Alcanza a los 77 hospitales públicos bonaerense, y en La Plata afectó, especialmente, al San Roque de Gonnet y al de Niños. El jueves habrá reunión con el gobierno bonaerense, que rechazo por “absurda” la medida.
Esta vez, el paro estuvo acompañado por una protesta frente al Hospital "Narciso López" de Lanús, donde ofrecieron una conferencia de prensa. La secretaria general de CICOP, Viviana García, dijo que el paro se realizó con un acatamiento "de algo más del 90 por ciento" en los hospitales bonaerenses, donde se cumplió la atención de guardias y urgencias.
Por el contrario, la cartera sanitaria indicó que según su relevamiento en los principales establecimientos con internación el acatamiento fue dispar, incluso entre distintos servicios de iguales hospitales.
Cita como ejemplo el hospital Penna de Bahía Blanca, donde la actividad en quirófanos fue normal, mientras que algunos consultorios externos atendieron y otros no. Según ese reporte, la misma se dio en el hospital Belgrano de San Martín, Paroissien de La Matanza, Carrillo de Tres de Febrero, Evita de Lanús, Gandulfo de Lomas de Zamora y San Martín de La Plata.
En el Presidente Perón de Avellaneda sólo se hicieron las cirugías de urgencia y hubo paro parcial en consultorios externos. Mientras que en los hospitales Simplemente Evita de La Matanza, San Roque y Ludovica de La Plata no hubo atención por consultorios externos y se hicieron cirugías de urgencia.
Negociación. Los dirigentes de Cicop adelantaron que el jueves el gremio mantendrá una reunión con los ministros de Salud y Seguridad provinciales, Alejandro Collia y Alejandro Granados, para analizar temas vinculados con la seguridad en los centros de salud.
El mismo día, por la tarde, los dirigentes gremiales mantendrán una entrevista con el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, a quien presentarán un petitorio con reclamos salariales y laborales, que incluye un pedido de audiencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
El sábado, en tanto, volverá a reunirse el congreso de CICOP para evaluar el resultado de esas reuniones y definirán la continuidad del plan de lucha.
El reclamo de los médicos y profesionales, que continuará este miércoles, es por un salario de 10.000 pesos como mínimo para los profesionales que ingresan a planta de los hospitales desde el 1º de enero y cumplimiento "de los puntos pendientes de la paritaria 2013".
CICOP también reclama la eliminación del Impuesto a las Ganancias, pago del 82 por ciento móvil para los jubilados, guardias de 12 horas, presupuesto de emergencia para el área de salud y la devolución de los descuentos por los días de paro realizados en 2011.
Reacción oficial. El paro de los médicos generó la reacción del viceministro Sergio Alejandre, quien dijo que este nuevo paro “no es otra cosa que un absurdo”, e insistió en que “no se entiende la postura de Cicop porque ya hay un compromiso y una confirmación oficial para la reapertura de paritarias en los próximos días”.
En esa línea, dijo que la actitud del gremio “no va a alterar la vocación de este gobierno de sentarse a negociar salarios, como lo viene haciendo desde los inicios de la gestión de Daniel Scioli, y como no lo ha hecho ninguna otra administración”.
El viceministro recordó, además, que “los sindicatos son parte de la Mesa Intersectorial por Hospitales Libres de Violencia, iniciativa inédita que se creó, justamente, con referentes de ocho gremios y de entidades provinciales que nuclean a las clínicas y los sanatorios”.
En ese sentido, señaló que “no se entienden los cuestionamientos que Cicop realiza en relación a la seguridad en los hospitales”, porque, dijo, “el trabajo para combatir la problemática se realiza en conjunto y ellos forman parte de la solución. Siguiendo su lógica, deberían hacerse el reclamo a ellos mismos también”.
Además, sostuvo que la cartera sanitaria “ha respondido a cada una de las demandas que realizaron sobre el tema”, y destacó que “un total de 58 hospitales cuentan con el sistema de botones antipánico”, que se fueron instalando de manera progresiva desde 2012, tras un acuerdo firmado entre Salud y el entonces ministerio de Justicia y Seguridad, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención de violencia en los centros hospitalarios.
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