Masiva usurpación obligó al IDUV a entregar viviendas

Decenas de familias que figuran en los primeros lugares de la lista de nuevos adjudicatarios de casas construidas en el barrio Rotary 23, fueron virtualmente exhortadas a ocupar en forma inmediata las unidades que por puntaje les correspondía, a fin de frenar la ola de usurpación que allí se desató en los últimos días.
Para tener una idea de la problemática social desatada en lo que es hoy el barrio más populoso y en franco crecimiento de esta ciudad, basta decir que de las 80 viviendas que estaban casi listas para ser entregadas a principios de 2009, dieciocho ya habían sido tomadas por los “ocupas”.

Ningún funcionario del organismo provincial de referencia respondió a los requerimientos periodísticos de Diario Patagónico, pero se supo que las inusuales directivas hacia los pre-adjudicatarios legales fueron emitidas el jueves, hasta casi avanzada la noche.

Por ello ayer por la mañana no solo se observó un aluvión de personas de todas las edades tratando de instalarse lo antes posible, sino que además hubo varios patrulleros y decenas de policías apostados en el sector con un doble propósito: brindar seguridad a los vecinos “legalizados” por el IDUV y evitar la entrada de nuevos ilegales, además de prevenir cualquier tipo de enfrentamiento.

ENTREGA DE LLAVES POCO ORTODOXA

María Arizmendi, una de las vecinas “legales”, tuvo que entrar a su flamante vivienda –que aún tenía los vidrios con pintura- desplazando un alambrado perimetral, en medio de móviles patrulleros que se apostaron en torno a varias manzanas.

La mujer, madre de dos hijos y que se había inscripto hace cuatro años, jamás se imaginó que tuviera que ser protagonista de una poco ortodoxa entrega de llaves, luego de que el jueves por la noche le pidieran que ocupara la casa y participara ayer temprano de un improvisado sorteo.

Pese a todo, admitió que fue “una linda sorpresa tenerla así de una; y sí, le faltan algunos detalles, pero bueno, ya estamos”.

“Ya estamos”, también dijeron otras mujeres que forman parte del grupo de ocupantes ilegales, en su mayoría con hijos de corta edad, tal como fueron los casos de Jesica Sánchez y Carolina Bazán.

Pudo saberse que algunos de esos grupos familiares habían iniciado un expediente o carpeta en las oficinas del IDUV, pero otras se vieron imposibilitadas de hacerlo debido a que no tienen cinco años de residencia en Santa Cruz.

Como fuera, en diálogo con Diario Patagónico justificaron su actitud en la imperiosa necesidad de tener un techo propio, ya sea porque vivían precariamente en casa de otro familiar o porque no pueden pagar los costosos alquileres de una ciudad con síndrome de economía petrolera.

Aseguraron además que no eran un grupo organizado sino que se fueron instalando en forma individual, al enterarse de que otras familias ya habían hecho lo mismo.

ORDENARIAN DESALOJO

A todo esto se supo que sólo una de las familias “okupas” se retiró del lugar e incluso le entregó la casa a la legítima adjudicataria, de apellido Calderón, según citaron fuentes policiales.

Lo cierto es que en la jornada de hoy, en base la denuncia presentada por el IDUV, la justicia ordinaria podría emitir las intimaciones de desalojo.

En rigor, la mayoría de los ilegales no llevaron muebles a las casas usurpadas, pero sí colchones, frazadas y algunos comestibles, a modo de ir afianzando su asentamiento.

En su defensa, argumentaron que ellos son argentinos, nativos de Caleta o bien residentes desde hace varios años, apuntando que aquí hay muchos extranjeros, como el caso de la colectividad boliviana, que usurparon terrenos y construyeron sus casas y “nunca fueron desalojados”.

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