Tal como adelantó a comienzos de este mes el propio Massa, el Frente Renovador presentará mañana, a partir de las 11.30 y en el Teatro Astros de la Capital Federal, su propio proyecto de Ley de Código Procesal Penal. La iniciativa, explicada a través de diez puntos, tiene fuertes críticas al presentado por el Gobierno nacional.

A través de un comunicado, el Frente Renovador sostuvo que la iniciativa presentada por la Presidenta “Es una ley de reemplazo de jueces por fiscales a cargo de las investigaciones penales, con un ensamblado de artículos, títulos y capítulos que obran de coreografía procesal de acompañamiento”, vinculada a “estrategia de poder tendiente a colocar funcionarios designados a medida a cargo de la investigación de los procesos penales”.

Así, anuncian la voluntad de pasar “a un sistema Acusatorio en el marco de un Código Procesal completo, íntegro y moderno, que venga para regir el proceso penal los próximos 50 años”, con la prerrogativa de dar “garantía de justicia” a las víctimas.

Entre los incisos detallados en el comunicado, el Frente Renovador destaca diez puntos: La creación del Cuerpo de abogados defensores de la víctima quienes la asistirán en forma gratuita y obligatoria durante todo el trámite del proceso; la eliminación de las excarcelaciones; la ampliación de los alcances a delitos más graves como corrupción o crimen organizado trasnacional. Además busca dar más herramientas a los fiscales para acelerar procedimientos; crea un “procedimiento exprés” para quienes sean sorprendidos cometiendo delitos por medios tecnológicos; amplía y crea nuevas medidas de protección y garantía para los derechos de los damnificados, sean estos públicos o privados, así como para la defensa de la sociedad en general.

Por último, incorpora más tecnologías a los procedimientos de recolección de pruebas; crea mecanismos “anti impunidad” para funcionarios públicos y refuerza la cooperación internacional.

También detalla la idea de crear un “Ministerio Público Fiscal moderno” orientado “a la persecución del delito, especialmente a la compleja problemática del narcotráfico y de la corrupción”, establecer la descentralización real, creando las “fiscalías de distrito”, dar autonomía presupuestaria a la Procuración, crear oficinas técnicas para recuperar activos provenientes de actos delictivos y limitar el mandato de los Procuradores a 6 años.