Masivo repudio a la "judicialización" de la protesta social en Mar del Plata

Partidos políticos, organizaciones sociales y sectores culturales repudiaron la "judicialización" de la protesta y la "persecución" de trabajadores, luego de que la Justicia imputara a dos integrantes de la cooperativa del movimiento Atahualpa que participaron la semana pasada de la toma del Concejo Deliberante, en reclamo de la firma de convenios de "trabajo genuino".
"BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA"

Representantes del Centro Cultural América Libre, en un comunicado titulado "Basta de criminalizar la protesta social", expresaron su rotundo repudio a "los intentos de agitar el fantasma de la violencia, para referirse a la legítima protesta social y al intento de judicializar la toma de la Municipalidad del viernes 23 de octubre, que intenta mediante la criminalización del reclamo, tapar las verdaderas causas de la protesta: el legítimo reclamo de cooperativas de trabajadores desocupados marplatenses por mantener su fuente de trabajo".

A su vez, hicieron pública su solidaridad con "las cooperativas y las organizaciones sociales que luchan por sus derechos, especialmente con las cooperativas del Movimiento Atahualpa cuyos integrantes están siendo particularmente perseguidos", y exigieron al gobierno "que deje de responder a los reclamos sociales con represión y judicialización, porque la respuesta a las demandas sociales tiene que ser la creación de políticas concretas que den solución a las necesidades expresadas por las organizaciones sociales".

"La historia argentina nos ha enseñado que cada vez que comienza a agitarse el "fantasma" de la "violencia" por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o el asesinato de Carlos Fuentealba", remarcaron desde el Centro Cultural, y consideraron que "la criminalización de los movimientos sociales, es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales, con el delito; estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos, y transformando toda protesta en causa penal".

"De esta manera –observaron-, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los noventa hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión, y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes".

"LA PROTESTA SOCIAL ES UN SÍNTOMA DE LOS PROBLEMAS QUE GENERA LA DESIGUALDAD"

A través de un comunicado, dirigentes del Socialismo Marplatense reivindicaron el derecho a la protesta como "un derecho constitucional" y repudiaron "la discriminación y la persecución a los dirigentes sociales".

En ese sentido, cuestionaron duramente a los "sectores ultra conservadores de nuestra sociedad" que "pretenden instalar el miedo en las clases medias a partir de exagerar hechos y actitudes" y que "buscan mostrar a las organizaciones sociales como gestores de la violencia ocultando que la inequidad social, la no-realización de los derechos humanos, civiles y sociales fundamentales, la falta de servicios de salud y educación y el no tener un empleo o un trabajo digno".

"La violencia y sus diferentes manifestaciones se arraigan en los "atributos" de las sociedades y no únicamente en los de los individuos", enfatizaron.

Asimismo, advirtieron que en las últimas semanas "hemos visto como los conflictos sociales han comenzado a tratarse dentro de una matriz que avanza en la deslegitimización de las protestas. Este discurso se está construyendo a partir de supuestos parciales y falsos".

"Las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de advertir sobre está realidad y, en ese sentido, nosotros condenamos la estigmatización de estas manifestaciones sociales que se está haciendo a partir de hechos desafortunados", sostuvieron, al tiempo que apuntaron: "La complejidad de los problemas que surgen de la tensión social no pueden caricaturizarse como se está haciendo; el Estado no sólo tiene que lograr canalizar las protestas para que se conviertan en soluciones a los problemas, sino que además debe contribuir a la paz social y en este rol no puede perseguir a los dirigentes".

"Los subsidios económicos a organizaciones sociales y cooperativas que buscan generar trabajo entre los sectores más humildes, son cuestionados por este discurso ultraconservador, pero no los que van a sectores empresarios y pudientes. La protesta social es un síntoma de los problemas que genera la desigualdad. Indica que algo anda mal. Interpretarla y canalizarla buscando soluciones a esos problemas, es el rol del Estado y de las organizaciones políticas", añadieron en otro párrafo del texto.

Y concluyeron: "Utilizar el Estado para sostener privilegios, reprimir a los ciudadanos o administrar quien puede levantar su voz y quien no, es un paso más al totalitarismo que, en su lógica autista siempre será insuficiente, y si lo permitimos, avanzará aun más hasta aniquilar las libertades públicas".

PROYECTO SUR: "LOS ARGENTINOS ESTAMOS CANSADOS DE TANTA HIPOCRESÍA"

Por otra parte, Virginia Iturbe, referente del Partido Proyecto Sur Mar del Plata, también se refirió a los pedidos de judicialización de la ocupación del HCD ocurrida la semana anterior. "Los políticos como Porrúa o Artime que hoy salen a hacer declaraciones pidiendo el más severo castigo para la gente de las Cooperativas que protagonizó la toma del Concejo Deliberante, no tienen autoridad moral para hablar, fueron y son parte de la misma corporación de políticos que llevo al país al desmoronamiento del 2001, cuando la gente salió a la calle a pedir ‘que se vayan todos’, y no sólo no se fueron sino que siguen ganando abultados honorarios sin solucionar ninguno de los problemas de fondo de este país", analizó.

