La aplanadora chavista no ceja en su embestida, pese a la virulentacrisis económica y social que golpea a Venezuela. Incluso por eso mismo avanza ahora a mayor velocidad.

"Es ingenuo pensar que el gobierno cederá su férreo control institucional precisamente cuando más lo necesita", resumió Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, tras una nueva jornada histórica donde el oficialismo pasó por encima de la Constitución bolivariana para nombrar a los llamados poderes ciudadanos: el defensor del pueblo, el contralor de la república y la Fiscalía General.

El artículo 279 de la Carta Magna dicta que la Asamblea escogerá a los representantes del Poder Ciudadano "mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes". Una mayoría calificada de 110 diputados, alejada de los 99 oficialistas, que nunca han supuesto un obstáculo para el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.

El líder militar del chavismo esgrimió en el pleno del lunes pasado la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a su demanda urgente de interpretación a dicho artículo. El órgano judicial, que en 10 años no dictaminó ni una sola vez en contra de la revolución, formalizó su petición, concediendo los nombramientos por mayoría simple. Mecanismos similares a los ya empleados para destituir a la diputada María Corina Machado o para juramentar a Hugo Chávez, cuando éste se encontraba en La Habana luchando por su vida.

"Puede hablarse de fraude cuando se dictan decisiones que en apariencia respetan la Constitución, pero que en el fondo constituyen una violación. La designación de los representantes del Poder Ciudadano es buen ejemplo de ello", resumió José Ignacio Hernández, uno de los constitucionalistas más prestigiosos del país.

Luisa Ortega ("extraordinaria abogada, extraordinario ser humano, extraordinaria patriota", según la definió Nicolás Maduro) fue ratificada al frente de la Fiscalía General. La respuesta de las organizaciones de derechos humanos no se hizo esperar. "Más de 5800 personas fueron detenidas desde 2005 por ejercer su derecho a manifestarse, la mayoría durante la gestión de Ortega", recordó Provea. Organismos independientes calculan que en Venezuela permanecen encerrados 63 presos políticos.

"El 90% de los delitos permanece impune, mientras la administración de justicia derrocha eficiencia cuando de persecución política se trata. ¿Merece la reelección una fiscal con ese récord?", se cuestionó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

El cargo de contralor de la república fue para Manuel Galindo, "un hombre incorruptible", según el "hijo de Chávez".

Muy cercano a Cilia Flores, mujer de Maduro, Galindo había ejercido hasta el domingo como abogado del Estado. O sea, de defensor del gobierno revolucionario al que ahora tiene que controlar, un salto vertiginoso. "Pusieron como contralor al compadre", acusó el gobernador opositor Henrique Capriles.

El nuevo defensor del pueblo es el muy conocido en las filas revolucionarias Tareck William Saab, ex gobernador de Anzoátegui y "extraordinario venezolano, de gran moral, de gran ética y honestidad", resumió Maduro, pese a que su reelección en la gobernación fue desechada por el oficialismo.

"El oficialismo convirtió la Asamblea en una sastrería que corte y cose la Constitución a la medida de la violación que quieran cometer", denunció el diputado opositor Andrés Velásquez.

"El neosocialismo salvaje del siglo XXI es tan feroz que incluso privatiza al poder ciudadano", ironizó el escritor Alberto Barrera, tras contemplar una sesión parlamentaria que amenizó un país marcado por las colas para conseguir alimentos y productos básicos y por una inflación desbocada de más del 70%, la mayor del planeta.

El chavismo no sólo retorció la Constitución para seguir controlando el Poder Ciudadano, también allanó el terreno para reafirmar su hegemonía sobre el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), fundamental de cara a las elecciones parlamentarias de 2015.

Efectivamente, el chavismo optó por mantener en este órgano a sus actuales rectoras, Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, con lo que mantendría una mayoría de 4 sobre 5. El otro candidato es Marcos Méndez, un nombre salido del consenso entre ambas bancadas antes de la sesión del lunes.

Al no existir acuerdo, Cabello desvió la decisión al propio TSJ, para que ratifique sus propuestas. Unos nombramientos que serían provisionales y que debería ratificar la nueva Asamblea salida de las urnas.

Para la designación de los magistrados del TSJ, Cabello prepara lo que definió como "La Matadora": la última sesión del año en la Asamblea donde impondrán a sus candidatos, alineados con el poder. Nadie en su sano juicio considera que el chavismo optará por unas designaciones equilibradas en las dos instancias por decidir.

"El gobierno sigue controlando las instituciones y el monopolio de las armas. Lo que no tiene ahora es la mayoría de los votos", recordó el politólogo León, tras las encuestas que estiman que de celebrarse ahora las elecciones parlamentarias, el chavismo perdería por alrededor de 20 puntos frente a la oposición.

RECLAMAN LA LIBERACIÓN DE ESTUDIANTES

Unos 25 estudiantes con sus manos simbólicamente atadas por cadenas exigieron ayer al gobierno de Nicolás Maduro la libertad inmediata de las decenas de personas que aún permanecen privadas de su libertad desde las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Venezuela desde febrero hasta mayo.

"Si ellos están encarcelados nosotros haremos lo mismo. Pasaremos la Navidad y fin de año aquí encarcelados", dijo el estudiante Féliz Ortuño en la plaza Altamira, de Caracas

Venezuela vivió una ola de manifestaciones callejeras que dejaron más de 40 muertos y miles de detenidos de los cuales, según la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) aún se mantienen 68 personas privadas de libertad y unas 1923 con procesos judiciales pendientes.

"Fuimos a todas las instancias internacionales, OEA, ONU, Unasur, Unión Europea, embajada de Estados Unidos en Caracas hasta llegar al Palacio de Miraflores [sede del Poder Ejecutivo] donde entregamos un documento en el que exponemos la situación de los detenidos y exigimos su libertad plena", afirmó Ortuño.

Al grupo de 14 estudiantes que originalmente había iniciado la protesta en la plaza Altamira, el pasado domingo se sumaron otras 11 personas, entre estudiantes y sociedad civil..