La medida puso en guardia a la Justicia

Por Adrián Ventura

La decisión del Gobierno de estatizar el régimen de capitalización provoca grandes dudas sobre la constitucionalidad de la medida en encumbrados despachos judiciales, según pudo constatar ayer LA NACION.

Además, preocupa el carácter inconsulto e intempestivo del proyecto.

En algunos casos se advierte un cuestionamiento a la decisión de cambiar radicalmente las reglas de juego de un régimen que permitía la convivencia del sistema de reparto con el de capitalización.

Aunque los jueces naturalmente no se atreven a hacer públicas sus críticas porque saben que les tocará intervenir en muchos juicios que se planteen, en privado se preguntan si los derechos de los individuos no estarán expuestos a fuertes riesgos, y temen que se produzca una catarata de demandas.

Con el nuevo sistema, el Estado garantiza a los futuros jubilados los beneficios que otorga el régimen de reparto, pero no les asegura que cobrarán una prestación más elevada, que fue el objeto que llevó a muchas personas a elegir las AFJP.

Ayer, importantes estudios jurídicos comenzaron a recibir consultas de afiliados a administradoras de fondos de pensión y, también, de las mismas AFJP.

En efecto, mientras los afiliados temen por sus derechos, las AFJP verán reducida su participación a una actividad marginal (el artículo 5 del proyecto las autoriza a seguir recibiendo depósitos voluntarios), por lo cual analizan si la compensación que se les promete es suficiente recompensa de una actividad que las empresas planearon a largo plazo.

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En el Gobierno sostienen que los países desarrollados, para salir de la crisis financiera global, nacionalizaron parcialmente algunos bancos. Entonces, la Argentina está implícitamente habilitada a estatizar las jubilaciones privadas.

Es incorrecto. Aquellos gobiernos, en los casos en que tomaron acciones de los bancos, inyectaron miles de millones de dólares al sistema bancario con la finalidad de darle liquidez, mientras que la Argentina recorre el camino inverso. Mientras en los Estados Unidos el gobierno fuerte auxilia a las empresas y bancos en peligro, en la Argentina el Estado débil se alimenta de los fondos de las empresas y del sector privado.

El titular de la Anses, Amado Boudou, habló de "fracaso" de régimen de las AFJP. ¿Cómo se puede saber si el régimen fracasó, si la evolución de los aportes tiene que medirse a treinta años, que es el período de aporte del afiliado? Por otra parte, ¿cuánta responsabilidad tiene el Estado, por haber forzado a las AFJP a comprar bonos de la deuda, que son ruinosos?

Los jueces más prudentes admiten que miles de futuros jubilados, AFJP y, también, los trabajadores que queden desempleados iniciarán planteos judiciales. El destinatario de los pleitos, que tramitarán en la justicia previsional o en lo contencioso administrativo (según los temas), en todos los casos será el mismo: el Estado.

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¿Cuáles son los problemas que plantea este proyecto de ley? Son varios:

Hasta ahora, los fondos que aportó cada afiliado a las AFJP son de su propiedad, pero en el futuro pasan a manos del Estado. Así, ese patrimonio que el Estado adquirió sin esfuerzo alguno, se diluirá en un sistema solidario de reparto que no reconoce dueño alguno. El mecanismo del Gobierno se parece, en cierta medida, a un préstamo forzoso o, quizás, a una confiscación.

A diferencia de lo que ocurrió con el corralito, donde el Estado le prometió al ahorrista la devolución de su depósito en cierto plazo y con cierto interés, en este caso el Estado no dice cómo administrará los fondos y, por lo tanto, exige que el trabajador tenga fe en la pericia y la transparencia de un Estado que, con demasiada frecuencia, lo defraudó.

El Estado inundó a las AFJP con bonos de la deuda, que debe pagar. Ahora, el Estado, deudor de capital e intereses, se convierte en acreedor. ¿Quién garantiza que se pagará a sí mismo?

El ahorrista paga una comisión para mantener un sistema que ahora desaparece: ¿computará el Estado esas comisiones como parte de los aportes?

El artículo 1° del proyecto les garantiza a los ex afiliados del régimen de capitalización una cobertura idéntica que el régimen previsional público. El problema es que el afiliado a una AFJP tenía expectativa de obtener un beneficio mejor.

Como la Corte, en un fallo reciente, excluyó a las rentas vitalicias en dólares de la pesificación y reconoció el derecho a cobrar en dólares, el proyecto abre el paraguas: quien tiene este régimen, que la siga cobrando a la aseguradora.

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