Medina afectó la credibilidad de la Justicia, afirman en el Consejo de la Magistratura

Según el dictamen mayoritario de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que aconsejó abrir el procedimiento de remoción del juez federal Nº2 de Salta, Miguel Medina, el magistrado debió haberse excusado de actuar en las causas Ragone y Palomitas por haber defendido con anterioridad a uno de los imputados -Andrés Soraire- y en las causas en que actuó su socio y amigo, el abogado Raimundo Sosa.
Un extenso y duro escrito firmado por el consejero Mariano Candioti -juez de Cámara de Casación- y respaldado por otros cuatros consejeros, será puesto a consideración del plenario del Consejo.

Allí el magistrado llegó a la conclusión que debido a que no quiso apartarse de las causas, resulta impensado que los salteños que conocen la relación de Medina con Soraire y con Sosa, "crean que en las investigaciones judiciales llevadas adelante por el magistrado hayan tenido como objetivo la dilucidación de los terribles actos que enlutaron a nuestro país y cuya recomposición durará años, seguramente más de los debido por la actuación del doctor Medina".

Abogado de Soraire

En más de veinte páginas, el magistrado considera probado que Medina trabajó como abogado para el policía Andrés Soraire en 1988, y no solamente de manera "formal", como intentó argumentar el magistrado salteño en su defensa.

Soraire es un ex policía que trabajaba en la Guardia del Monte que quedó imputado en el homicidio, en 1977 de José Lino Salvatierra y Oscar Rodríguez, dos jóvenes que conducían un camión con carbón hacia Salta y cuyos cuerpos fueron arrojados en un paraje cercano a Metán, con un cartel que decía "por cuatreros".

Con otros policías integraban entonces la llamada "Guardia del Monte" de la Policía provincial que aunque supuestamente creada para combatir el cuatrerismo, se dedicó a la persecución ideológica. Logró permanecer prófugo durante veinte años en Tucumán.

Durante su defensa que ejerció en diciembre pasado, Medina había argumentado que entre el escrito su designación como abogado de Soraire y el de su renuncia -por diferencia de criterios con su colega Víctor Martínez- sólo hubo veinte días en los que no tuvo ninguna actuación profesional.

Lider del grupo

Sin embargo, Candioti sostuvo que el propio Medina admitió que tuvo una entrevista con Soraire -"porque era el que lideraba el grupo", con lo cual, según el integrante del Consejo, "ya está demostrando conocimiento sobre el accionar y jerarquía del grupo involucrado en distintas causas relacionadas con delitos de lesa humanidad".

Pese a esos antecedentes, Medina actuó entre 2004 y 2007 y durante dos años y medio, en la causa Ragone, en la que estaban imputados, además de Soraire, Santos Acosta y Miguel Angel Corvalán, también miembros de la Guardia del Monte que había patrocinado.

Sin embargo, en 1999, según Candiotti, ya había empezado a "violar su deber de excusación", cuando comenzó a desempeñarse en la causa Palomitas, que instruyó hasta 2005. Medina intentó convencer que en esa causa Soraire no estaba como imputado, pero Candioti consideró probado que el ex policía estaba sospechado, y que eso bastaba, según la jurisprudencia, para considerarlo imputado y para que Medina se excuse.

Tono negativo

Un efecto negativo tuvo en los consejeros el tono que utilizó el juez salteño en su defensa, cuando calificó como una "excursión de pesca" las auditorías que se realizaron en su juzgado luego de las primeras denuncias en su contra.

"Tales consideraciones llevan a esta instrucción a sostener que el doctor Medina tiene un desacertado concepto de lo que es la cosa pública en un Estado y en una Sociedad que se definen como modernos, republicanos y democráticos", dice el dictamen.

Tampoco ayudaron a Medina otros antecedentes que puso de manifiesto Candioti en su propuesta: entre ellos, el de haber sido designado en la década del 70 como funcionario judicial por el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa. Y el de que su antecedente como defensor de Soraire fue desconocida por la Comisión de Acuerdos y Asesora de la Magistratura al momento de tratar su designación como magistrado federal.

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