La medida favorecería a los jubilados y aseguraría ingresos extras al Fisco

Reconoce los aportes realizados al régimen privado y los preserva de la crisis financiera actual.

Por: Ismael Bermúdez

Radiografía del sistema privado de jubilación

Aunque recién hoy se conocerá la letra chica del proyecto de ley que elimina el régimen de jubilación privada, el cambio en las reglas de juego en el sistema previsional tendría los siguientes alcances:

1.'Qué pasará con los afiliados a las AFJP?

Pasarán al Estado, incluidos los fondos acumulados en sus cuentas individuales. A cambio, el Estado les reconocerá los meses y años de aportes hechos a las AFJP como si hubiesen sido al Estado. Esto significa que al momento de jubilarse, la ANSeS calculará el haber mensual según las reglas del sistema público.

2.'Cómo se calcula la jubilación en el Estado?

En el sistema público, el trabajador tiene derecho a cobrar la Prestación Básica Universal (hoy de $ 326 mensuales) más el 1,5% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año aportado. Un ejemplo: con 30 años de aportes y con un sueldo actualizado de los últimos 120 meses anteriores al retiro jubilatorio de $ 2.000, la jubilación sería de $ 1.226 ($ 326 más el 45% de $ 2.000). Esa jubilación se actualiza luego dos veces por años de acuerdo a la fórmula de movilidad aprobada días atrás por el Congreso.

3. 'Cómo se calcula el haber en el sistema privado?

Con 30 años de aportes, el trabajador también tiene derecho a la PBU de $ 326 y el resto depende los aportes efectuados y de la rentabilidad que obtuvo la AFJP con la inversión de los fondos. Los especialistas estiman que por la actual caída de la rentabilidad, hoy el haber público sería superior al del régimen privado. Pero los resultados podrían variar según los comportamiento del mercado financiero.

4. 'Cómo quedan los que ya se jubilaron por una AFJP?

Si están cobrando un "retiro programado" a través de una AFJP, el Estado les pagará la mejor renta que hayan cobrado durante este año. Ese haber se ajustará en adelante según la fórmula de movilidad. En cambio, si cobra una renta vitalicia a través de una compañía de seguros seguirá cobrando lo que arroje el cálculo privado, porque se trata de un contrato de por vida.

5. 'Qué pasará con los fondos acumulados por los afiliados al sistema privado?

Los fondos acumulados por los afiliados a las AFJP -y que suman alrededor de $ 97.000 millones- pasarán al Estado, con el compromiso de retenerlos en la cartera de la ANSeS como garantía de solvencia del régimen público. También a la espera de una recuperación de las cotizaciones o conservándolos hasta su vencimiento. Más de la mitad de esos fondos son bonos públicos; por lo que la deuda pública neta se reducirá, pero aumentará la llamada deuda implícita porque el Estado asume el compromiso de pagar las jubilaciones futuras de toda la gente transferida.

6. Más plata para financiar el pago de la deuda pública.

El aporte jubilatorio de los afiliados transferidos se mantendrá sin cambios, pero en lugar de ir a las AFJP pasarán a la ANSeS. Son alrededor de $ 15.000 millones anuales. Esto mejora los ingresos fiscales e incrementa el superávit fiscal primario (antes del pago de los intereses). Además, le permitirá al Tesoro financiar el pago de la deuda pública, tomando plata de la ANSeS a cambio de Letras, como está pasando actualmente también con otros organismos públicos, como la AFIP. El año pasado la ANSeS recibió los fondos de una parte de los afiliados a las AFJP que se transfirieron obligatoriamente. Actualmente, la ANSeS tiene colocados $ 6.350 millones en Letras de Tesorería a tasas que rondan entre el 8,5% y 11,8% anual.

7. 'Qué pasará con el afiliado a una AFJP que se resista a ser transferido al Estado?

La eliminación del sistema privado de jubilaciones tiene que ser aplicado mediante una ley del Congreso. Si esto se sanciona como lo prevé el Gobierno, la transferencia será automática. De todas maneras, siempre está abierta la posibilidad de presentar un recurso de amparo invocando la pérdida de derechos. La palabra final la tendría la Corte Suprema de Justicia.

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