A casi un año y medio de implementarse la quita de subsidios al servicio eléctrico en todo el país, que incluyó la posibilidad de una renuncia voluntaria, hay sólo 23.804 argentinos que optaron por desistir de ese beneficio que prioriza a los sectores de la población de menores ingresos. Se sabe que la presidente Cristina Fernández fue la primera en predicar con el ejemplo, pero desde enero de 2012 hasta hoy un sinfín de funcionarios parecieron olvidarse de ello, y el Gobierno mendocino no es la excepción: 1 de cada 2 integrantes del gabinete del gobernador Francisco Pérez siguen sin desistir de la ayuda de la Nación.

Basta repasar la nómina oficial de todos los usuarios renunciantes del país que maneja la cartera que conduce Julio De Vido para notar que en Mendoza hay funcionarios que no entendieron el mensaje presidencial y no hicieron el trámite (llenar un formulario para empezar a pagar una tarifa plena).

Entre los nombres que no figuran en el listado está el del vicegobernador, Carlos Ciurca, aunque sí está registrado el de su esposa, Verónica Valverde. Tampoco aparecían hasta ayer el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg; la ministra de Cultura, Marizul Ibáñez; el jefe de la cartera de Salud, Carlos Díaz Russo, y su par de Seguridad, Carlos Aranda, y hasta el responsable de Infraestructura, Rolando Baldasso. Esto es, seis de doce que ocupan la primera línea en el Ejecutivo mendocino.

Al ser consultado, Barg dio dos motivos para justificar su situación. "En primer lugar, no tengo domicilio registrado en Mendoza sino en otra provincia. Y segundo, estuve hasta hace un año en Chile antes de mudarme a la provincia y ahora alquilo en Capital".

Cuanto menos curioso es el caso de Baldasso. Un homónimo está entre los adherentes a nivel nacional, pero bajo otro nombre de pila: Marcelo Enrique. No obstante el funcionario asegura haber completado el trámite a través de su cónyuge; hasta ayer la resolución estaba pendiente.

Dar el ejemplo

Similar en extensión, también hay una lista de ministros "cumplidores", además del propio Gobernador (cuya renuncia tiene el código 7994, lo que denota que fue uno de los primeros funcionarios en hacerlo). Allí figuran el ministro de Turismo, Javier Espina; el de Hacienda, Marcelo Costa; el de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde; el de Gobierno, Justicia y Trabajo, Félix González, y la titular de la Dirección General de Escuelas, María Inés Abrile de Volmer.

En cierto modo, al mirar la relación entre los que dan el ejemplo y los que no entre los secretarios con rango ministerial se desprende que hay un equilibrio. En la jerga ajedrecística, el responsable de Deportes, Marcelo Locamuz, y el de Transportes, Diego Martínez Palau, "hacen tablas" en cuanto a cumplimiento frente a sus pares de la jefatura de Gabinete, Eduardo Bauzá, y de Ambiente, Marcos Zandomeni, quienes todavía no tomaron la decisión de pagar la boleta sin la subvención nacional. La situación del secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Francisco García, quedó pendiente de constatación.

"No tenía conocimiento de que debía hacerlo, pero si tengo que renunciar lo haré. Además, por mis obligaciones casi no estoy en casa y la responsable de pagar boletas es mi esposa", argumentó Zandomeni, quien se permitió una ironía: "Como empleado público, el sueldo a veces no alcanza".

En otros organismos, el panorama está dividido: por ejemplo, con la coherencia que exige su función, el titular del EPRE, Elián Japaz, asoma entre los "pioneros" (fue el número 7354). Uno de los que está en falta es el presidente del IPV, Omar Parisi, quien aún no aparece en la nómina.

Otra curiosidad: el ex gobernador Celso Jaque completó los requisitos para prescindir del beneficio antes que su sucesor Pérez, bajo cuya gestión como ministro de Infraestructura empezó a concretarse la quita de subsidios por parte del Gobierno nacional.