Marín fue el encargado de fundamentar la despenalización de las calumnias e injurias

El senador nacional y ex gobernador pampeano Rubén Marín, quien llegó a iniciar una demanda por calumnias contra el ex legislador Pablo Fernández, fue el encargado de fundamentar anoche en el Senado el proyecto de ley que por unanimidad fue aprobado y que despenalizó, precisamente, las calumnias e injurias para expresiones referidas a asuntos de interés público.
La nueva norma adecua la figura de calumnia e injuria a la de real malicia y elimina la pena de prisión. Se reemplaza por la aplicación de una multa que el Congreso fijó entre 3.000 y 30.000 pesos (de 785 a 7.853 dólares).

"La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a parámetros internacionales en materia de libertad de expresión", dijo durante el debate el senador Marín.

El Código Penal establecía en su artículo 109 que la calumnia o imputación falta de un delito era penado con un mes a tres años de prisión y el 110 que la injuria se castigaba con multa de 1500 a 90 mil pesos o cárcel de un mes a un año.

"Para que la conducta no sea imputable -dijo Marín- sólo se requiere no actuar con real malicia, conforme lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no reconocer la falsedad o, por lo menos, haber sido lo suficientemente diligencia como para proporcionar información real", expresó.

La iniciativa había sido presentada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre pasado a raíz de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino, por el caso de un periodista condenado por calumnias e injurias, que llevó su reclamo a ese tribunal. Se trata de Eduardo Kimel, condenado en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem (1989/99), a un año de prisión y a pagar una indemnización por criticar la actuación de un juez en la investigación de un crimen perpetrado durante la dictadura (1976/83). El Estado argentino reconoció luego ante la CIDH que en ese caso se había violado la libertad de expresión.

El proyecto de ley había sido presentado en medio de una fuerte tensión entre grupos de prensa y el Gobierno a raíz de un proyecto oficial de ley de medios audiovisuales, aprobado luego por el Congreso, que impuso límites a los monopolios y amplió las regulaciones estatales.

La presidenta había hecho el anuncio frente a una delegación de la CIDH que estaba en Buenos Aires, al conmemorarse 30 años de una histórica visita al país en plena dictadura, que le permitió recoger miles de denuncias y comprobar las prácticas del terrorismo de Estado.

Marín en la década del '90 hizo una recordada denuncia contra Pablo Fernández. Era diputado nacional por entonces, líder del Frente de la Gente y ex presidente de la CPE.

"Pablito" Fernández había dicho que el actual senador era "el jefe de la mafia" en la provincia.

Marín contraatacó judicialmente: acusó a Fernández de cometer el delito de calumnias, cuando el dirigente del Fregen hizo público que se había sobornado a la ex diputada Emilce Ozzán (antes fregenista, después marinista) para que alzara su mano y facilitara así la re-reelección del ex gobernador.

La prescripción de la causa ya había sido resuelta por el juez en primera instancia, Carlos Omar Jorge, y por el Superior Tribunal de Justicia pampeano. En 2007, la Corte Suprema de Justicia cerró el caso.

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