Médicos endurecen la protesta y van a un paro por tres días

La medida de fuerza, que se concretará entre hoy y el próximo jueves, incluirá una nueva "marcha blanca" a la plaza Independencia mañana, a las 11.00.

La salud pública en Tucumán ingresó en terapia intensiva, como consecuencia del conflicto salarial que enfrenta al Gobierno de José Alperovich y a los médicos y empleados autoconvocados desde hace seis semanas.

Ante la falta de una respuesta oficial al reclamo de un aumento del 100 por ciento en la base de cálculo salarial y la titularización de 3 mil contratados antes de fin de año, los profesionales convocaron a un paro de actividades por 72 horas, que se concretará entre hoy y el jueves.

La medida, que fue resuelta durante una asamblea realizada ayer al mediodía en el Centro de Salud, con la participación de delegados de los hospitales y CAPS de toda la provincia, será acompañada con una nueva "marcha blanca" a la plaza Independencia, mañana, a partir de las 11.00.

Además, en el plenario, se decidió que hoy y el jueves habrá protestas y manifestaciones al frente de los centros sanitarios del sector público, donde los autoconvocados tomarán contacto con la sociedad para explicar sus reclamos y los motivos que los llevaron a determinar el plan de lucha. Entre otras actividades, el personal de algunos hospitales realizará "abrazos simbólicos" a los edificios, en el Centro de Salud tendrá lugar una Misa y quienes prestan funciones en los CAPS visitarán a los vecinos de los barrios en los que están ubicados. También habrá "panfleteadas" en las calles céntricas y peatonales de la ciudad Capital.

Como consecuencia del paro, no habrá atención en los consultorios de especialidades ni en los laboratorios, al tiempo que serán suspendidas las cirugías programadas, a excepción de aquellas que revistan urgencia. Al igual que sucedió con los anteriores paros (el que comienza hoy será el sexto), solamente estará garantizada la atención en las guardias de emergencias, salas de internaciones y unidades de terapias. La jornada de ayer volvió a estar signada por la creciente tensión entre el Gobierno y los autoconvocados, que parecen determinados a no ceder posturas, sin demostrar intenciones de un acercamiento a través del diálogo.

Por la mañana, mientras los médicos y empleados participaban de asambleas en los hospitales para definir la continuidad del plan de lucha, el Gobierno envió a inspectores, abogados y escribanos públicos a distintos hospitales, entre ellos, el Centro de Salud, el Avellaneda, la Maternidad y el de Concepción, para constatar quiénes trabajaban y quiénes no.

La presencia de los "investigadores" no hizo más que enardecer el estado de ánimo de los médicos y empleados de la sanidad, quienes impidieron que cumplan con su misión de verificar la prestación de servicios a la comunidad, por considerar que era una provocación del Gobierno.

"No pudieron tomar los datos, cuyo único objetivo era el de determinar sanciones a quienes realizamos un justo reclamo por salarios dignos, porque pacíficamente los médicos y empleados se lo impidieron", explicó la vocera de los autoconvocados, Estela Di Cola.

La médica pediatra opinó que "esto no es más que otra provocación del Poder Ejecutivo, que ahora parece haber dejado todo en manos del ministro Edmundo Jiménez (Gobierno) la tarea de agravar, intimidar y chicanear a los trabajadores de la sanidad. Parece que ésa es la única forma de dialogar que conoce este funcionario", sentenció.

Reunión con Villalba

Por la tarde, un grupo de representantes de los autoconvocados se reunió con el arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Villalba, a quien solicitaron mediar en el conflicto. "Le explicamo a monseñor el conflicto desde aspecto social, económico, político y gremial, para que la Iglesia entienda cuál es el reclamo y busque la manera de lograr un acercamiento entre las partes; porque hasta el momento no hubo diálogo, sino simplemente un pedido salarial, de parte de los médicos, y rechazos y amenazas, de parte del Gobierno", dijo Di Cola.

Tras la audiencia, que se extendió durante casi dos horas, el Arzobispo evitó tomar parte en el conflicto, al tiempo que remarcó que "lo que está haciendo falta es un diálogo". En tal sentido, aclaró que ya escuchó "a una de las partes (por los médicos) y que ahora se dedicará "a hacerlo con la otra parte, que es el Gobierno, para abogar por una solución definitiva". Sobre éste último punto, precisó que en las próximas horas solicitará una audiencia con Alperovich para analizar la situación. Monseñor admitió que observa "con absoluta preocupación" lo extenso del conflicto, "que mantiene a los pacientes y a los sectores de bajo recursos sin la debida atención de su salud en el sector público". Respecto al tema puntual del reclamo salarial, Villalba prefirió no opinar al respecto "porque estaría tomando parte en el conflicto. Soy respetuoso de las necesidades de los dos sectores y ahora hay que ver la posibilidades técnicas de la provincia para resolver esta situación", concluyó.

El Gobierno volvió a amenazar con descuentos y sanciones

El gobernador José Alperovich no disimuló su fastidio ayer al ser consultado por la prensa respecto a las protestas que llevan adelante los autoconvocados de la sanidad

"De salud ya dijimos todo, vamos a seguir trabajando, no hay más que agregar", dijo el Primer mandatario y agregó que "quienes están de rehenes (por el conflicto) es la gente humilde".

Al ser consultado sobre si se cumplirá con la amenaza de efectuar descuentos de haberes a los profesionales, en represalia por las medidas de fuerza que llevan adelante, Alperovich disparó: "Día que no se trabaja, día que no se cobra, ya dije diez veces el mismo tema, soy reiterativo", evidentemente molesto por las protestas.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, quien desde ayer se sumó a su par de Salud, Pablo Yedlin, en la difícil misión de destrabar el conflicto con los médicos, sugirió que podría haber denuncias penales contra los profesionales huelguistas.

Tras recordar que "la semana pasada ó hace diez días fueron escribanos y constataron algunos hechos de desatención ó de ausencia" en algunos hospitales (nada dijo de las inspecciones de ayer), Jiménez advirtió: "Si es que el escribano verifica casos en los que hay motivos para presumir la comisión de un delito, que en este caso sería abandono de persona, es obligación del funcionario poner en conocimiento de la Justicia esta situación. En todo esto, quiero marcar que lo único que se hace es cumplir con las disposiciones de la ley", disparó.el funcionario, quien ayer se reunión con Alperovich y Yedlin para estudiar los pasos a seguir.

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