La ley 27.499 o “Ley Micaela” fue sancionada en diciembre de 2018 como consecuencia del femicidio de Micaela García, una joven de 21 años en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. La norma insta a capacitar de manera “obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles”.

En el caso de La Matanza, lo novedoso es que no sólo exige la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, sino que también alcanza organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales y toda organización civil que tenga anclaje territorial en el distrito.

Dicha resolución fue impulsada a través del esfuerzo de la Mesa Local de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género coordinada por el Eje de Género de la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza.