El fiscal general del Departamento Judicial Junín, doctor Mastrorilli, afirmó en la ciudad de Chacabuco que las investigaciones sobre los ilícitos que se investigan en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y que involucraría a autoridades del distrito Junín, entre otros, están tratando de avanzar.

“No son (hechos) sencillos, son hechos complejos. Reconocemos que hubo una ola de delitos calificados que es atípica, incluso para lo que es el Departamento Judicial”.

El Fiscal apuntó que hay un patrón común en las acciones que se investigan y que han motivado una serie de acusaciones contra las autoridades del instituto –ya desplazadas- y varios prestadores que, son su complicidad, posibilitaban la concreción de los actos ilícitos.

Sobreprecios millonarios. “Calculamos que en 16 meses se fueron por lo menos 2.800 millones de pesos en sobreprecios, asociaciones ilícitas y estafas, como consta en nuestras denuncias”, precisa el titular de la Asociación de Profesionales del IOMA (APIOMA) y del Sindicato Unico de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (SUPTTIOMA), Raúl Seillant, quien sostuvo que “somos el único gremio en la historia de IOMA que denunció la corrupción de sus propios funcionarios”.

No fue fácil. En el medio hubo hasta amenazas de muerte. “La pasamos muy mal”, indica el médico sindicalista, y para demostrar su flamante tranquilidad señala que “pasamos de estar en Sarajevo a estar un cantón suizo. El presidente de IOMA, Sergio Cassinotti, se comprometió con nosotros a empezar a hacer una investigación área por área; llegó el momento de ir a fondo”.

Sí, las cosas cambiaron. Lo reconocen también en Fiscalía de Delitos Complejos 8 de La Plata, a cargo de Jorge Paolini, lugar donde avanzan, y no tanto, las diferentes causas. “Claro que no es lo mismo investigar a quienes tienen que facilitarte expedientes y papeles que investigar con la colaboración de la nueva gestión. Por supuesto que ahora la tarea será más sencilla y las cosas irán con mayor celeridad”, afirman.

Los nuevos encargados de la parte jurídica de la obra social acercarán a la fiscalía en las próximas horas expedientes que eran solicitados desde hace más de dos años. Todos vinculados a las ocho causas por internaciones domiciliarias, las cuales incluyen las denuncias y casos de más de 100 afiliados. Como se dijo, algunas avanzan a paso firme, y otras, no tanto.

“La nueva gestión de IOMA se encontró al llegar con convenios desactualizados, que se originaron hace más de diez años, repletos de adendas y coberturas obsoletas. Por ello se rescindieron todos, aplicando un preaviso de 90 días, lo que garantiza que mientras dure la renegociación no se interrumpa el acceso a las prácticas, consultas y prestaciones que requieran los afiliados”, expresan, todavía sorprendidos, desde la presidencia del instituto.

“El objetivo es mejorar la calidad y transparencia, actualizar los convenios para hacerlos más eficientes y sencillos de auditar. En definitiva, se pretende dar de baja aquellas coberturas que resultan obsoletas, incorporar nuevas prestaciones y renegociar valores, evitando intermediaciones. Esta medida también busca eliminar cualquier irregularidad que se detecte, para transparentar la relación con los prestadores y permitir claros procesos de auditoría”, agregaron.

Modus operandi. “En IOMA, el tema de las internaciones domiciliarias es un curro”, decía hace algunos años una médica con 16 años de trayectoria en la obra social. Esta mujer, que fue auditora médica, denunció y se negó a avalar “irregularidades” con este servicio. La echaron. Luego la Justicia ordenó su reincorporación. La información es de allá por 2010 y fue publicada por la revista Desafío Económico.

La denuncia de la doctora habla por sí sola. “Había una docente con esclerosis múltiple, pero resultaba que estaba trabajando. Cuando la quise ubicar, estaba en el exterior, de vacaciones. Y con internación domiciliaria”, cuenta esta mujer, que fue restituida en su cargo por un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias.

“También comprobó que uno de los pacientes con internación domiciliaria estaba jugando al golf”, relató el abogado de la denunciante, Jorge Milloc, quien también es letrado de APIOMA.