Marcharán en contra de un fiscal

El fiscal cuestionado es Marcelo González, sobre quien existe un pedido de juicio político. Se recolectaron 800 firmas en su contra.
El próximo jueves en horas de la mañana se llevará a cabo una marcha del silencio para solicitar el esclarecimiento de varios hechos judiciales emblemáticos y, también, para exigir que el fiscal Marcelo González sea sometido a juicio político. Sobre el funcionario ya existen denuncias que ponen en tela de juicio su desempeño, las que comenzaron a ser tratadas la semana pasada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados.

La marcha comenzará desde el monumento en honor a la Pachamama y culminará frente a las oficinas de la Circunscripción Judicial de Santa María, en la cabecera departamental. Los organizadores informaron a este diario que ya se recolectaron unas 800 firmas para solicitar al Tribunal de Enjuiciamiento la destitución de González.

En el petitorio acusan al fiscal de "hacer la vista gorda en algunas causas" y de ser "arbitrario" en otras. En la acusación se involucra también al jefe de despacho de la fiscalía, al que se acusa de encubrir delitos. Por caso, se menciona el de Nelson Cabezas, quien sufrió el robo de partes de su tractor, que luego aparecieron en un depósito del local del jefe de despacho. Sin embargo, el caso no fue esclarecido, a pesar de que se habrían brindado datos certeros sobre los posibles autores.

El proceso en contra del fiscal comenzó el año pasado con las denuncias radicadas ante la Corte de Justicia, todas con el patrocinio del abogado Oscar Romero, representante de varias de las personas que están reclamando el esclarecimiento de los ilícitos que sufrieron ellos mismos o familiares directos.

Uno de los casos emblemáticos es la muerte del joven Claudio Fajreldine, cuya causa fue archivada por el juez Julio César Acuña. El caso, seguido al detalle por El Ancasti, se produjo en mayo de 2001, cuando el joven falleció de un ataque cardíaco, luego de ser arrestado y maltratado por efectivos policiales,

Otro de los casos en los que se reprocha inacción judicial es el de la muerte del menor Matías Cruz, ocurrida en febrero de 2005. El menor fue arrollado por un vehículo que no fue identificado, aunque existían sospechas que indicaban que un policía había sido el autor del hecho.

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