Medidas para evitar la multiplicación de listas y malos negocios en la interna

El gobernador Hermes Binner firmará esta semana un decreto buscando evitar cualquier posibilidad de que se estafe al Estado santafesino, se engañe al electorado y se vulnere a la democracia convirtiendo al acto electoral en una mera ocasión de negocios. El decreto que ya tiene elaborado el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, busca impedir la inscripción de numerosas listas de candidatos por parte de algunos partidos nada más que para cobrar el subsidio con que el Ejecutivo les asegura la impresión de las boletas.
La estricta depuración que la justicia electoral acaba de realizar luego de afianzar controles a las presentaciones importó que 110 listas de candidatos de diferentes partidos en toda la provincia (ver aparte) fueran rechazadas. Es decir, del total inicial 1.251 quedaron 1.141 nóminas de precandidatos a concejales e integrantes de comisiones comunales que el 5 de julio venidero competirán por en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en 97 localidades. En las restantes 265 (el total de pueblos ciudades que tiene la provincia es de 362) no se harán primarias dado que los partidos lograron presentar una única lista y competirán directamente en las generales del 6 de septiembre.

   Pese a que no suministró aún información oficial, el rechazo de tantas listas —a algunos partidos les bajaron más de 30— torna notorio el temor de las autoridades a que se intente el fraude sospechado. Supuestos antecedentes que en el pasado quedaron impunes llevan a pensar que los partidos políticos (grandes y chicos, aunque más éstos últimos) inscriben muchas nóminas de candidatos aunque sus chances de lograr un cargo electivo sean exiguas. Lo hacen para cobrar el subsidio que el artículo 24 de la ley electoral 12.367 fija para la impresión de la boleta.

   Este artículo ordena que se pague a los apoderados de las listas el valor de la impresión de cada boleta por una vez y medio el padrón de la ciudad o pueblo en la que se presenta la lista. Es decir que por una lista que se presenta en una ciudad de 50 mil votantes se pagará al apoderado de la lista lo que cuesta imprimir 75 mil boletas. Ahora bien: si ese partido tiene presentadas 10 listas en esa misma ciudad percibirá el dinero para imprimir 750 mil boletas.

   La secretaría electoral provincial fijo el precio de 0,055 centavos por cada boleta de 12 por 19 cm.

   ¿Qué pasa si los apoderados se guardan gran parte de esos fondos y destinan el resto a imprimir menos votos?

   

Las medidas. El decreto que tiene el gobernador a la firma instaurará dos sistemas de fiscalización.

   Uno es la constancia de distribución del Correo Argentino a razón de 150 boletas de cada lista por mesa receptora de votos. Del total surgirá la cantidad final de boletas que esa lista imprimió. Este requisito se tornaría obligatorio. El gobierno pagará las impresiones a posteriori, pero sólo se librarán los fondos a quienes presenten las constancias del correo y por la cantidad de boletas que efectivamente la empresa postal hubiere distribuido en cada mesa.

   Habrá un segundo paso que tomará como base las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Rafaela y Reconquista. Entre 25 y 5 días antes del acto electoral en cada una de estas ciudades equipos de veedores del ministerio de Gobierno y el Tribunal Electoral visitarán los lugares de almacenamiento de los votos impresos declarados por los apoderados ante la justicia electoral.

   En tales domicilios constatarán la existencia de las boletas y su correspondencia con el valor de impresión conforme la facturación que les hubiere extendido la imprenta. El acta labrada por los inspectores será la otra documentación que sumada a la del correo deberán presentar los apoderados luego de las primarias para poder cobrar lo que hubieren gastado en impresión de los votos.

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