Margarita Belén es una de las 800 causas demoradas por responsabilidad judicial

En el 2007, los fiscales alertaron al procurador general de la Nación, Esteban Righi, de las dificultades que generaban atrasos en las causas donde se intentan establecer responsabilidades por hechos violaciones de derechos humanos. A fin del año pasado un fallo de Casación Penal casi puso en libertad a célebres represores: Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta.
Casi 800 causas están muy retrasadas en su instrucción, una de ellas es la de la masacre de Margarita Belén, que este año sería elevada juicio oral y público, si es que no median nuevos “incidentes”.

La sumatoria de eso fue lo que dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia decidiera, el lunes último, crear una unidad especial para el seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos a fin de imprimirle celeridad a los juicios a represores de la última dictadura. Se busca impedir que se produzcan nuevos fallos como el que ordenó la libertad de los ex marinos Astiz y Acosta y otros 19 represores, y que generó un fuerte cruce de acusaciones por la responsabilidad de cada poder del Estado en la decisión de la Cámara de Casación.

Mucha demora

Los números son inapelables, como la necesidad de que justicia mediante, los delitos de lesa humanidad tengan nombre y apellidos. Al 13 de diciembre de 2008 transcurrieron 32 años de la masacre y también pesares lamentables: hay personajes acusados de ser partícipes en distintos grados que ya fallecieron. También el 13 de diciembre del año pasado se cumplieron 25 años del reclamo público de “verdad, justicia y castigo a los culpables”.

Hace más de 2 décadas que la causa deambula por aquí y por allá como si fuera una herencia vacante en quien nadie tuviera interés, cuando se debe señalar a los responsables del fusilamiento de entre 21 y 22 presos políticos que cometido en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, en la vera de la ruta nacional 11, algunos kilómetros más delante de Margarita Belén (en dirección hacia la provincia de Formosa).

Este y otros temas también preocupa a los miembros de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que tiene como máximos responsables a Jorge Auat y pablo Parenti.

Auat fue fiscal del Tribunal Oral Federal y se hizo la causa por la masacre de Margarita Belén cuando se impugnó la intervención del fiscal del Juzgado Federal, Carlos Flores Leyes, hoy detenido por acusaciones de diversos tenores sobre hechos que posibilitaron violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar.

Parenti fue uno de los secretarios que trabajaron con el juez Gabriel Cavallo en el fallo que en 2001 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde hace casi dos años trabajan juntos en la Procuración coordinando los procesos sobre el terrorismo de Estado. En base a sus diagnósticos fue que Righi envió instrucciones a todos los fiscales con el objetivo de agilizar estas investigaciones.

Sin compromiso

En una evaluación pública, Auat y Parenti afirmaron que la mora en el enjuiciamiento a represores evidencia “una falta de compromiso de operadores judiciales, de algunos jueces y fiscales. No se le puede echar la culpa al Código y menos después de diez años. Esa no puede ser la respuesta que le damos a la comunidad”. Por ello advirtieron que la solución es buscar dónde estuvo el déficit, hacer un buen diagnóstico ya que en cada caso hay situaciones particulares.

Además de encontrar el déficit hay que actuar en consecuencia, proponen y remarcan que “no hay una explicación única. No busquemos la monocausalidad. No es sólo que hay jueces y fiscales que se oponen al avance de las causas porque ideológicamente no las comparten. Hay de todo: problemas de organización de la Justicia, falta de claridad en las normas. Por ejemplo: seguimos con problemas por los subrogantes. Más allá de que salieron normas y acordadas de la Corte, hay problemas”.

El Ministerio Público viene haciendo un trabajo en intentar modelar la estructura de los procesos y darle cierta coherencia para poder concretar los juicios. En esa línea estuvieron las instrucciones del procurador a los fiscales sobre la acumulación de las causas y para que se pidan las elevaciones a juicio aunque el juez no corra la vista. “El tema es que si hacemos los juicios de a poquito, se pierde la dimensión de lo que pasó”, consignaron.

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