"En materia de información en poder del Estado la regla es la información".

La directora del Area de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Eleonora Rabinovich, destacó que la obligación del Estado, en cualquiera de sus estamentos, es permitir el acceso a la información pública.
"En materia de información en poder del Estado la regla es la información, el secreto es siempre la excepción", sostuvo Rabinovich al ser consultada por Nuevo Diario acerca de la decisión del juez en lo Civil y Comercial de 2º Nominación de la ciudad de Salta, Sergio Miguel David, quien a pesar de que no logró que el gobierno salteño cumpliera con una orden suya, decidió dar por concluido el trámite de las diligencias preparatorias promovidas por este diario con el fin de que los tres Poderes del Estado informaran sobre la publicidad y propaganda oficial pautada desde enero de 2003 a febrero de 2007.

Rabinovich declinó hablar de este trámite en particular, dado que no lo conoce en detalle, pero sí opinó en términos generales sobre la obligación del Estado de proveer información. "Cuando estamos hablando de gastos de publicidad oficial no existe ninguna razón por las cuales esos datos tengan que ser secretos y existen muchas buenas razones por las cuales tengan que ser informados."

Afirmó. Añadió que "debería existir una serie de estándares de transparencia en relación a esos datos que los medios cumplan".

"Nosotros como Asociación vemos que en muchas provincias argentinas se retacea habitualmente la información sobre los gastos en publicidad oficial y consideramos que esta es una práctica que va en contra del principio fundamental que tiene la ciudadanía de conocer los gastos de gobierno. Es habitual es que los gobiernos provinciales incluso municipales retaceen esta información", explicó.

Rabinovich sostuvo que los gobiernos no solo tienen obligación de informar sobre los gastos en publicidad oficial, sino que "ante el pedido de cualquier persona, no solamente un medio de comunicación, deben informar sobre los gastos de gobierno". Es más, los gobiernos no solo deberían facilitar esos gastos cuando le son pedidos "sino que deberían reunir requisitos de transparencia de esos gastos" y para ello deberían estar disponibles para su fácil comprensión y entendimiento por ejemplo en las páginas web de los organismos encargados del manejo de la pauta".

La especialista indicó que hay países en los que se elaboran informes anuales sobre los gastos en publicidad, "explicando los objetivos que cumplieron" con esa pauta; en cambio, "en muchos lugares de Argentina ni siquiera se está cumpliendo con un piso mínimo".

"No hay ninguna razón para que sean datos secretos, todo apunta a que tengan que ser datos de información a los que todo público pueda acceder. Cualquier persona tendría que saber como se gastó la plata; además, los gastos deberían estar fundamentados, o sea que si alguien pide que se informe sobre los criterios aplicados en la distribución de la publicidad oficial, el Gobierno debería mostrar que el gasto fue fundamentado porque en teoría los gobiernos deberían invertir esos fondos con objetivos específicos, por ejemplo, en políticas de promoción de derechos. No debería haber razones para ocultar ni el monto, ni los criterios, ni la distribución de esos fondos y esto tiene que ver obviamente también con el control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno", ratificó.

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