La mayoría oficialista aprobó el nuevo Código de Procedimiento Civil

El oficialismo sostiene que con las modificaciones realizadas en el texto de la ley, se garantiza el derecho a legítima defensa a los empleados públicos que han recibido sanciones administrativas.
Pero el basualdismo afirma que la Justicia debe tener la potestad de resolver el caso de fondo y no circunscribirse sólo a analizar si el proceso estuvo bien realizado o no.

El nuevo Código de Procedimiento Civil que tanto debate generó hace un año atrás, continúa en la misma tesitura. En la sesión de ayer los legisladores de la provincia aprobaron la nueva ley, que entrará en vigencia en 2010 por pedido del Ejecutivo provincial, en medio de un debate intelectual que giró en torno a un solo artículo, el 765.

El mismo, que tiene su base en la ley 3.816 Estatuto del Empleado Público, desató una polémica. El artículo, modificado, hace referencia a los procesos que deben llevarse adelante en los casos donde se apliquen sanciones disciplinarias o como producto de malos manejos en la administración pública. Pero el párrafo segundo fue el que despertó mayor polémica. El texto dice que "no se admitirá que un empleado público acuda a sede judicial en los casos de decisiones administrativas sobre designaciones o sanciones disciplinarias recaídas en agentes o funcionarios de la administración pública, salvo en caso de remoción. También será admisible si se pretendiere la anulación de la decisión por violación del debido proceso legal, en cuyo caso la sentencia se limitará a dejar sin efecto el acto y remitir las actuaciones a la autoridad administrativa competente para resolver".

Esta modificación terminó siendo aprobada por amplia mayoría, salvo los votos del basualdismo, quien se opuso por entender que este artículo es inconstitucional. Según la diputada Lucía Sánchez, "acá no se está respetando un derecho individual que permite acudir a la Justicia de la jurisdicción correspondiente. La modificación que se le ha introducido al texto es que en el caso de que se haya registrado arbitrariedad en el procedimiento, donde no se hayan cumplido los pasos de la ley de procedimiento administrativo, en esos casos podrán acudir a la Justicia los empleados públicos. El juez no decide sobre el tema de fondo, sino que se expide respecto al procedimiento. En definitiva siempre quien decide es el poderoso de turno, que es juez y parte, y no una persona neutral como sería el caso del juez, quien está por encima de la problemática planteada entre el administrado y el administrador", sostuvo.

El basualdismo aportó, en el debate, jurisprudencia que respalda la posición de la inconstitucionalidad del artículo 765 del Código de Procedimiento Civil. Cabe aclarar que fue declarado inconstitucional un artículo de la ley 3.816, el que se repite en el nuevo Código. En este sentido Sánchez citó el caso caratulado autos 6.619 Benavidez Elsa Estela y otras contra provincia de San Juan contencioso administrativo, también aportó el caso radicado en autos 7.726 Conca Raúl Ernesto y otros contra provincia de San Juan contencioso administrativo y autos 7.523 Juan De la Cruz Escudero contra provincia de San Juan. Por ejemplo en el último caso aportado como jurisprudencia, la sentencia establece que "el ejercicio de la jurisdicción debe ser plena. No debe entenderse que se invade la esfera reservada a la administración y en consecuencia la sentencia debe resolver todas las cuestiones planteadas en la relación procesal".

Pero fue desde el oficialismo, a través de la palabra del diputado Julio Coll, donde se aclaró que no sería inconstitucional el artículo.

En este sentido, el diputado dijo que "si uno manda a un juez todos los casos que se generen en sede administrativa para que resuelva, hasta temas insignificantes o intrascendentea donde deberían resolverse dentro de la propia administración, terminamos recargando de forma innecesaria a la Justicia. Ahora, si se ha producido una sanción grave y el damnificado entiende que no se le han respetado sus derechos, puede acceder automáticamente a la Justicia, sin pasos previos. Incluso está la posibilidad de acudir a un amparo. Hay muchas opciones que tiene el trabajador, pero de ningún modo existe una actitud inconstitucional concebida desde la ley", dijo Coll.

Lo cierto es que será un juez quien termine dirimiendo el dilema de la constitucionalidad o no del articulado del Código.

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