Matrimonios sin papeles

Desde la caída de la convertibilidad, los servicios públicos han entrado en un cono de sombra; en varios sectores vencieron los contratos y en otros jamás se discutieron regulaciones definitivas
El primero de noviembre habrá un nuevo cumpleaños. Sólo falta elegir un lugar para el festejo y decidir quiénes serán los invitados. ¿Qué pasará ese día? Se cumplirá un año desde que se vencieron todos los contratos de concesión de los corredores viales que existen en el país. El 1° de noviembre de 2008 expiró el plazo originario que preveía el marco regulatorio mediante el que se entregaron para la explotación aproximadamente 8000 kilómetros de las principales rutas nacionales que operan bajo el régimen de peaje.

Desde ese entonces, todos los autos que pagan peajes en las rutas nacionales dejan su dinero a empresas que no tienen una relación contractual clara con el Estado.

Sólo el año pasado, 410 millones de pasajeros pagaron boletos en el tren. También, 265 millones de pasajeros traspasaron el molinete del subterráneo en 2008. Todos les pagaron sus boletos a empresas que vieron cómo la caída de la convertibilidad les hacía añicos sus contratos y que esperaron en vano desde 2002 hasta ahora que el Estado las llamara a renegociar sus contratos.

Se podrían seguir anudando ejemplos de servicios públicos que están en una situación, cuando menos, precaria. La Argentina de los últimos años se ha convertido en un verdadero tembladeral regulatorio en matera de servicios públicos. Las rutas nacionales, los trenes, el subte, los colectivos y decenas de empresas -sobre todo energéticas- con las que se firmó un contrato provisorio y a las que se les prometió avanzar en un esquema definitivo. Todos, con mayor o menor complejidad, podrían quedar comprendidos en un conocido dicho popular: "Están flojos de papeles".

Esto no es todo. Los entes reguladores están lejos de las funciones para las que fueron creados. Con funcionarios no elegidos por concurso y sospechados de ser sólo portadores de la posición del Ministerio de Planificación Federal, los usuarios se han quedado sin puertas donde golpear a la hora de hacer valer sus derechos.

Los servicios públicos han sido arrasados por un verdadero tsunami regulatorio. Y así funcionan, sin previsibilidad ni reglas claras; apenas penden de la decisión de un par de funcionarios. Como diría otro dicho popular: "Están atados con alambre".

Todo empezó mucho antes de la caída de la convertibilidad -a principios de 2002-, pero se potenció con la posterior sanción de la ley de emergencia económica. Mediante una batería de normas, el Poder Ejecutivo creó la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos que luego derivó en la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

El organismo estaba integrado por representantes de los ministerios de Economía y de Planificación Federal. Desde 2003, el cargo de director Ejecutivo lo ejerce Gustavo Simeonoff, un funcionario designado por el gobierno de Néstor Kirchner.

Ese organismo técnico fue escenario de memorables batallas entre dos superministros: Roberto Lavagna y Julio De Vido. El ex ministro era partidario de avanzar con los nuevos contratos y ordenar la regulación. Pero De Vido defendía otra postura, que finalmente ganó: tirar todo para adelante y no rediscutir prácticamente nada con las concesionarias. De hecho, Lavagna amagó varias veces con retirar a sus hombres de esa mesa de discusión. Kirchner optó por lo sano: sacar a Lavagna y con él a sus técnicos. De ahí en más, la Uniren hizo y dijo todo lo que le soplaban desde el Ministerio de Planificación Federal.

Alberto Tujman es abogado y trabaja con temas de servicios públicos. Es socio de Tujman y Asociados. "En la actualidad, el gobierno nacional tiene demorada la convocatoria a varias licitaciones públicas y, como consecuencia de ello, numerosas empresas se ven obligadas a continuar prestando servicios bajo prórrogas sucesivas", dice.

Originalmente, la Uniren debía avanzar en nuevos regímenes para servicios de agua potable y cloacas; distribución y comercialización de energía eléctrica y gas; telecomunicaciones; transporte público automotor y ferroviario y subterráneo; concesiones viales y accesos a Buenos Aires; aeropuertos; servicio portuario; postal; ferroviario de cargas y vías fluviales por peaje, según estableció el decreto 293/2002.

Según datos que da a conocer la Uniren en el boletín de abril, el último dato compilado por el organismo, se firmaron 41 acuerdos, lo que significa un 64% del total. "Este número es mentiroso porque la mayoría de esos acuerdos, que ya están refrendados por el Congreso, ya tiene nuevos incumplimientos. Basta mirar cada uno de ellos para ver que ese número es como la mayoría de las cifras oficiales: un dibujo", dijo un ejecutivo de una de las empresas que tiene un contrato firmado pero que nunca se aplicó y que pidió no ser identificado por temor a represalias. ¿A qué se refiere el ejecutivo? Pues a que muchos convenios establecían un aumento provisional y un esquema de inversiones temporal hasta que se discutiese un marco tarifario definitivo. Hasta se le dio un nombre altisonante como fue "Revisión Tarifaria Integral (RTI)". Todos los ejecutivos de las empresas de servicios públicos escuchaban las siglas RTI. Les prometían que se arreglaran con pequeño aumento y después, vendría la RTI.

