Mediante un decreto, Macri pide a empresas datos de empleados

Además de su instrucción y composición familiar, exige saber si padecen adicciones
Mediante un decreto suscripto por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se exige a empresas privadas radicadas en el distrito que informen sobre posibles adicciones de sus empleados, además de otros datos personales. Si no lo hacen, se les advierte que serán sancionadas.

La norma, publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial de la ciudad, crea el "Registro online de empleadores" (los datos serán cargados en el sitio web oficial) y destaca que está garantizada la confidencialidad de la información que se proporcione.

Sin embargo, diversos especialistas consultados por LA NACION aseguran que esa medida afecta la privacidad de las personas porque incluye cuestiones de la vida privada.

Entre otras cosas, las empresas deberán informar cuántos empleados padecen adicciones, tales como tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia o ludopatía.

Además, deberán detallar qué empleo realizan, si conocen idiomas, su nivel de instrucción y la composición familiar. Así figura en el anexo del decreto 625/09.

"Es una solicitud abiertamente violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional, que contempla la zona de reserva de cada persona o el derecho a la intimidad, que se compone de modos de vida, inclinaciones y comportamientos, entre los que están incluidos esos ítems", indicó el constitucionalista Daniel Sabsay.

En el mismo sentido, su colega, Andrés Gil Domínguez, señaló: "El decreto también viola la ley de protección de datos personales [la 25.326], que dice que los datos sensibles sólo pueden ser colectados si la persona presta su consentimiento". Los datos sensibles son aquellos vinculados con la salud y con la sexualidad de las personas.

En el gobierno intentaron restar importancia a esas observaciones e indicaron que, de ninguna manera, se trataba de vulnerar la dignidad de las personas.

"La herramienta informática permite procesar la información estadística más fácilmente, al relevar información legal del empleador que es el único que tiene la obligación de identificarse. Si uno recorre los requerimientos, lo de las adicciones se transforma en una anécdota", afirmó Jorge Luis Ginzo, subsecretario de Trabajo porteño e impulsor de la medida.

El funcionario sostuvo que se agregó el ítem de las adicciones porque al gobierno porteño le interesa esa temática y porque su área cuenta con un programa de prevención de las adicciones para aplicar en empresas privadas.

Contradicción

"Las empresas privadas con gerencias de recursos humanos profesionales detectan estos problemas fácilmente. Nosotros tampoco pedimos la obligatoriedad de completar esa tabla en particular", agregó.

Sin embargo, en el decreto firmado por Macri; por los ministros de Desarrollo Económico y de Economía, Francisco Cabrera y Néstor Grindetti, respectivamente, y por el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, se expresa que, de no contar con la información actualizada, los empleadores serán pasibles de sanción. No detalla qué casillero es obligatorio llenar en ese pedido de datos.

"Si no está especificado será pasible de sanción. Lo único con que el gobierno cree que protege la intimidad [de las personas] es con el carácter de confidencialidad de la información, pero eso no importa porque el empresario no puede guardar esa confidencialidad. Obligan al empresario a violar la ley", agregó Sabsay.

Ante la consulta de LA NACION, el constitucionalista José Onaindia expresó: "No se puede imponer desde la autoridad pública dar ese tipo de datos sin consentimiento. Es una violación a la intimidad de las personas. Aunque la norma tenga un fin estadístico, el dato pertenece a la vida privada. Mientras no se hiera a un tercero el Estado no puede entrometerse. Este decreto también viola el artículo 13° de la Constitución de Buenos Aires".

Diego Kravetz, titular de la bancada kirchnerista en la Legislatura porteña, opinó: "Se están vulnerando las garantías y los derechos individuales de los ciudadanos porque, en lugar de hacer hincapié en políticas preventivas de adicciones, lo están haciendo con fines persecutorios, con el único objetivo de llenar planillas sin ninguna acción concreta de cuidado y asistencia al trabajador".

Las empresas privadas en el distrito tienen tiempo hasta el 30 de septiembre próximo para enviar los datos exigidos por el gobierno local.

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