Ley de medios: advierten que se están quebrando las reglas

Ley de medios: advierten que se están quebrando las reglas
Juristas y entidades civiles dicen que el Gobierno no da plazos mínimos para debatir.
Lejos de mostrar satisfacción con la realización de una audiencia pública para debatir los contenidos del controvertido proyecto de Ley de Radiodifusión que envió el Ejecutivo al Congreso, los sectores más interesados en discutir sobre el tema expresaron fuertes reparos a esa convocatoria, prevista para mañana en la Cámara de Diputados. La razón es clara: en su afán de imponer velozmente la norma, el oficialismo no cuidó las formas más elementales que deben regir este tipo de debates. El mayor cuestionamiento se dirige a la celeridad impuesta al proceso. "Está hecho con una velocidad sumamente llamativa", objetó el constitucionalista Daniel Sabsay.

"Una audiencia pública no es solo que la gente opine. Se trata de una institución de consulta pública, que tiene que anteceder a una toma de decisión importante. Por lo tanto, todos los que deseen participar tienen que contar con el tiempo suficiente de reflexión y elaboración de sus posturas", explicó el especialista. Para Sabsay, la convocatoria al debate debió realizarse al menos con tres semanas de anticipación. No es este el caso: recién el viernes se enviaba la invitación a la audiencia, prevista para mañana a las 9.

Desde las asociaciones de consumidores el reclamo fue semejante. "La audiencia pública es absolutamente inconstitucional, dado que viola el plazo necesario de 20 días de convocatoria, que por ley toda audiencia pública debe tener", se quejó Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor.

Sabsay, uno de los principales especialistas en la interpretación de las normas constitucionales, incorporó otros cuestionamientos a los exiguos plazos establecidos. "También es fundamental el modo en que se desarrollan este tipo de audiencias. En este caso, no aparecen ciertas reglas: quién la va a presidir, cuánto tiempo de uso de la palabra tendrá cada uno de los participantes, de qué modo se va a confeccionar el documento que será el producto de la audiencia pública", explicó.

El experto señaló que el país no cuenta todavía con una ley que regule este tipo de procedimientos. Pero explicó que hay muchos antecedentes jurídicos de peso. Por caso, las audiencias públicas vinculadas a los servicios públicos o la Ley 25.675, que las impone como instancia necesaria en cuestiones vinculadas a la problemática ambiental. Sabsay también recordó que la Corte Suprema de Justicia, a partir de 2007, incorporó el sistema de consultas antes de fallar en cuestiones de importancia. Ya realizó cerca de una decena de ellas.

Citó todos esos casos para marcar sus diferencias con el proceso actual: "Lo que no existiría aquí es el cumplimiento del principio de razonabilidad y se rompería la igualdad entre las partes que participan. No hay que ser muy mal pensado para entender que algunos lo harán desde el lugar oficial, con mayor capacidad porque ya están informados", apuntó.

Desde el sector empresario, Carlos Molinero, de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), también expresó reparos con el proceso habilitado por los Diputados. "Los licenciatarios de televisión abierta y gratuita de todo el país entendemos que este es un debate que tenemos que dar de una manera abierta y en todas las provincias, pero acá no hay algo basado en la buena fe", denunció.

El ejecutivo explicó que a principios de junio ATA envió al titular del COMFER, Gabriel Mariotto, un pedido para que se aplique en este debate público el decreto 1172/03, dictado por el ex presidente Néstor Kirchner. Define "el procedimiento de elaboración participativo de normas". La Asociación nunca tuvo respuesta. Tampoco fue muy positiva la experiencia de este grupo con la propia presidenta Cristina Kirchner, con quien se reunieron el 25 de abril de 2008. "Desde aquella reunión hasta marzo de 2009, cuando se anunció el nuevo proyecto, nadie nos llamó para nada", se quejó Molinero.

Frente al debate que se venía, ATA y otras asociaciones de la industria habían aceptado ¿al igual que el COMFER¿, la mediación propuesta por el Rectorado de la UBA para conciliar posiciones en torno al proyecto de ley. "Todos estábamos embarcados en ese ámbito. Pero en el medio de discusión facilitado por la UBA, mandaron el proyecto", recordó el directivo.

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