Ana María dice que no puede pagar $90 mil

Se abrió la polémica el día después de que se conoció que un juez impuso el pago por injurias de la ex gremialista a De Sanctis.
"Ningún trabajo, ningún sueldo me permitiría tener una capacidad de ahorro de 90 mil pesos, entonces yo creo que también hay que tener en cuenta eso, si uno quiere poner una sentencia justa deberá ser acorde a lo que uno gana para poder pagarlo. Si a usted le ponen algo que no puede pagarlo, no puede decir qué se pretende de la persona. Yo no tengo con qué", dijo ayer la directora de Defensa al Consumidor, Ana María López, declarándose insolvente para pagar los 90 mil pesos que le impuso el juez civil Daniel Olivarez Yapur, en el marco de la demanda por injurias que le inició el asesor giojista Guillermo De Sanctis.

Fuentes calificadas dieron a conocer el martes a los medios la resolución del magistrado, que tiene fecha anterior al inicio de la feria judicial. Pero ayer la directora de Defensa al Consumidor se declaró sorprendida y molesta porque no había sido notificada. Ella y su abogado iniciarán la apelación, según anticipó López (ver aparte).

"A mí me sorprende que yo me estoy notificando por ustedes (la prensa). Me parece una falta de respeto, a la persona involucrada lo menos que le debe llegar es una notificación sobre de qué se trata, de qué estamos hablando. No nos han notificado nada", se quejó la ex gremialista.

López lanzó que "a mí lo que me llama la atención es que habiendo una queja y habiendo pedido la Corte Suprema el expediente para investigar lo que fue la primera sentencia en lo penal, que no está firme, pueda surgir la otra, pero esto lo digo desde el sentido común no desde una persona que conozca el caso"

El tema cobró mayor resonancia por tratarse de dos actuales funcionarios del plantel de Gioja, pero los hechos sucedieron en el 2006, cuando De Sanctis fue nombrado por el gobernador para desempeñarse como ministro de Educación, en medio de una turbulenta relación con el gremio de los docentes UDAP. López, que en ese entonces comandaba el sindicato, se quejó abiertamente del nombramiento, y a la semana, el funcionario anunció que no iba a asumir en virtud de "no ser la mejor persona para lograr consensos" con el magisterio.

Lo que dijo la gremialista en ese interín, De Sanctis lo consideró como una afrenta personal y descalificadora y lo llevó primero a una querella penal por injurias, que tuvo un fallo favorable para él en marzo del año pasado, condenando a la docente a cuatro meses de prisión en suspenso. Luego, con la misma base, De Sanctis presentó la demanda por daño moral. Olivarez justificó su fallo diciendo que con sus dichos, la intención de la docente fue "desmerecer la reputación personal de De Sanctis haciendo alusión directa a indirecta de situaciones personales a las que ha catalogado de bochornosas, las que no probó ni en sede penal ni en este acto civil".

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