La ley para pagar los juicios previsionales seguirá tratándose mañana en un plenario de comisiones de Diputados y mientras Cambiemos insistía esta noche en emitir dictámenes, Sergio Massa negociaba tomarse tiempo hasta el martes y llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas.

No alteraría el plan de sesionar el miércoles, porque en Diputados alcanza con que haya una mayoría para convocar a una sesión especial.

 

 

 

El tigrense se comunicó por la noche con José Luis Gioja, su contacto en el FpV, para sugerirle frenar el despacho en minoría que Axel Kicillof estaba redactando y pensaba completar en la reunión de su bloque, mañana temprano.

Massa se comunicó con Gioja, su contacto en el kirchnerismo, para sugerirle que frene el dictamen que estaba redactando Axel Kicillof.

 

 

 

Por la tarde, Marco Lavagna se reunió por cuatro horas con su par del PRO Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto, con la misión de acercar posiciones.

 

 

 

En Cambiemos daban por hecho que el Frente Renovador firmaría su dictamen, pero desconocían que Massa no quería dejar afuera a nadie. Tampoco olvidó de hablar con su amigo Diego Bossio, cuyo bloque justicialista también preparaba un dictamen en minoría para mañana.

 

 

 

Hay algunos puntos de acuerdo entre la oposición que Cambiemos no podrá obviar, como las restricciones a la venta de acciones de Anses en empresas o sostener la moratoria jubilatoria, que el Gobierno intenta canjear por la pensión a la vejez para los mayores de 65 años. Comoexplicó LPO, el proyecto la garantiza sólo por tres años. 

Bossio y Kicillof tienen más dudas sobre la viabilidad del pago a los jubilados que promete el proyecto. El ex director de Anses exige que no haya quita sobre los 50 mil jubilados con sentencia firme, para los que el presupuesto del año pasado previó un desembolso de 12.500 millones de pesos.

 

 

 

Y no cree recomendable cambiar el índice de actualización, porque teme que algún juez considere que así se cumple el fallo de la Corte Suprema.

 

 

 

Sobre el Fondo de Garantías (FGS) el debate es arduo. El FpV y el Bloque peronista quieren proteger las acciones en empresas y el Gobierno se conforma con cualquier alternativa que abra la puerta para venderlas.

O sea, acepta cualquier restricción si le permiten eliminar la ley que prohíbe comercializar esas acciones sin el apoyo de los dos tercios del Congreso, sancionada en noviembre por gestión de Kicillof, quien difícilmente ahora se resigne a borrarla de un plumazo. Massa tenía intenciones de negociar una salida intermedia.

 

 

 

El kirchnerismo tiene reparos en aprobar la eliminación progresiva del impuesto a bienes personales, que el massismo no ve mal si beneficia a propietarios de clase media.

No era el caso de Bossio, que además intenta impedir que se vuelvan a comprar bonos en el exterior, otras de las puertas que deja abierta el proyecto. “Es una locura. Los bonos que más rinden están en el país e insisten en llevar plata al exterior”, protestó el ex Anses esta tarde.

 

 

 

Tampoco acepta que se declare la “emergencia previsional” en el artículo 1, que faculta al Gobierno a cambios futuros.

 

 

 

Otro escollo del PRO es el reclamo de gobernadores de 11 provincias para incorporar un subsidio a las cajas provinciales, reiterado esta tarde por los ministros de Economía provinciales.

 

 

 

Resignados, en Cambiemos hablaban de aceptar el compromiso de cubrir sólo una parte de sus déficit por una supuesta deuda de las provincias con Anses.

 

 

 

El FpV tiene reparos sobre la eliminación progresiva del impuesto a los bienes personales, que el massismo no ve mal, si se beneficia a los propietarios de clase media.

 

 

 

Sobre el blanqueo Massa sí hiló fino a través de su economista preferido, Aldo Pignanelli, quien ayer fue a la reunión de bloque a darles algunos consejos a los diputados para evitar entrada de dinero obtenido ilegalmente.

 

 

 

La negociación será dura porque el Gobierno estuvo reacio a mandar la información exigida por la oposición.

 

 

 

Por ejemplo, nunca informó cómo calculó que hay más de 2 millones de jubilados en condiciones de cobrar los fallos de la Corte y tampoco detalló los números del FGS, que está obligado a rendir ante el Congreso. Será otro reproche que escucharán mañana los diputados de Cambiemos, antes de definir si firman dictamen o esperan unos días.