Massei impulsará la mediación para conflictos sociales

El futuro vocal del Tribunal Superior de Justicia –será designado el jueves- expuso sobre uno de sus proyectos preferidos, que busca evitar la judicialización de las protestas sociales.
Quien será a partir del jueves designado vocal del Tribunal Superior de Justicia para completar la “nueva” Corte provincial, Oscar Massei, impulsó frente a los diputados que cumplieron este martes con el rito del “interrogatorio” personal a los postulantes, uno de sus proyectos favoritos: el de mediación para conflictos sociales.

Massei entiende que una política de mediación en conflictos sociales es la mejor forma de evitar una judicialización que –según la corta historia provincial- casi nunca ha resultado bien. A esa instancia, dijo el todavía diputado nacional, sólo se debería llegar en casos de violencia física o uso de armas.

Massei expuso ante la comisión de Asuntos Constitucionales. “No debemos caer en la hipocresía”, afirmó categóricamente al hablar sobre el espinoso tema de los conflictos sociales, uno de los “rubros” que más preocupan actualmente a la clase política.

“Hay que sentar primero a las partes involucradas para resolver el conflicto antes de que se inicie la huelga”, dijo.

Massei también opinó sobre el Consejo de la Magistratura; el “aborto no punible”; el funcionamiento y autarquía del poder Judicial; la experiencia piloto; la baja de imputabilidad para menores de edad; el derecho a huelga; la reforma de los Códigos Civil y Penal de la provincia; la exención del impuesto a las ganancias para jueces y autoridades judiciales y se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema sobre “Libertad Sindical”, entre otros temas.

El pliego de Massei tomará estado parlamentario en la sesión del miércoles, y será tratado en el recinto en la sesión del jueves.

Con respecto a las libertades sindicales que dictaminó la Corte Suprema, rescató que el fallo adscribe a un “derecho humano fundamental” y que su aplicación permite que una persona que no pertenezca a un sindicato con personería gremial pueda ser delegado.

Sobre la baja en la edad de imputabilidad, adhirió a la postura de jueza de la Corte Carmen Argibay y consideró que encarcelar a menores de edad es un error que no ayuda a resolver el problema de la inseguridad. Explicó que es necesario aplicar políticas públicas que apunten a generar mayor inclusión social. En ese sentido, mencionó que los menores que ingresan en los institutos “salen peor” que al momento de su ingreso.

Para explicar su posición sobre el “aborto no punible”, leyó el dictamen que firmó en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Nacional, el cual se expresa a favor de suspender los embarazos que pongan en riesgo la salud de la madre; cuando se detecten malformaciones fetales o si el embarazo es producto de una violación.

En dichos casos, considera el despacho, no es necesaria “una autorización de la justicia”.

Respecto del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se mostró a favor de adoptar un sistema similar al de Chubut y elogió en ese sentido, la ‘austeridad’ para el funcionamiento del cuerpo.

Entre las reformas más salientes que tiene el cuerpo de esa provincia, mencionó la participación popular, la incorporación del sector gremial y la posibilidad de que sus Consejeros cumplan funciones ad honorem y sean designados para intervenir en sólo un caso.

Además, agregó que “si no hay transparencia, objetividad, responsabilidad” ningún sistema puede funcionar. Al responder sobre la experiencia piloto en la justicia neuquina, destacó que la misma se debió hacer mediante una ley reglamentaria. “No hay experiencia piloto, se hace la reforma o no se hace”.

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