La crisis en las cárceles dejó al descubierto que el gobierno nacional todavía no cubrió lugares claves del organigrama del Ministerio de Justicia, como la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que está vacante, y el Servicio Penitenciario Federal, que permanece bajo control de un funcionario heredado del macrismo.

 

 

 

El estallido del motín en la cárcel de Devoto, el primero en un penal federal, evidenció cierta falta de reacción del Gobierno para evitar que la situación se saliera de control. De hecho, el reclamo de los presos empezó el jueves por la noche, siguió durante toda la madrugada y estalló el viernes por la mañana cuando tomaron los techos.

 

 

 

Fuentes al tanto de la situación señalaron a LPO que una de las falencias que llevó a esa situación es que la ministra Marcela Losardo todavía no designó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, un cargo clave para el control de las cárceles federales. A casi cinco meses de gobierno, el cargo sigue vacante.

 

 

 

Losardo tampoco nombró al director del Servicio Penitenciario Federal, por lo que la única autoridad del área es un funcionario heredado de la función macrista. Se trata de Emiliano Blanco, que tendría un vínculo con la ministra y había sonado para ascender a la subsecretaría. Pero nunca hubo designaciones. Blanco fue nombrado por Cristina Kirchner y se mantuvo durante todo el macrismo.

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El problema es que Blanco no tiene respaldo político y es muy resistido en el sistema carcelario. En el gobierno le apuntan por haber actuado tarde en el motín de la cárcel de Devoto, adonde llegó después que los móviles de televisión cuando la situación ya se había desmadrado. Los presos no quisieron negociar con él.

 

 

 

Ante esto tuvieron que intervenir en la negociación con los presos de Devoto el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, que lograron una tregua hasta el próximo jueves.

 

 

 

Mena, un funcionario cercado a Cristina Kirchner, quedó en el centro de las críticas por haber tenido que ceder ante el reclamo de los presos, uno de cuyos líderes es un cuádruple homicida. Su intervención se debió a que del secretario de Justicia depende la vacante subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.