En medio de fuertes discusiones, se aprobó la suspensión de habilitaciones comerciales por 90 días

Sesión extensa y "caliente" en el recinto del deliberativo local. Luego de la declaración de Vecino Destacado de la ciudad a Juan Carlos Moro, y después de que, emoción tripera mediante, se declarara de Interés Municipal al film "La Pasión", sobre el club Gimnasia y Esgrima de La Plata (estuvo presente el titular de la institución, Walter Gisande), volvieron a aparecer los cruces dialécticos y el pase de facturas que ya se han vuelto tradicionales los días miércoles.
El primer tema que encendió la polémica fue el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo para privatizar el cobro de tasas relacionadas con la publicidad, propaganda y la utilización del espacio público. Cuando el concejal Daniel Caferra tomó la palabra rechazando la propuesta, se hicieron presentes en la parte alta del recinto un grupo de trabajadores municipales que lanzaron panfletos al aire en los que se señalaba el rechazo al proyecto, y en los que se preguntaba si detrás de esto no había un negociado por parte de la administración municipal.

Caferra señaló que la propuesta "va en contra de los intereses de los trabajadores y de las cooperativas que el oficialismo dice apoyar. Este tipo de privatizaciones hace acordar mucho a lo que ocurrió en los ´90, y fue resistida en todo nivel. Casi se podría considerar como un crimen de lesa administración responsable (sic)".

Así mismo, el edil de Nuevo Encuentro enfatizó que este tipo de iniciativas "degradan la condición de empleado municipal, y hace perder personal calificado. Esto huele a que hay algún negociado detrás".

El concejal alakista Sebastián Tangorra, por su parte, dijo que si esto se aprueba "se estaría produciendo una doble delegación de atribuciones: del Concejo Deliberante al Ejecutivo, y del Ejecutivo a una empresa privada. El cobro de tasas es una atribución exclusiva del Estado". Además señaló que en el proyecto no hay ninguna especificación sobre el uso que la empresa privada adjudicataria haría con la base de datos pública que tendría a su disposición.

Otra que alzó la voz contra la propuesta privatizadora fue Susana Sánchez, concejal de la Coalición Cívica. La edil aseguró que "se trata de una ordenanza endeble en su argumentación. Tendrán que explicar por qué vía se va a licitar el cobro de tasas, y qué porcentajes tendrá que pagar el municipio." Además señaló que "el Estado tiene los instrumentos necesarios para hacer cumplir todo lo relacionado con el cobro de tasas. En vez de pagarle a una empresa privada para que realice la tarea, sería mejor que incorpore nuevos trabajadores al municipio para trabajar en esta cuestión".

Vale aclarar que entre los argumentos del proyecto figura el hecho de que la administración municipal no contaría con las herramientas necesarias (entiéndase personal) para llevar adelante el cobro de estas nuevas tasas, lo que fue tajantemente rechazado por los gremios de trabajadores del Estado.

José Ramón Arteaga se sumó a la lista de críticos. El concejal denarvaísta aseguró que la norma propuesta "es muy genérica, ambigua, amplia, lo que me lleva a pensar que se trata mas de un negocio que de una propuesta seria". Aseguró también que el Estado puede ser mucho más eficiente que cualquier organización privada, y ratificó el rechazo del bloque a la iniciativa.

Pero, como cada sesión, no podía faltar el ataque del "Gladiador" Oscar Negrelli. El concejal de la Coalición Cívica hizo un pormenorizado recuento de cómo los trabajadores municipales lograron aumentar en este 2009 la recaudación en varios rubros con respecto al año anterior. Además, hizo un llamamiento para que los concejales oficialistas, dentro de los cuales "hay varios que vienen del sector sindical, voten con conciencia y no levanten la mano solo por pertenecer al bloque oficialista. En este municipio los trabajadores han sido sistemáticamente despreciados. Y de aprobarse esta norma, muchos perderían gran parte de sus ingresos en horas extras y bonus".

Negrelli recibió la respuesta de Carlos Melzi, quién si bien aseguró que no acompañará la iniciativa, señaló que "es una falta de respeto que me digan qué es lo que tengo que hacer".

La defensa del proyecto quedó a cargo de la titular de la comisión de Hacienda, Teresa Razzari, quién invitó a los concejales a trabajar en la reunión de mañana de la comisión, así como también extendió la invitación a los representantes sindicales. Así mismo, señaló que "ahora parece que hay diablos y santos. Los que hoy dicen ser santos (en referencia a Arteaga) se olvidan que hicieron una ordenanza para tercerizar el cobro de la cartera de morosos del Banco Municipal. Así que hay que tener memoria".

Oficina de inquilinos y paritarias

Luego de la discusión por el intento de privatización del cobro de tasas, el concejal Arteaga habló de su proyecto para crear la Oficina Municipal del Inquilino, en el ámbito del Sistema Municipal de Usuarios y Defensa del Consumidor. El concejal aseveró que "es muy necesario crear un ámbito municipal que se encargue de esta problemática, que afecta a un buen número de platenses que no pueden acceder a la vivienda propia, y que muchas veces quedan a merced de los abusos de los propietarios e inmobiliarias que aprovechan la situación de indefensión que sufren". El proyecto fue enviado a la las comisiones de Derechos del Usuario, Hacienda y Legislación.

