Ley de Medios: el PRO local le hace objeciones

El proyecto oficial tiene un excesivo intervencionismo estatal, según el abogado local Wbaldino Acosta.
El polémico proyecto de la Ley de Medios, que tiene ya media sanción en Diputados y que actualmente se estudia en el Senado, se plantea como inconstitucional, debido a una excesiva intervención estatal en el manejo de los medios de comunicación que no garantiza la libre iniciativa privada y afecta un principio que la Constitución de San Juan fija como "subsidiaridad". Así lo analiza el abogado Wbaldino Acosta Zapata, quien también preside PRO -el partido macrista- en la provincia.

"En función del federalismo y de la autonomía provincial garantizada por la Constitución Nacional, la Nación Argentina debe respetar la vigencia del principio de subsidiaridad que tanto en materia de organización política como en promoción económica rige en el ámbito local, siendo constitucionalmente exigible, en consecuencia, que las autoridades de San Juan impidan que en su territorio se promueva la implementación de políticas intervencionistas en materia de servicios de comunicación audiovisual", asegura el abogado.

Según Acosta, el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el kirchnerismo "tiene por objeto una mayor intervención de los Estados nacional, provinciales y municipales, en la actividad propia de los medios de comunicación, dado que según la nueva normativa, los entes públicos tendrán asignadas frecuencias de televisión y radio que deberán explotar".

Esto es distinto a hoy, cuando bajo la ley 22.285, la Nación tiene una participación subsidiaria en la materia, ya que sólo puede dar servicio en áreas geográficas donde los particulares no puedan hacerlo. Mientras que con el proyecto en estudio, los Estados deberán intervenir obligatoriamente en la comunicación audiovisual, pasando así de un modelo subsidiario a otro intervencionista, asegura.

"La Constitución de la Provincia de San Juan establece expresamente la subsidiaridad como principio de la actividad económica, determinando claramente que el hombre es el centro de la política económica del Estado provincial, y que éste garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de las personas y los de la comunidad", asegura Acosta. Y agrega que a la hora de regular la participación en la economía, la Constitución de San Juan determina en su artículo 108, punto 2, que "el Estado sólo puede ejercer determinada actividad económica cuando el bien común lo requiera, y esa función tendrá carácter subsidiario".

Así, el abogado analiza que, según la voluntad constituyente, el Estado provincial debe intervenir en la economía local cuando el bien común lo requiriera y los particulares no pudieran hacerlo, y también para promocionar la explotación directa de los bienes internos lucrativos.

Sobre el principio de subsidiaridad, Acosta apunta que "reconoce su fuente en la doctrina socialcristiana, y puede sintetizarse como aquél que determina que una organización social superior no debe interferir en el desarrollo interno de una organización social inferior".

Y agrega que "extrapolando el principio de la doctrina socialcristiana al Estado, se sostiene que éste no debe entrometerse en aquellas tareas de interés y beneficio común que puedan ejecutar eficiente y eficazmente las personas individualmente o las instituciones intermedias, sino que debe hacerlo sólo supletoriamente y con fines promocionales". Acosta asegura que la subsidiaridad debe considerarse, a su vez, integradora del federalismo y la autonomía provincial.

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