Media sanción a un negocio millonario

El proyecto que avala concesión directa para construir y operar una terminal multipropósito de contenedores en el Puerto de La Plata, que implicaría una inversión de 250 millones de dólares, ayer recibió media sanción en el Senado bonaerense gracias al voto de los legisladores oficialistas.
La iniciativa fue rechazada por todos los bloques de la oposición, que mostraron una postura en común y criticaron la existencia de mecanismos “pocos transparentes” en un negocio que es varias veces millonario y que podría tener una duración de 60 años.

La polémica iniciativa avala una resolución administrativa del consorcio del Puerto La Plata y un decreto del Gobernador por el cual el gobierno bonaerense adjudicó la obra a la empresa Tecplata SA por el plazo de 30 años, con opción a una prórroga por el mismo período. Se trata de la construcción una Terminal de Contenedores sobre los frentes de agua y áreas localizadas en la Cabecera Río Santiago Este, (Berisso).

Existen varios puntos no del todo claros en el proyecto que recibió media sanción. Por un lado, tal como lo viene informando Hoy, la adjudicación a la empresa Tecplata, integrada por capitales argentinos y filipinos, se realizó mediante el polémico mecanismo de contratación directa, es decir, que se esquivó el llamado a licitación que implica compulsa de precios y que incluyen controles por parte de los organismos del Estado. Incluso la Fiscalía de Estado planteó reparos a esa adjudicación, aunque luego emitió un dictamen en el que le solicitó a Scioli que argumentara el por qué de la urgencia de la contratación. El argumento oficial fue un informe del Banco Mundial que auguraba una saturación en el movimiento de contenedores a partir de 2008, ante la capacidad de las terminales portuarias contiguas a la ciudad de Buenos Aires.

Tecplata, una firma que llamativamente se constituyó en marzo de este año con un capital de 20 mil pesos (está compuesta por las firmas Loginter SA e International Container Terminal Services), comprometió una inversión en dos años de 250 millones de dólares para la construcción de la terminal multipropósito.

Se trata de una obra de singular importancia para la región dado que podría dinamizar la actividad económica y generar numerosos puestos de trabajo. Pero, por la magnitud del emprendimiento, no son pocos los que consideran que se debería haber seguido mecanismos más transparentes para evitar las sospechas que empañan el proyecto oficial y que dejan trascender un posible favoritismo en la adjudicación de la obra.

Desde oficialismo, durante la sesión de ayer, defendieron el proyecto al afirmar “con la obra no se está comprometiendo las finanzas del consorcio y, además, es apoyada por los municipios de La Plata, Berisso, y Ensenada”. Y agregaron: “Hubiese sido ideal realizar una licitación pública, pero desde 1998 se hicieron varios llamado a licitación que no llegaron a buen fin”. Igualmente, las explicaciones dejaron mucho que desear y no despejaron los cuestionamientos.

El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados bonaerense, donde también se avecina un áspero debate. Allí hay legisladores de la oposición, que volverán a dar debate, y que ya anunciaron su voto en contra.

Uno de los interrogantes es por qué este proyecto fue girado a la Legislatura, cuando se trata de un acto administrativo del gobierno provincial que para instrumentarse no requiere de tratamiento legislativo. Existen dos hipótesis: por un lado el Poder Ejecutivo busca darle más legalidad a una contratación directa ya de por si muy cuestionada y, por otro lado, no son pocos los que creen que hubo legisladores que, al ser una operación millonaria, metieron presión para que la iniciativa terminara pasando por el parlamento. Hay muchas preguntas aún sin respuestas. Lo cierto es que la inexistencia de llamado a licitación, que hubiese garantizado cierta transparecia del proceso, tiñe de negro todo lo actuado.

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