Por otra parte, la concejal María José Garófoli defendió el proyecto presentado por el bloque Nuevo Encuentro para que el municipio se adhiera a la ley de negociaciones colectivas que se celebran entre la administración pública provincial y sus empleadas. La ex arista aseguró que "es imperioso crear el ámbito de discusión para poner sobre la mesa la verdadera situación de los trabajadores municipales. La discusión no puede quedar en manos de las coyunturas legislativas".

Además arremetió contra el sistema de cooperativas que impulsa el bruerismo, al que calificó de "tramposas y mentirosas", ya que "apuntan a precarizar la situación de los trabajadores del estado municipal".

Las "patotas brueristas" y la suspensión de habilitaciones comerciales

Pasadas las 16 horas, y cuando el ambiente se iba espesando por las discusiones latentes dentro del recinto, llegó el turno de tratar el repudio al ataque recibido por un militante de la Coalición Cívica hace días atrás. Y fue en este punto donde los cruces entre el oficialismo y la oposición llegaron a su punto más álgido.

Oscar Negrelli señaló que el ataque "responde a una decisión política de no permitir el disenso. Se busca permanentemente la intimidación, la agresión física y verbal. Esto queda en evidente en este caso, ya que la patota llegó después que la patrulla de Control Urbano, que ni llamó a la comisaría para avisar lo que estaba sucediendo. Esto demuestra la participación del Estado en estos ataques". Además recordó otros hechos sucedidos durante este año, y acusó al oficialismo de hacer "cualquier cosa para que quienes no piensan como ustedes no puedan decir lo que quieran. Esto es el bruerismo: son incapaces de aceptar el disenso".

A las críticas de Negrelli se sumó Gonzalo Atanasoff, quién señaló que "esto es una metodología que ocurre desde hace mucho tiempo". Además, hizo mención a un ataque sucedido el 16 de mayo de este año, en el que balearon un local de Unión Pro ubicado en Villa Elisa.

A partir de allí comenzó un pase de facturas entre oficialismo y oposición, que duró algunos minutos. Hasta que Susana Gordillo aseguró que "no nos vamos a hacer cargo de la creación de patotas, que estoy segura que no responden a Bruera, y que no fueron creadas por esta administración". Lo cierto es que quedó en el aire la sensación de que todos los presentes en el recinto sabían de la existencia de este tipo de "grupos de choque" que hacen el trabajo "sucio" de la política local. Y si bien actualmente le toca gobernar al bruerismo, seguramente todas las fuerza políticas cuentan algún muerto en el placard. Por mal que le pese a la democracia.

Luego de la disputa por las "patotas de Bruera", comenzó a discutirse la suspensión por 90 días del otorgamiento de habilitaciones a comercios, que está relacionado con la presión de los comerciantes para evitar la instalación de una sucursal de DÍA % en Villa Elvira, y de "La Saladita" en Ruta 36 y 520.

Si bien todas las fuerzas apoyaron la iniciativa, desde la oposición alzaron la voz para asegurar que esta medida "fue arrancada por los comerciantes movilizados, y no fue una iniciativa política del Ejecutivo", según palabras de Negrelli. El propio concejal de la CC aseguró que "es una falta de respeto ponerse el traje de "superhéroe", cuando fueron los propios comerciantes quienes tuvieron que movilizarse y exigirle al intendente que tome cartas en el asunto".

Otra que atacó al oficialismo fue la alakista Teresa Urriza, quién aseguró que "llegamos a este punto porque no son claras las acciones del Ejecutivo. Si esto se hubiera tratado en tiempo y forma existiría un expediente con los informes necesarios de impacto ambiental y económico. Esta situación obliga al Concejo a tomar una medida que no es un buen mensaje para la ciudadanía".

Quién salió en defensa oficial fue (quién otra, si no) Teresa Razzari, quién aseguró que "esto es voluntad política del intendente de acompañar el reclamo de los comerciantes". Además, apuntó duro contra el alakismo, "que tanto hablan que cuidan a los comerciantes, y sin embargo en 10 años no pudieron archivar el expediente de DÍA %. Me parece que muchos mienten, porque nada hicieron cuando gobernaban", dijo.

Estas declaraciones generaron la respuesta inmediata de Negrelli, quién le pidió a Bruera que "deje de echarle la culpa a la anterior administración. Hace casi dos años que son gobierno y no han hecho nada. Dejen de tirar la herencia por la cabeza y pónganse a gobernar", sentenció.

Finalmente, el expediente quedó aprobado, por lo que el municipio suspendió por 90 días las habilitaciones, y de esa forma frenó

Son aquellas pequeñas cosas…

Más allá de los descripto anteriormente, en la sesión de este miércoles hubo también un pedido de informes por parte del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista sobre el destino de pilas y baterías juntadas por el municipio, y una declaración del Concejo (propuesto por el mismo bloque) reconociendo la importancia del decreto presidencial que implementa a nivel nacional una Asignación Universal por Hijo. Este último punto sirvió para que cada legislador reprodujera la posición que la fuerza a la que pertenece tiene a nivel nacional, por lo que resultó coherente que el bloque de la Coalición Cívica se manifestara en contra de tal reconocimiento.

Y así se fue una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Plata, que sirvió, otra vez, para escuchar el habitual pase de facturas de una fuerza a otra, y para anticipar el fin de año movidito que en materia política se viene en la ciudad. (www.agencianova.com)

Comentá la nota