Pero las empresas nunca lograron alcanzar la zanahoria que les puso delante el Gobierno. Ninguna de las empresas logró llegar a la RTI. Más aún existen algunas, como Metrogas, por caso, que tienen aprobado hasta por decreto un nuevo cuadro tarifario provisional. Pero el Ente Regulador del Gas (Enargas) nunca actualizó el cuadro tarifario. Entonces, ni siquiera el primer aumento entró en vigencia.

Dice la Uniren que hay un 28% de los contratos que fueron firmados, pero que nunca lograron entrar en vigencia. El resto, el 8% entre los que están los trenes y subtes, no empezaron a discutirse. El organismo que dirige Simeonoff se olvidó de contabilizar nada menos que 129 contratos de empresas de colectivos (las que funcionan en el área metropolitana) que también deberían renegociarse.

Con las rutas por peaje pasó algo pero aún. Las concesiones se vencieron y no se otorgaron nuevamente. "Hubo una licitación, pero fracasó ?dice Tujman?. Ahora está previsto otro llamado. Se está estudiando un nuevo esquema que sea atractivo tanto para el Estado como para los operadores del sector privado. Las principales dudas se centran en quién será responsable de realizar nuevas obras, de mantener el patrimonio vial, y si el sistema se basará en un régimen de cobro de peaje, de pago de subsidios por parte del Estado o en un sistema mixto".

Ahora bien, ¿para qué sirven los contratos? Gabriel Bouzat es abogado, socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Además de ser ex presidente de la Comisión de Defensa a la Competencia, ha sido ofrecido como testigo experto de Derecho Argentino en arbitrajes internacionales ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Dice lo siguiente: "Hay que entender para qué es la regulación. Sucede que hay monopolios naturales, como por ejemplo los gasoductos. No se puede tener dos caños que lleven gas y que compitan entre sí. Esos son monopolios naturales. Entonces, como podría haber abusos, el Estado con la tarea regulatoria, debería simular un esquema como si existiera la competencia. Debe regular precios, calidad y servicios. Eso se logra con la regulación." ¿Y cómo está la regulación ahora?, preguntó LA NACION. "¿Ahora? ?contesta Bouzat?. Hay muchísima precariedad, ineficiencia y eso lleva a falta de inversiones en todo el sistema."

Según cuenta el especialista, este tipo de escenarios de competencia simulados se realizan con estudios técnicos muy precisos que establecen las condiciones de funcionamiento. "Nada de esto se hace en la Argentina. Está todo distorsionado y no hay racionalidad en la regulación."

Otra de las funciones de los contratos es proteger a los usuarios. Si hay reglas claras para exigir obligaciones a los concesionarios, pues habrá armas para que los usuarios exijan lo suyo. Pero los usuarios están más desprotegidas que nunca. Los entes están intervenidos desde hace años y no existen concursos para que cubran los cargos más importantes.

La Asociación por la Libertad y la Justicia (ACIJ) hace años que viene luchando judicialmente por avanzar en la purificación de los entes reguladores. En los últimos meses tuvo algunos logros. El 14 de agosto, la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo que, una vez finalizada la intervención en Enargas, cumpla con el procedimiento para la designación del directorio del ente. Unos días más tarde, una sala del fuero dictó otra sentencia y ordenó a la Secretaría de Energía a que cumpla con los procedimientos legales para la designación del directorio del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).

"Estos dictámenes buscan poner fin a la política de injerencia institucional que desde principios de esta década el Poder Ejecutivo mantiene sobre los entes de control de los servicios públicos, y que genera que los organismos encargados de tutelar los derechos de usuarios no lo hagan eficientemente", dijo un comunicado de la ACIJ.

Así están los contratos de servicios públicos en la Argentina. La Uniren está prácticamente desactivada. Y su mandamás se ha mudado a Aerolíneas Argentinas, donde es uno de los directores de la nueva gestión estatal. Justo Simeonoff, el hombre al que el kirchnerismo le encargó arreglar los contratos, es director de una empresa que maneja el Estado, pero que nunca llegó a expropiar.

Algunos casos

LAS RUTAS POR PEAJE

Con contratos vencidos

* El 1° de noviembre del año pasado vencieron las concesiones. Hasta ahora no se han otorgado nuevamente.

LOS FERROCARRILES

Sin avance

* Las empresas de trenes de pasajeros nunca fueron llamadas por la Uniren para rediscutir y firmar nuevos contratos.

LA ENERGIA

Promesas incumplidas

* Varias compañías firmaron acuerdos preliminares. Nunca se discutieron los marcos regulatorios definitivos.

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