Sus abogados solicitaron prisión perpetua para cuatro de los procesados y dos años de cárcel para el único acusado de encubrimiento, pero pretenden que el ex teniente Roberto Bravo acusado de ser uno de los partícipes sea deportado de los Estados Unidos, además de investigar al médico de la Base Aeronaval que firmó los certificados de defunción de los militantes políticos muertos.

Durante la audiencia de ayer en el Centro Cultural de Rawson, la abogada Carolina Varsky completó el alegato de la querella iniciada el día anterior por Eduardo Hualpa. Junto a la doctora Daiana Fusca forman parte del equipo de abogados del Cels que representan a algunos de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew.

Varsky solicitó la pena de prisión perpetua para los ex marinos Rubén Paccagnini, Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, y Carlos Marandino, por considerarlos autores de los delitos de: «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas». Además de «homicidio en grado de tentativa» contra los tres militantes políticos que lograron sobrevivir a los disparos. Y agregó también el delito de «imposición de tormentos» contra las víctimas.

Para el procesado Jorge Bautista, quien ofició de juez ad hoc por disposición de la Armada luego de los sucesos ocurridos en la Base Almirante Zar de Trelew la madrugada del 22 de agosto de 1972, Varsky solicitó la pena de «dos años de prisión de cumplimiento efectivo» por el delito de encubrimiento.

Según explicó Varsky sobre el pedido de pena para Bautista, «la ley actual contempla para este delito hasta tres años de prisión, pero la que regía en la época, hasta dos, y se aplica la ley más benigna».

«Todos estos constituyen delitos de lesa humanidad», remarcó la abogada de familiares de las víctimas para pedir la pena máxima contra cada uno de los marinos acusados de matar a 16 integrantes de organizaciones armadas que estaban detenidos en la Base militar de Trelew.

Paccagnini fue el hombre detrás de la ejecución del hecho», dijo Varsky sobre el papel que tuvo quien era jefe de la Base cuando ocurrió la Masacre de Trelew. Y agregó que «fue el encargado de ejecutar las órdenes de (Alejandro Agustín) Lanusse», el presidente de facto de entonces.

Según consideró probado la abogada de la querella, «entre Paccagnini, Sosa, Del Real, Bravo y Marandino hubo reparto de tareas y funciones». Y detalló que «Bravo comenzó a disparar y los siguieron los demás».

Mientras Varsky hacía su alegato, Sosa tomaba notas en una pequeña libreta, Del Real apenas quebró su gesto adusto con una sonrisa irónica cuando se recordó que recibió una condecoración de Eduardo Emilio Massera en 1977. Paccagnini no dejaba de mirar el piso, y Marandino parecía dormirse sobre la silla.

La Masacre no pudo haber sido cometida sin la orden o el consentimiento de la superioridad», insistió Varsky.

Durante su alegato, Varsky solicitó que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, reclame la deportación del ex teniente Roberto Guillermo Bravo, «toda vez que en este debate ha quedado claro que el mencionado mintió en el ingreso a los Estado Unidos (diciendo que no tenía antecedentes penales) en tanto desde agosto de 1972 pesa sobre él la acusación de haber sido uno de los autores de la Masacre». La Justicia de los Estados Unidos negó la extradición de Bravo solicitada durante la etapa instructoria y, según testigos y las pruebas acumuladas en el expediente, «fue uno de los oficiales que disparó contra los 19 presos políticos y luego los remató con tiros de gracia».

La abogada de la querella también pidió que se inicie una investigación sobre el papel del médico Lisandro Iván Lois como probable participación como coautor del delito de encubrimiento.

Lois, quien actualmente residiría en Tierra del Fuego, cumplía su función de médico en la Base Aeronaval en la época en que acontecieron los hechos y fue quien firmó los certificados de defunción por muerte violenta de las 16 víctimas fatales.

De esos 16 presos habían sobrevivido tres que murieron horas después en la enfermería, sin ningún tipo de atención. Pedro Bonnet fue uno de ellos, quien habría sido rematado con un disparo en la cabeza en la misma sala de enfermería, según se desprende de la autopsia que le fuera realizada tiempo después a pedido de su esposa, quien había iniciado una causa civil.