Los médicos rechazarían el ofrecimiento del Gobierno

Así lo adelantaron los voceros de los autoconvocados de la sanidad, quienes mañana, a las 17.00, volverán a reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo en la sede del Arzobispado, donde transmitirán su respuesta a la propuesta presentada el viernes.
El conflicto de la sanidad ingresa hoy en una semana clave, que podría determinar el inicio de una tregua entre las partes, ó, por el contrario, derivar un endurecimiento de las medidas de fuerza que llevan adelante desde hace más de tres meses los médicos y empleados autoconvocados.

El Gobierno y los representantes de los profesionales de la salud volverán a verse las caras mañana, a las 17.00, cuando se reúnan en la sede del Arzobispado, en el marco de la mediación encarada por monseñor Luis Villalba.

El Ejecutivo, representado los ministros de Economía, Jorge Jiménez, de Salud, Pablo Yedlin, y de Gobierno, Edmundo Jiménez, apuesta "todas sus fichas" a que los autoconvocados acepten el ofrecimiento presentado el último viernes y accedan a una tregua de entre 20 y 30 días, levantando las medidas de fuerza, para seguir negociando. La oferta oficial consiste en un aumento del 28 por ciento (un 8 por ciento en la base de cálculo y el 20 por ciento restante en concepto del ítem Responsabilidad Médica); el pase a planta permanente de 1.500 contratados por año y el compromiso de restituir los descuentos de haberes aplicados por "falta de prestación" durante los días de quite de colaboración (no así los dispuestos por las jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo).

Sin tregua

La propuesta será discutida mañana temprano en todos los hospitales y CAPS de la provincia, y a las 13.00, con la presencia de los delegados, se realizará un plenario inter-hospitalario en el Centro de Salud, donde se decidirá la respuesta que llevará el sector a la audiencia de la tarde con las autoridades provinciales.

Según se desprende de las declaraciones formuladas a EL SIGLO por algunos de los principales voceros del sector, el ofrecimiento del Gobierno estaría "condenado" al rechazo y es muy difícil que se establezca una tregua, para que el diálogo entre las partes se desarrolle con los hospitales trabajando normalmente.

La pediatra Estela Di Cola, referente de los autoconvocados, admitió que "la última propuesta del Gobierno sigue siendo muy pobre, no difiere demasiado de las anteriores que presentó y fueron rechazadas y, por lo tanto, no es suficiente ni siquiera para establecer una tregua, como pretenden las autoridades".

La profesional aseguró que "serán las bases, cuando se realicen las asambleas, las que decidirán los pasos a seguir"; no obstante lo cual vaticinó que "seguramente se optará por el rechazo al planteo del Gobierno y se ratificará el quite de colaboración, sin asistencia en los consultorios ni realización de cirugías programadas".

Sobre este último punto, la representante de los empleados del hospital de Niños recordó que "está firme la convocatoria a la segunda marcha de antorchas de la sanidad, el próximo miércoles, a las 20.00, a la que está invitada a participar toda la sociedad".

"No hay un avance"

A su turno, Braulio Fanlo, delegado del hospital Avellaneda, consideró que "la situación es muy delicada, porque el Gobierno no realizó una propuesta que permita resolver el conflicto, sino que utiliza los mismos montos presentados de otra forma y redistribuidos. No hay un avance y estamos seguros de que la asamblea rechazará el ofrecimiento, que no alcanza para establecer una tregua", adelantó.

El profesional aseguró que "no hay una propuesta superadora y los cuatro puntos del petitorio, desde el punto de vista salarial y laboral siguen estancados".

Por otro lado, informó que en ese hospital todavía están "a la espera de una respuesta del director José Rogero sobre el pedido de renuncia que le presentamos, con el apoyo de delegados de todos los hospitales, porque consideramos que es uno de los principales responsables de los ilegítimos descuentos de sueldo contra los trabajadores".

Finalmente, Fanlo explicó que "para deponer las medidas de fuerza, es necesario que el Gobierno muestre una verdadera voluntad política. Dejar de lado las protestas en las actuales condiciones, sería retroceder en nuestros planteos sin que la otra parte también de un paso adelante para resolver el conflicto", argumentó.

Por su parte, Jorge Ramacciotti, del hospital Padilla, consideró que "el Gobierno puso demasiada expectativa en que su propuesta pueda llevar a una mesa de negociación más técnica, con levantamiento de medidas de fuerza, pero no debería ser tan optimista, porque el ofrecimiento es insuficiente para que eso suceda".

El galeno aseguró que "lo que están ofreciendo desde el Poder Ejecutivo, en dinero en el bolsillo, es prácticamente lo mismo que venían proponiendo semanas atrás y que no fue aceptado".

En números concretos, dijo que la oferta presentada el viernes por los ministros "equivale a un aumento de 217 pesos, aproximadamente, para los médicos y otros profesionales, y de 157 pesos para los demás trabajadores de la salud. Vemos que no hay mejora significativa, porque los empleados que menos cobran, que son los de categorías E y F, prácticamente no verán un beneficio" no serán muy beneficiados.

Estrategias y especulaciones

Ramacciotti reconoció que desde el sector no ven "ninguna señal que permita ser optimistas como para ir a la reunión del martes con la posibilidad de destrabar el conflicto".

En este sentido, opinó que "la resolución se sigue dilatando debido a la estrategia del Gobierno de jugar al desgaste de la protesta y a ganar por cansancio. Ahora también parecen especular con las paritarias de marzo de 2010 para colgarse del aumento que determine la Nación e intentar conformarnos con eso. La sensación es que el PE tiene demasiado optimismo con una propuesta que es insuficiente", recalcó.

La semana pasada, los autoconvocados fueron notificados sobre una resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que resolvió intervenir en el conflicto, solicitando informes a la Nación.

Los médicos habían denunciado en septiembre al Gobierno de José Alperovich ante ese organismo, acusándolo de violar la libertad sindical, a partir de los descuentos de haberes aplicados en represalia por los días de paro y a la denuncia para que la justicia los investigue por presunto abandono de persona.

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