en dos años.

El debate debe trascender las chicanas políticas, las miserias personales, la mezquindad, los manotazos autoritarios, el miedo y las presiones corporativas. De la oportunidad a la frustración sólo hay un paso. Hace veinticinco años que estamos esperando.

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