La media verdad

La absolución del coronel Alejandro Duret por el homicidio y desaparición de Carlos Labolita despertó la voz del escándalo.
Por su parte, Pedro Pablo Mansilla fue condenado a prisión perpetua por los mismos cargos, aunque continuará con arresto domiciliario. No es lo que esperaban de este fallo quienes pensaban que sería ejemplificador para la búsqueda de la verdad. Otra vez decepción, pérdida de tiempo y dinero.

A la exposición de las peores intenciones, a los lazos que pagan compromisos, se suma ahora la peor degradación del concepto de verdad histórica: el que ha comunicado a la opinión pública un juego político del cual no había recuerdo.

Sucedió que este mes de julio tuvo resolución un juicio en el cual intervenía el Tribunal Oral Federal, pero esta vez no participaban Roberto Falcone, Mario Portela ni Néstor Parra. Se trata del que se llevó adelante en esta ciudad por la desaparición de Carlos Labolita. Aquellos magistrados habían sido excluidos del tratamiento porque ya habían celebrado audiencias con jornadas de juicio en las ciudades de Azul y Olavarría. Después de una larga batalla entre los abogados de los acusados y el tribunal, finalmente Casación decidió que quien instruye no condena o absuelve al acusado. Por eso, dijeron, existe un tribunal de instrucción y otro de juicio. Nuevos jueces.

El cuerpo de magistrados quedó finalmente compuesto por Carlos Alberto Rozanski, Nelson Javier Jarazo y Alejandro Daniel Esmoris, y determinó por unanimidad condenar al ex general Pedro Pablo Mansilla por el asesinato del militante de la Juventud Universitaria Peronista y amigo del ex presidente Néstor Kirchner Carlos Labolita, que había sido secuestrado en Las Flores el 25 de abril de 1976. Los cargos fueron privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida bajo violencia, imposición de tormentos agravada en virtud de tratarse de un perseguido político, homicidio agravado por alevosía, todos ellos en concurso real.

El juez Rozanski había estado de acuerdo con la condena de Mansilla, pero no con que continuara disfrutando de la detención domiciliaria, un beneficio que despertó encendidas voces de desaprobación entre el público, que incluía a familiares de la víctima. El mismo juez estuvo en contra de que se absolviera al coronel Alejandro Guillermo Duret, implicado en el caso, y votó en contra, tanto de ese punto como de un conjunto de disposiciones que afectan a testigos presentados en el plenario, que deberán ser investigados por los tribunales de Azul por presunto falso testimonio.

Nadie que supiera cómo venían las cosas puede haberse sentido sorprendido. Ya en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos se comentaba que Alejandro Guillermo Duret saldría liberado de esta situación procesal. La cuestión es por qué.

Algunos hablaron de simple complicidad ideológica. Otros mencionaron una historia que vincula a Duret con el presidente Hugo Chávez, y obviamente con el matrimonio Kirchner. Según se documenta, el 3 de noviembre de 1999, el diario La Nación registró la llegada del hoy absuelto y beneficiado con la "inmediata libertad" a Caracas, para hacer un curso como miembro de Estado Mayor en la Escuela Militar de esa capital. En 1990 no imaginaba que casi 10 años más tarde uno de sus compañeros terminaría siendo presidente. "Somos amigos", dijo Duret invitado por Hugo Chávez a presenciar su juramento. "Pero qué sorpresa me has traído", había expresado Chávez cuando descubrió que Duret había sido llevado por el ex presidente Carlos Menem integrando el grupo de funcionarios argentinos. Feliz por la llegada de su amigo al poder, Duret dijo a La Nación: "Coincidimos en muchas cosas, es un patriota bien intencionado".

No es necesario ser demasiado sagaz: si Chávez y Duret son amigos, y Chávez es amigo de los Kirchner, vale preguntarse qué lugar en el orden de prioridades ocupa entonces la verdadera búsqueda de los responsables de los crímenes de lesa humanidad si, según se dice, el hoy teniente coronel Duret tuvo un papel fundamental en el operativo que terminó con la vida del militante, y hoy está en la calle.

