Medios: apuran los Kirchner la conformación del órgano de control

Medios: apuran los Kirchner la conformación del órgano de control
Ese cuerpo es clave para instrumentar la ley; temen dilaciones de la oposición
El Gobierno ordenó en las últimas horas avanzar con urgencia en la conformación del organismo encargado de instrumentar la nueva ley de medios audiovisuales y de llevar adelante el proceso de desinversión de las empresas que no se ajusten a la norma sancionada anteayer por el Senado.

Según confiaron a LA NACION ayer altas fuentes oficiales, el matrimonio Kirchner pidió acelerar el dictado de la reglamentación y la designación de los miembros de aquel organismo ?la autoridad de aplicación? para que lo antes posible empiece a regir el plazo de un año en el que los medios deberán desprenderse de las licencias de televisión y radio que no se encuadren en la nueva ley. La propia norma establece un plazo máximo de 60 días hábiles para que el Gobierno dicte la reglamentación.

Con el fin de asegurarse el control de la autoridad de aplicación, que tendrá enormes prerrogativas en el control de la actividad de los medios audiovisuales, el Gobierno comenzará a trabajar en los próximos días en consensuar posturas con los gobernadores: quiere que apuren la designación del director que integrará ese cuerpo en representación de las provincias.

La mayor traba para el kirchnerismo será la oposición (como se informa por separado), que podrá estirar los tiempos y dejar para después del recambio legislativo del 10 de diciembre la conformación de la comisión bicameral que designará los tres representantes parlamentarios en el órgano de control.

La autoridad de aplicación que reemplazará al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) estará compuesta por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno de las provincias (allí Néstor Kirchner quiere asegurarse un gobernador afín), uno del ámbito académico y tres del Congreso de la Nación, por la primera, segunda y tercera minorías. Los bloques opositores esperarán, claro, la nueva conformación parlamentaria para designar a sus hombres.

El Gobierno necesita asegurarse la presencia en ese órgano de un gobernador no opositor. Así, con los dos directores que nombra el Poder Ejecutivo más un diputado o senador por la minoría (que seguirá reteniendo el kirchnerismo después del 10 de diciembre) y el gobernador afín, los Kirchner lograrán tener la mayoría del organismo, conformado por siete miembros. Hasta que la autoridad de aplicación no se conforme y fije los mecanismos de transición, el plazo de un año para ajustarse a la nueva ley no podrá aplicarse, confiaron a LA NACION fuentes al tanto de los detalles de la norma.

El apuro del Gobierno, incluso, lo manifestó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anteayer, cuando anunció en conferencia de prensa que en tiempo récord la ley había quedado promulgada. "El más corto va a ser el óptimo de los tiempos", sostuvo con su habitual juego de palabras el jefe de los ministros, en referencia a los plazos de aplicación de ley.

Según explicaron a LA NACION fuentes del Gobierno, la ley por sí misma fija el plazo de un año para iniciar el proceso de venta de licencias, pero requiere, previamente, que la propia autoridad de aplicación dicte la entrada en vigor de ese plazo, según la situación de cada empresa. El dato surge del polémico artículo 161, que establece "un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición".

Por ese motivo, con la presidenta Cristina Kirchner de viaje por la India, Néstor Kirchner ordenó apurar los tiempos para evitar sobresaltos. Todavía eufóricos con el rotundo triunfo en la madrugada de anteayer en el Senado, en el Gobierno se anticipan a analizar que no habrá cambios a la ley una vez que asuma el nuevo Congreso. "No tendrán chances", pronosticó un hombre del círculo más estrecho del kirchnerismo.

En la visión del oficialismo, la oposición intentará, al menos, retrasar la conformación de la autoridad de aplicación, pero consideran que no conseguirán número para modificar la nueva ley, que obtuvo el apoyo de bloques de centroizquierda y del socialismo en ambas cámaras.

En el Gobierno reconocen, en cambio, que esperan un largo conflicto con algunas empresas afectadas por la nueva ley. "Seguramente tendremos una agudización del conflicto con Clarín, que tendrá un año para evitar que se aplique la ley", confiaron allegados al ex presidente.

Los juicios

Otra estrategia que se pondrá en marcha en Olivos, con el visto bueno de la jefa del Estado, será el diseño de una defensa firme en los tribunales para contrarrestar las denuncias judiciales que presentarán las empresas afectadas y algunas provincias, que impugnarían el avance del Estado sobre el federalismo, la inseguridad jurídica y el avance sobre de libertad de prensa.

Aníbal Fernández dijo anteayer que "esas presentaciones no tendrán fundamento".

Los argumentos legales se trabajan en Olivos con la pluma del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, a cargo del diseño jurídico de la Casa Rosada.

Según explicaron anoche en el Gobierno, en el actual Comfer, que trabajará en la redacción de la reglamentación de la ley, prevén dos meses hasta que finalmente esté publicada. Justamente, apuntan a cerrar allí todos los detalles para evitar que los juicios puedan prosperar. "Todavía no hay nada escrito, pero será un trabajo muy arduo", amplió un funcionario.

Mariana Verón y Mariano Obarrio

Claves

* Autoridad de aplicación: el Gobierno apurará la conformación de ese cuerpo para tener mayoría y aplicar la ley lo antes posible.

* Reglamentación: es el otro objetivo urgente de la Casa Rosada. Está previsto terminarla en dos meses.

* Tribunales: la redacción de la reglamentación de la norma será clave para evitar los juicios que se prevé harán las empresas afectadas.

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