"Me gustaría que (estas leyes) estén aprobadas durante este año legislativo. Los principales actores del sistema también sienten que tienen que cambiar", aseguró Vidal durante una rueda de prensa con diversos medios en su oficina porteña de la Casa de la Provincia, sobre la avenida Callao, de la que participó Infobae. La acompañó el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari.

De los tres proyectos que recalarán por estas horas en la Legislatura, el Ejecutivo provincial hará hincapié en la selección de los magistrados, que presentará como un nuevo proceso "transparente" y "despolitizado" y que incluye el orden meritorio atado a los resultados de los exámenes y la obligatoriedad de cursos en la escuela judicial, que ya existe en territorio bonaerense. "Alguien que concursa para juez o fiscal y queda en el número 27 después del examen, no va a poder aparecer, por ejemplo, en el segundo puesto", explicó Ferrari.

En ese sentido, se establece un periodo promedio de un año y medio de curso de contenidos comunes para los concursos de jueces o fiscales. "Se establece un sistema mediante el cual siempre hay personas para cubrir los diferentes cargos", subrayó el ministro. Las vacancias en la Justicia provincial se ubican en torno al 13,8%: unas 166 vacantes que llegarán a fines de junio a 180 si se tienen en cuenta las 14 renuncias presentadas que vencen en esa fecha.

De todos modos, desde el Gobierno bonaerense estiman que las vacantes recién podrán ser cubiertas por el nuevo sistema de selección de magistrados a partir del 2020 o el 2021, si es que los legisladores finalmente le dan luz verde al proyecto. "Hay consenso con la oposición", abundaron Vidal y Ferrari, a pesar de la resistencia que ya plantearon algunos sectores opositores. En especial por el mapa judicial, una radiografía de la Justicia en manos del Ejecutivo bonaerense que levantó quejas del resto de los espacios políticos porque no tuvo intervención de comisiones.

Más allá de la suerte que tenga el paquete de leyes enviado por la gobernadora, desde el oficialismo aclararon que respecto de la selección de los funcionarios judiciales ya se implementarán a partir de diversas resoluciones los exámenes orales y videograbados y la orden de mérito, para dotar de algo más de transparencia los procesos.

Gran parte del paquete de leyes, según la gobernadora y Ferrari, fueron discutidos con la Procuración bonaerense, la Suprema Corte provincial, las asociaciones de magistrados y de abogados, legisladores y especialistas.

Habrá que ver, en ese sentido, la reacción de algunos de los bloques opositores en la Legislatura, como el de Unidad Ciudadana. Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, un dirigente del entorno de Sergio Massa, dijo hace algunas semanas que acompañarán los proyectos siempre y cuando no sean de "injerencia sobre el Poder Judicial".

"Vamos a discutirlo, no hay plazos", aclaró la gobernadora, aunque insistió en que apunta a la aprobación para este año. En una segunda etapa, el Ejecutivo tiene previsto presentar el nuevo Código Contravencional y el Procesal Civil y Comercial.

Otro de lo puntos fuertes de la "reforma integral del sistema de Justicia", como denominó la Provincia al combo de leyes, es la modificación en el enjuiciamiento de los magistrados, iniciados en la actualidad por una comisión encabezada por el presidente de la Suprema Corte provincial, cuyo cargo rota cada año. Si la reforma es aprobada por la Legislatura, cada jury iniciado deberá ser terminado por el mismo funcionario.

Desde la llegada de Cambiemos a la provincia de Buenos Aires, hubo 28 funcionarios judiciales, entre jueces, fiscales y defensores, separados de sus cargos. En la actualidad, según datos oficiales, hay 110 causas abiertas.

Sin embargo, el lanzamiento de la Reforma Judicial -que la mandataria hará en forma oficial este miércoles en La Plata, 24 horas antes de recluirse en un retiro en Chapadmalal junto a su gabinete- es solo un paso más en la modificación de las políticas de Justicia y Seguridad.

"No hay mejora de seguridad posible sin la reforma judicial", enfatizó Vidal con el mismo tono épico con el que avanzó en los cambios en las cúpulas de la Policía bonaerense y del Servicio Penitenciario.

En esa línea, desde el Ministerio de Justicia buscan atacar uno de los históricos talones de Aquiles: la superpoblación carcelaria. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hospeda en muy malas condiciones casi 39.000 reclusos en unidades y alcaldías, una cifra que supera en más de 10.500 la capacidad de alojamiento, según cifras oficiales. De ellos, solo 1.791 tienen el monitoreo electrónico en prisión domiciliaria.

Tanto Vidal como Ferrari azuzan a los jueces a impulsar el uso de la tobillera electrónica en delitos menores, como "las madres que son utilizadas como mulas" para transportar droga. Hay, en ese sentido, un operativo puesto en práctica en el distrito bonaerense de San Martín.