Más de uno

Uno de los elementos que llamaron la atención de todos sobre la causa Labolita era el carácter de amigo y compañero del matrimonio en el poder que ostentaba la víctima. Varias veces se mencionó que para ellos, la aclaración del crimen tenía un valor especial en lo personal, y obviamente en lo político.

Pero hoy en día son muchos los que eligen creer en la opción de la conspiración viva. Las organizaciones que impulsan el juicio, y el abogado César Sivo, ya semanas antes habían visto derrumbarse su estrategia acusatoria: surgieron innumerables testigos que minaban la idea de un accionar personal y directo de Duret en el secuestro y posterior desaparición de Labolita.

De todas maneras, los fundamentos de la decisión judicial llegarán recién durante el mes entrante, después de la feria judicial prolongada. En esa ocasión se podrá meritar cuáles fueron las pruebas que en definitiva hicieron fuerza para que dos de tres jueces firmaran la libertad del militar. De los Kirchner, ni una palabra.

De todas maneras, más allá de un fallo complicado que pasará a instancias superiores para su revisión, desde hace tiempo se registra en el país la manera en que la búsqueda de la verdad se ha convertido en un escudo apetecible para esconder trayectorias oscuras o negociados brillantes. Nada más ver las tremendas desprolijidades llevadas a cabo en la instrucción de los Juicios por la Verdad. Los errores fueron advertidos en varias oportunidades, y minimizados por los miembros del Poder Judicial, resguardándose en que, en realidad, el proceso no tenía más objetivo que el simple esclarecimiento y el rastreo histórico de material documental. No tenían en cuenta que los intereses espurios podían complicar más de una causa conexa.

Mucho se ha hablado del presidente del tribunal que lleva adelante la investigación, cuyos antecedentes registran que se ocupó de defender a ciertas mujeres policías acusadas de torturas y vejámenes sobre detenidas, hecho ocurrido en 1979 en una comisaría local. En la oportunidad, había basado su defensa en asegurar que las medidas tomadas eran necesarias, y que los derechos humanos eran una "nefasta muletilla" con la que se engañaba al pueblo argentino.

También se supo que el mismo juez "de la verdad" Roberto Falcone, antes de su incursión por la magistratura, había sido recomendado para la defensa de Juan Manuel Ciga Correa, un represor apodado Cristo o mayor Santamaría, quien contó con el beneplácito de quien hiciera falta para transitar una vía rápida de salida de todos los cargos que le fueron achacados. Ciga Correa fue considerado cómplice del asesinato del general Prats y su esposa en Chile, así como de haber participado en la preparación de tropas paramilitares irregulares en Centroamérica, quienes se encargaron de los movimientos contrarrevolucionarios en aquellos países. El camarista local Jorge Ferro dijo haber escuchado de Raúl Guglielminetti, reconocido integrante de la tristemente llamada Triple A, referir la manera en que él mismo le pagó a Falcone los honorarios de la defensa. Falcone, en su papel de defensor, le había aconsejado oportunamente a Ciga no prestar declaración hasta que llegara el juez que lo sobreseería, y quien según Horacio Verbisky era su amigo desde los tiempos del movimiento Tacuara: Eduardo Pettigiani.

Entonces, ¿de qué verdad hablamos? Es posible que en algún momento, los pactos preexistentes y sobrevivientes entre los personajes de la política actual y del Poder Judicial con los más antiguos representantes del Proceso de Reorganización Nacional salgan a la luz para poder establecer un juicio por y para la verdad.

Mientras tanto hoy, las absoluciones y condenas están más relacionadas con los amigos de cada quien que con el recto y justo examen de la pruebas y testimonios existentes. Una vez más, tres pasos adelante y cinco atrás para la justicia nacional, y un camino que parece jamás llevará al verdadero esclarecimiento de la historia reciente.

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