En medio de denuncias, hoy debate la Cooperativa Telefónica de Merlo

Tres juicios laborales por 400 mil pesos, un litigio millonario con el Banco Nación y la extraña financiación de una deuda por las tarjetas PIN son algunos de los puntos que envolverán la asamblea de esta tarde, pero que curiosamente no figuran en la orden día.
A horas de que termine el año, el Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Merlo convocó a asamblea general a sus asociados. La orden del día establece cinco puntos a tratar: firma del acta, fundamentación del llamado “fuera de término”, consideración del ejercicio 2007, elección de consejeros y posible designación de comisiones de escrutinio. Hasta allí, el único ítem conflictivo pareciera ser el balance tardío, pero anticipan estará bien explicado. Sin embargo, la reunión de socios de esta tarde se dará en medio un contexto caliente al que algunos califican de “viciado”: una serie de denuncias, embargos y presuntas irregularidades cobraron fuerza en las últimas horas, acompañada por una latente impugnación que sustenta en acusaciones de “corporativismo”.

La Cooperativa que maneja los servicios de GNC, gas envasado, telefonía, internet, sepelio y televisión por cable viene siendo objeto de cuestionamientos y denuncias que se encuentran en vías judiciales o con sentencias desfavorables al grupo económico de Merlo. Eduardo Atencio y Fernando Macina, dos de los socios que formalizaron acusaciones, dialogaron con El Diario y explicaron los pormenores que rodean a la asamblea general que se realizará a las 15 en el Club Casino.

Uno de los aspectos más resonantes salió a la luz en la reunión desarrollada el 22 de diciembre de 2007, en la que se trataron extemporáneamente las cuentas de 2006. De allí se desprendió que la Cooperativa tenía un plazo fijo de 420 mil dólares en el Banco Nación, antes del corralito y el conflicto con la moneda estadounidense. El monto se dividió en dos cuentas: una de 220 mil pesos y otra de 200 mil dólares. Antes de que se conozca el decreto nacional, la institución merlina cambió cada dólar a 1,40 peso.

En 2003, el apoderado legal de la Cooperativa Alcides Becerra obtuvo una medida autosatisfactiva del juez de Concarán Saá Petrino para retirar dinero del “corralito” y secuestró el dinero depositado en el Banco. Los abogados de la entidad financiera se presentaron en los juzgados de la Tercera Circunscripción para conocer los fundamentos de la medida pero se encontraron con que el expediente estaba perdido. Y por considerar que no había lugar a reclamo, demandaron por “enriquecimiento sin causa” a la Cooperativa ante el Juzgado Federal de San Luis. Las apelaciones, interposiciones de recursos, idas y venidas por cámaras se sucedieron hasta mediados de 2007.

“Nos encontramos en diciembre con la sorpresa de un embargo del Banco Nación por unos 700 mil pesos. Lo que ocasiona el daño patrimonial a la Cooperativa no es ese dinero, sino los gastos de honorarios, la actualización y los intereses, que suman casi 600 mil pesos más”, explicó Atencio. Y agregó que, hasta ahora, ningún representante del Consejo Administrativo ofreció detalles al respecto en asamblea.

“Ni en blanco ni monotributistas”

Otro punto conflictivo incluye a los trabajadores (muchos de ellos periodistas) del canal local Crear TV. “Cuando uno está en relación de dependencia se deben dar tres características esenciales: que trabajen dentro de la institución, con herramientas de la institución y bajo las órdenes de la institución. Todo esto se daba en la órbita de la Cooperativa, y sin embargo los empleados figuraban como monotributistas”, apuntó Atencio.

El pedido de regularización laboral de los trabajadores fue acompañado por presentaciones de socios que, como Macina y Atencio, advertían sobre violaciones a los derechos de los 10 empleados que se desempeñaban en el canal. En enero del año pasado, los trabajadores fueron citados por el Consejo de Administración para ser notificados de la “reestructuración total del canal”, en la voz del gerente de la Cooperativa y propietario de Merlo Cable Color Armando Romero. “Alegando que el canal daba pérdidas, informó que nuestra relación laboral no podía continuar como hasta el momento y agregó: “Ni monotributistas, ni en blanco”, según afirmaron los afectados en un documento a los medios.

Una fallida propuesta de trabajo y una trunca cooperativa de trabajo terminaron en acciones judiciales de parte de quienes no lograron un acuerdo indemnizatorio con la Cooperativa o se resistieron a seguir en negro. Hoy son tres los juicios laborales en marcha por 400 mil pesos, con embargos preventivos que ya pesan sobre los bienes de Romero y la institución.

De cooperativismo a corporativismo

Otro de los puntos que encendió el malestar entre los socios tiene que ver con la negación de acceso a la documentación respaldatoria del balance 2007. “El ejercicio natural de los socios, de pedir una aclaración, informe, investigación, se ha visto limitado por la síndico (Adelma de Sanchiño). Ponen a consideración balances y memorias, y yo les exijo también la documentación que respalda porque no podemos ir a la asamblea a aprobar o desaprobar si no tenemos la documentación respaldatoria”, dijo Atencio. Y agregó que de acuerdo con la normativa, los papeles deben estar al alcance de los socios al menos 15 días antes.

“El tema central es que la sindicatura es el organismo natural que tenemos los socios para canalizar nuestros derechos, es decir que no podemos concurrir directamente al Consejo de Administración sino al síndico. Este es un claro caso de corporativismo, porque en vez de defendernos a los verdaderos dueños de la Cooperativa, la síndico defiende a los consejeros”, acusó Atencio.

Por su parte, Macina señaló que en el resumen que les entregaron sobre las cuentas 2007 figura una nota del auditor externo en la que se advierte sobre “alguna documentación respaldatoria de egresos tanto por contratación de servicios como por la adquisición de insumos que no reúne los requisitos exigidos por la legislación impositiva vigente”. “Así de viciado está el tema”, opinó, y dijo que ese sólo punto podría ser causal de impugnación en la asamblea.

La propuesta para esta tarde apunta a la elección de tres consejeros titulares y tres suplentes, que deberán dirimirse por voto secreto entre dos listas. La “oficial” está integrada por Daniel Oviedo, Alicia Monroy y Miguel Zaragoza (actual consejero y concejal por el Justicialismo). La “opositora” comprende a Dolorini, Miguel Zabala y Fabián Bota. “Confiamos en que la vía administrativa y natural de la elección en asamblea es el mejor camino para cortar con estos conflictos y abrir las puertas a los socios. Estamos en una situación muy grave desde lo económico y lo institucional, pero desde ya que nuestra intención es siempre a favor de nuestra Cooperativa”, concluyó Atencio.

Prestadora de servicio

La prestadora de servicios merlina también contrató un novedoso sistema de gestión y administración para facturar e interrelacionar todas las secciones. El pago inicial fue de 300 mil pesos, que hoy suman 1 millón 100 mil pesos y más de 200 mil pesos en viáticos. Extraoficialmente, se conocieron versiones de que la contratista se formó quince días antes de la firma del contrato y que estaría integrada por familiares directos de los consejeros.

Tarjetas PIN

De parte del Consejo tampoco se convocó a los asociados para tratar el caso de las tarjetas PIN que se comercializan a través de un proveedor en kioscos y locutorios. “A principios de este año el proveedor debía 200 mil pesos y nadie sabía. Para tratar de salvar esa situación se realizó una auditoria externa que no la conocemos. Después de determinada la deuda le hacen devolver 1000 pesos por mes en 200 cuotas, o sea en 16 años”, relató Atencio.

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