Dos sesiones de arduas discusiones les tomó a los diputados provinciales dar media sanción al Proyecto de Ley de “Violencia Familiar y de Género, Creación del Fuero de Violencia Familiar”. Esto sucedió finalmente ayer en el recinto, tras el cuarto intermedio después de que el cuerpo tratara la primera parte del pliego, es decir, el tratamiento en general y particular de los 40 artículos iniciales.

Abundaron las discusiones entre los legisladores alrededor de diferentes aspectos de los artículos 41 al 75, que finalmente terminaron siendo 79 del extenso proyecto, debido a la incorporación de nuevos ítems temáticos.

Uno de los aspectos que más agitó el debate fue el relativo al mantenimiento del secreto profesional cuando la denuncia de un hecho de violencia familiar y de género es realizada por un funcionario o agente público, contenida en el artículo 41. Finalmente, se terminó dando curso y justificación a la posibilidad de una denuncia de personas no involucradas con el hecho revelado.

También, en el caso de que el damnificado padezca alguna incapacidad, sea un adulto mayor o tenga dificultades para trasladarse por sí mismo, la denuncia podrá ser emitida por su representante legal, guardador, cuidador, o por el mismo Ministerio Público.

Los legisladores de todos los bloques demostraron un genuino interés en dar forma a la norma, exhibiendo agilidad -por ejemplo- en la introducción de modificaciones y en la aprobación de los artículos que reglan el embargo de bienes de los infractores de violencia familiar y de género, la obligación de cubrir con obra social a los agredidos, y la prohibición de celebrar contratos sobre los bienes comunes, como el inmueble familiar. Pero, además, se determinó que los condenados asuman los gastos que hayan generado sus acciones. También se estipuló la necesidad de informar a la prestadora de la cobertura en salud de que la víctima ha sufrido una situación de violencia con el objeto de que pueda recibir la atención correspondiente, así como a su empleador, para que cuente con días libres de sus labores.

La norma también precisa que, en el caso de que se produzca una reincidencia de parte de un sentenciado o que éste no cumpliera con las penas dictadas, la justicia podrá imponerle la participación en cursos de sensibilización dictados por organismos públicos y ONGs reconocidas en la materia, o la realización de tareas comunitarias durante los fines de semana y feriados a continuación de su horario laboral.

Estructura

Fue la diputada oficialista Cecilia Guerrero quien planteó la necesidad de resolver cómo actuarán los órganos judiciales mientras se vaya dando forma a la estructura final del fuero de violencia familiar en toda la provincia. La iniciativa original sólo contemplaba a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la capital provincial, pero la semana pasada se había acordado la creación progresiva de Juzgados de Primera Instancia de Violencia de Familia y de Género, Fiscalías Penales de Violencia Familiar y de Género, Defensorías Oficiales en lo Penal, y Defensorías Oficiales en lo Civil en todo el territorio provincial. De acuerdo a lo mocionado por la parlamentaria Macarena Herrera, mientras se vaya dando forma a toda esta estructura, los Juzgados de Familia tendrán competencia provisoria en materia de violencia de familia y de género, y los Juzgados Civiles donde no existan los primeros.

Pero, además, se definió la creación del registro de infractores en este tipo de hechos, que compendiará los antecedentes de los denunciados y condenados para protección de las víctimas. Con esta información, los organismos del ministerio de Desarrollo Social elaborarán estadísticas que serán proporcionadas a las oficinas estatales competentes.

Tras exhaustivos análisis y un extenso debate, la cámara baja dio media sanción al pliego, que fue girado a la Cámara de Senadores para un nuevo tratamiento.

La opositora Marita Colombo cerró las discusiones expresando que “hemos aceptado que el núcleo duro de la Ley es la protección de las niñas y las mujeres, y hemos dado lugar a que esta salvaguardia se ampliara a otros integrantes de los grupos familiares. No obstante, debemos cuidar que no se invisibilice a las niñas y mujeres, que son las principales víctimas de este tipo de hechos”.