Marcha de madereros en defensa de las fuentes de trabajo

Empresarios y empleados madereros se movilizarán mañana en Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán "en defensa de las fuentes de trabajo del sector y del campo".
Las marchas son parte de un combo de acciones que vienen llevando a cabo los empresarios madereros y del campo que se oponen a la suspensión provisoria de los desmontes y de la tala dispuesta en diciembre pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la reciente reglamentación de la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos que dictó el gobierno provincial.

Las acciones incluyen una presentación ante la Corte Suprema; la publicación de una solicitada de Prograno, la Sociedad Rural Salteña y la Asociación de Legumbres del NOA (que mereció la respuesta de la organización ambientalista Greenpeace); una reunión mantenida la semana pasada con el gobernador Juan Manuel Urtubey, y profusas declaraciones de empresarios, funcionarios provinciales y legisladores, entre ellas las del senador provincial en ejercicio y diputado nacional electo Alfredo Olmedo (PJ), autor de uno de los proyectos de ley de ordenamiento territorial.

Las movilizaciones de Tartagal y Orán fueron anunciadas por la Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de la Provincia de Salta (APROFICSA), la que indicó que estas medidas fueron adoptadas "como último recurso" y lamentó "las suspensiones de trabajadores dispuesta por la falta de materia prima y de políticas públicas que otorguen al desarrollo de la producción garantías y seguridad jurídica suficiente para las familias trabajadoras del departamento".

Las organizaciones empresariales vienen advirtiendo que la imposibilidad de cortar y extraer madera (algo que en la práctica se está haciendo, según denuncian comunidades indígenas) afectará la fuente laboral de muchas familias.

La semana pasada, en declaraciones a radio Alba, el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis María Belluchini, aseguró que se verán "obligados a suspender al personal desde el lunes" próximo. Dijo que esto afectará a unas 7 mil personas.

El gobierno provincial ya otorgó un subsidio de unos 800 pesos para cada trabajador del sector.

Al enojo que los madereros arrastraban desde diciembre pasado con la Corte, por la suspensión de la actividad hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo, se sumó la reacción de empresarios del campo por la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial que permite el desmonte de un millón y medio de hectáreas en lugar de los cinco millones que preveía la ley aprobada por la Legislatura. Olmedo, que además de legislador es productor sojero, sostuvo que con esto el Gobierno pasó "por arriba a la ley". El jueves último los empresarios consiguieron el compromiso gubernamental de que se revisarán los puntos más conflictivos del decreto de reglamentación.

Pero el gobernador debe, a su vez, tratar de satisfacer las exigencias de la Corte Suprema, ante la que tiene pedida una audiencia para presentar el estudio de impacto ambiental acumulado, la reglamentación y otro decreto que prohíbe los desmontes en tierras que son disputadas por comunidades aborígenes.

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