"Estamos en la etapa final de este juicio por la Masacre de Trelew, luego de más de 30 años de silencio e impunidad", dijo Eduardo Hualpa, uno de los abogados de la querella de familiares de víctimas de la Masacre del 22 de agosto de 1972.

Hualpa expuso los hechos previos al fusilamiento que causó 16 muertes y heridas graves a otros tres prisioneros en la base Almirante Zar de la Armada, desde la fuga, una semana antes, de 25 detenidos del penal de Rawson, la capital de Chubut.

Seis participantes de esa fuga completaron la huida en avión a Chile, mientras que otros 19, cercados por tropas militares en el viejo aeropuerto de Trelew, pactaron su rendición con garantías el 15 de agosto, en presencia de un juez y periodistas.

El letrado expuso luego la secuencia que derivó en la ejecución de los prisioneros y relató también hechos posteriores, como la persecución a sobrevivientes, familiares de las víctimas, abogados y miembros de la Comisión solidaria con los presos políticos, integrada por vecinos de Rawson y Trelew.

"Representamos en este juicio a nueve familias marcadas y algunas diezmadas, por quienes estamos alegando", dijo Hualpa, sobre la querella que integra junto a las abogadas Carolina Varsky y Daiana Fusca, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hualpa dedicó parte del alegato a desmontar la versión oficial de la dictadura y la Armada sobre que el prisionero Mariano Pujadas hubiese arrebatado un arma a la guardia y comenzado a disparar en un supuesto nuevo intento de fuga.

Dijo además que los cinco marinos acusados en el juicio que se desarrolla en Rawson "están imputados por gravísimos delitos que configuran sin duda crímenes de lesa humanidad", aunque tocará a Varsky este martes la calificación de los mismos y el pedido de penas.

Por su parte, Fusca expuso sobre el contexto histórico de la Masacre de Trelew, durante la dictadura de 1966-73 y su Doctrina de la Seguridad Nacional, que definió un "enemigo interior llamado subversión".

En ese marco, citó normativa y reglamentación "reservada" o secreta, incorporada al expediente, que preveía el uso de tormentos, con eufemismos como "método de la acción compulsiva" para obtener información e "interrogatorios estrictos".

Esa documentación del régimen dictatorial preveía también que la población "podrá sufrir las consecuencias de la represión militar", a la vez que confirma que ya entonces existían los Grupos de Tareas clandestinos, generalizados a partir de 1976.

La abogada recordó además la creación del fuero antisubversivo y de El Camarón, como se conoció a la Cámara Federal en lo Penal conformada en 1970, un tribunal ad hoc sin derechos a apelación, concebido como parte del aparato represivo.

La "motivación ideológica comunista, calificación encomendada a la SIDE", servía para perseguir a militantes estudiantiles, políticos, sindicales, sociales y sacerdotes, añadió Fusco.

Como contrapartida, aludió a "la movilización social", con expresión saliente en el Cordobazo del 29 de mayo de 1969, "a la aparición de organizaciones revolucionarias y a las agrupaciones de defensa de los presos", como la surgida en las principales ciudades de Chubut en torno a detenidos en el penal de Rawson.

Fusco recordó que entre los presos de la Unidad 6 de Rawson se hallaba el sindicalista Agustín Tosco, principal líder del Cordobazo, y que Pedro Bonet, asesinado el 22 de agosto, había dicho una semana antes a la prensa: "somos hijos de mayo de 1969, somos hijos del pueblo".

Citando testimonios y documentación reunida durante el juicio, la abogada señaló que la represión en la Argentina cobró forma bajo la influencia de la estadounidense Escuela de Panamá, donde se formaban oficiales latinoamericanos, y de la "escuela francesa".

"El plan clandestino de represión" se conformó entre fines de los `60 y comienzos de los `70, incluidos doctrina y cursos, también "los primeros secuestros y asesinatos", por los que "todo estaba listo" para ponerlo en ejecución con la Masacre de Trelew, señaló Fusco.

Además de los familiares de las víctimas, también es querellante en el juicio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por los abogados Germán Kexel y Martín Rico, que alegarán al parecer el miércoles próximo.

Según estimaron fuentes de la causa, el jueves pronunciaría su alegato el fiscal federal Fernando Gelvez. Después vendrá el turno de la defensa de los cinco marinos acusados: Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Jorge Enrique Bautista, Luis Emilio Sosa y Rubén Norberto Paccagnini, y la sentencia se conocería a mediados de octubre próximo.