En ese orden, subrayó que "la violencia que manifestaron los pobres en el Concejo Deliberante no salió de un repollo, es una reacción frente a la violencia cotidiana, naturalizada, que viven los que están sin trabajo, sin casa, sin poder darle a sus hijos lo elemental para vivir con dignidad; que son invisibles para la mayoría de nosotros".

"Primero que se hagan los juicios y se condene a Menem, De la Rua, Russak, Aprile y tantos otros que malgastaron el erario público antes de perseguir judicialmente a cualquiera de los trabajadores de las cooperativas, los Argentinos estamos cansados de tanta hipocresía", afirmaron por último.

PO: "SOLIDARIDAD CON LOS RECLAMOS DE TRABAJO DIGNO"

En tanto, la dirigencia del Partido Obrero de Mar del Plata también se solidarizó con los trabajadores que ocuparon el recinto del HCD durante 6 horas el pasado martes, al considerar que "los compañeros han debido llegar a esta instancia ante la falta de respuesta a los reclamos efectuados, anteriormente, por todas las vías posibles".

"Recordamos las innumerables movilizaciones motivadas por lo mismo, incluyendo una masiva marcha realizada el último miércoles 14 por varias organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, que terminó en las puertas del Municipio y que se tradujo en una larga reunión dentro del Palacio, en la cual los funcionarios de Pulti siguieron sin resolver los reclamos de trabajo, en este caso para las "cooperativas" que el propio gobierno forzó a crear a los desocupados y a algunas organizaciones, con la promesa de trabajo", repararon.

En esa línea, Partido Obrero denunció "el accionar de la "administración" Pulti, que ha profundizado la transformación del estado municipal en una oficina de gestión de negocios de camarillas afines, en contra de las necesidades más acuciantes de la población marplatense".

"Sin dudas entre estas camarillas afines se cuentan los contratistas del Estado, acostumbrados a los sobreprecios y los retornos, algo difícil de concretar con las "cooperativas" mencionadas", dispararon.

A su vez, afirmaron que "los ex -candidatos testimoniales Pulti y Scioli -que son, en cambio, muy actuantes funcionarios- de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, están demostrando, en los hechos, el fraude de los anuncios oficiales, en especial los de carácter 'social': Los de puestos de trabajo, son trabajo precarizado, en negro, a destajo y de más que difícil ejecución, involucran a una ínfima minoría de los casi 80.000 desocupados de Gral. Pueyrredon; los de viviendas, están paralizadas la ejecución y la entrega de las terminadas del Plan Federal, de manera que no cubren ni la demanda vegetativa. Está paralizado el programa 'Techo y Trabajo' -de construcción de casas con "cooperativas"; el plan 'Mejor Vivir' (para acondicionar casas) nunca se implementó -aunque mil veces se anunció-; y sigue en el 'freezer' el proyecto de las 40 casas reclamadas y acordadas por las familias sin techo de Barrio Gral. Pueyrredon".

"Eso sí, -cuestionaron- no se han paralizado los despidos: ahí están los trabajadores de El Marisco, que se suman a los de Sadowa -aún suspendidos- y de Grúas Vázquez -aún no reincorporados- a pesar de resoluciones ministeriales".

"En cambio el único plan que sigue a toda marcha es 'el plan de militarización de la ciudad'. Denunciamos la saturación de policías que se realizó, una vez más, en el palacio Municipal, como única respuesta inmediata a los reclamos y llamamos a todos los desocupados, a los vecinos sin techo, a los vecinos acuciados por el abandono de los barrios y a todas las organizaciones populares preocupadas por estos reclamos a dar los pasos necesarios para un plan de lucha organizado en común", culminaron.

Por último, Barrios Unidos en Lucha Agrupación Nueva Esperanza, Corriente Clasista y Combativa Movimiento Teresa Rodríguez anunciaron que este martes a las 10.30 horas en Colón al 7850 (Monte Varela) "mostraremos las tareas efectuadas en dicho lugar en el marco del mes de trabajo acordado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio de General Pueyrredon, donde también nos manifestaremos por el incumplimiento de la firma del contracto de trabajo por doce meses".

"No nos resignamos a vivir como vivimos. Exigimos trabajo genuino. Basta de judicializar los reclamos de los trabajadores", remarcaron en un comunicado de prensa.

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