Lo que la marcha resuelve, y lo que no

La movilización del lunes pondrá en juego una relación de fuerzas. El Gobierno insiste en ver allí un juego de oficialismo versus oposición. Pero el tema puede indicar una dicotomía entre dirigencia versus sociedad civil. Todo lo que ya queda en evidencia de los problemas de seguridad y salud, y en conjunto. Y que la marcha no podrá arreglar.
En la gestión pública, en el ejercicio de las responsabilidades sociales, desde la más inmediata a la más superflua, si el funcionario o el gobernante no quieren hacer nada de nada, tiene un gran aliado: la ley. Siempre hay un artículo, una cláusula, una normativa o una parte de la jurisprudencia que ayudan al inoperante por vocación.

Si en cambio el mismo funcionario o gobernante quieren modificar la realidad, tienen un aliado enorme: la misma ley. Siempre habrá legislación, respaldo y antecedentes suficientes para actuar cuando hay ganas, vocación y responsabilidad.

Entre una cosa y otra, la única distancia es la voluntad política.

¿A qué viene la digresión? La semana que pasó dejó en evidencia que las estructuras de seguridad, y ciertas zonas donde se tocan con las de salud municipal, no tienen ya problemas de financiamiento, ni de sueldos, ni de capacitación. Falla en el cumplimiento de los objetivos la decisión política, el mandato final, lo que se permite o no se permite, y hasta la legitimidad de las conducciones.

Con un detalle: los hechos mencionados (a los que habría que agregar una sospechosa seguidilla de robos que dibujaron, bien o mal, una situación perfectamente fuera de control) suceden a horas de una nueva marcha por la seguridad, organizada por una entidad, la Multisectorial, con diferencias internas inocultables.

El primero de los hechos fue insólito: un conductor con antecedentes delictivos choca, la Policía llega al lugar, se escapa, lo detienen. Lo demoran. El auto en el que iba había sido robado dos días antes de la puerta de la casa de su legítima propietaria. Había sido repintado, le pusieron una sola chapa patente falsa, atrás, y el conductor llevaba una tarjeta verde que coincidía con la chapa patente.

Después de un rato de estar demorado, lo dejaron en libertad. Al día siguiente, la propietaria del Citroen no pudo retirar el auto del corralón, porque había problemas con la infracción de tránsito pendiente.

Cuando este Diario preguntó qué había pasado, el sistema de policías de tránsito se convirtió en una maquinaria de justificativos: que no pudieron detectar el robo porque la patente no era la denunciada, que pudo ser que el robo no estuviera cargado, que el conductor podía decir que compró el auto de buena fe.

Incluso hubo otra: "no podemos hacer nada porque el tipo puede aparecer con un papel de compra-venta, como que le compró el auto a otro, y nos tapa la boca", indicaron.

La sensación que queda a quien escucha a la dueña del auto y ve las explicaciones es una sola. En casi cualquier lugar del mundo, si un ex convicto choca con un auto robado y papeles falsos, y encima se escapa a la carrera y lo agarran, está en serios problemas. En muy serios problemas, y no hay abogado que valga. En cualquier lado es así. En Olavarría no.

Algo de eso intuye el ciudadano común y corriente. Algo huele mal, muy mal. Escucha las rondas policiales, las explicaciones de los fiscales, las narraciones del poder municipal, el conteo de los fondos aportados por la tasa de seguridad, y algo no le cierra.

El tipo común, sin haber pasado por una facultad de derecho ni haber ido a una academia policial concluye que no tiene elementos técnicos sólidos, o datos inapelables, para fundamentar su crítica, pero sabe que no le dicen toda la verdad. Es más: está convencido de eso, y cada semana que pasa será más difícil que crea que el sistema de seguridad está haciendo lo correcto.

Otro dato amaga con problematizar aún más el tema. Y de verdad es preocupante a futuro.

Apenas se repasan los hechos de los últimos días, la brutal sucesión de asaltos y robos en comercios, casas y hasta colectivos (donde hay casos sin denunciar, constatados por este Diario), se buscan explicaciones. Aún ante la infranqueable barrera de un sistema policial y judicial fragmentado, con baja capacidad de trabajo conjunto, el sentido común apunta: una posible interna policial.

Si esa interna es real, los recambios que se produjeron en los últimos días, lejos de generar tranquilidad, más bien inquietan: una sórdida interna policial se está gestando con los desembarcos en la Ciudad de la nueva cúpula que conduce Juan Carlos Ortúzar en la Jefatura Distrital.

El efecto de esa interna, si progresa y estalla, puede ser demoledor, porque Ortúzar es el pívot de la Mesa de Trabajo sobre la cual el Municipio ha descargado la vinculación con los actores locales que reclaman seguridad, o pueden proporcionarla.

A medida que los nuevos jefes se asientan en el terreno, y cuando las comisarías y dependencias de las localidades van quedando armadas, una voz concordante entre los jefes de territorio causa inquietud: ¿qué hay de cierto en los malos antecedentes que altos jefes ponen entre los pergaminos del actual responsable de seguridad de Ortúzar, Marcelo Carola?

Primero uno, luego otros, los policías con jerarquía que hablaban con este Diario fueron concretos: "pongan el acento en este muchacho, que viene con denuncias en fiscalías de la región", apuntaron ni bien lo vieron llegar.

Esa fragmentación de intereses se parece a otra, que también es bisagra con el sistema de salud: esta semana, un trabajador de Sierras Bayas murió en la calle, y su cuerpo pasó allí seis horas tirado hasta que un médico particular decidió firmar el acta de defunción.

Detrás del descuido, brutal, hay una ausencia de protocolo de trabajo. Los médicos ya no quieren hacerse cargo de defunciones desconocidas, porque temen que detrás del trámite se esconda un problema. Nada, de todos modos, justifica que el sistema municipal tenga médicos que ni siquiera retiran el cadáver para llevarlo a una morgue, así no firmen el certificado.

Pero queda en evidencia que la falta de médicos de policía es ya intolerable. El Municipio intercedió varias veces en el tema, ante la Provincia y concursando el cargo, pero el fracaso en la materia es recurrente.

El tema del médico de policía es una muestra de un problema típico: el resbaloso límite entre lo municipal y lo provincial, en un tema central como la seguridad pública.

Es probable que ninguna de las cuestiones que se anudan en esta trama pueda ser resuelta por la marcha. Es probable también, que el ciudadano común, lo sepa.

Pero también es muy posible que no tenga otra alternativa, aún desconfiando de los convocantes, aún sin conocerlos, para canalizar ese feo olor que intuye cuando el poder institucional se excusa y se explica, se justifica y se perdona, y el problema sigue ahí, a la vista y a la mano.

Comentá la nota