Marcha de estatales se manifestó frente al STJ y luego ante Casa de Gobierno

El paro y movilización de gremios de varios ámbitos del sector público se concretó ayer con una parada en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde la columna de manifestantes llegó para entregar un petitorio en el que se resaltó el papel de la justicia en medio de la lucha de trabajadores por una recomposición salarial y cambios en las condiciones de trabajo.
Luego de concentrarse en la plaza San Martín, los manifestantes se trasladaron hasta el STJ, para luego dirigirse a Casa de Gobierno.

La nota presentada en el STJ y dirigida a los integrantes del máximo tribunal provincial y el procurador general fue firmada por los secretarios generales de Voz Docente, Docentes Autoconvocados y la Asociación Trabajadores del Estado ATE-Formosa quienes se quejaron por "los constantes fallos contrarios a la vigencia plena de los derechos humanos de los trabajadores estatales, y a su obligatoria protección por parte de ese Poder del Estado provincial, consecuencia de la aplicación de normas locales de inferior jerarquía traídas desde la historia más negra que padeciera este país contrariando derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la misma, resultado de una expresión ideológica que entronca en el reinado de la doctrina de la seguridad nacional que tanto daño causara a la masa de trabajadores argentinos y al movimiento obrero organizado", señala en primera instancia la presentación.

Sistema injusto

Más adelante, señala: "Fallos que son la coraza protectora y cierra el círculo sin salida de un esquema perverso y de un sistema injusto y que sirven de sostén y aval a los abusos del poder, y que evidencian una grave ausencia de independencia e imparcialidad, y a la que consideramos como una cuestión central, de primer orden y la de mayor importancia desde la perspectiva del movimiento de los trabajadores en tanto degrada e inutiliza al único y último recurso que tienen el trabajador y el ciudadano común para lograr el reconocimiento y amparo de sus derechos lesionados por el poder de turno.

Como la última acordada que ilegaliza y descuenta el día no trabajado por el ejercicio del derecho constitucional de huelga, sacada en medio de reclamos salariales generalizados con el solo objetivo de amedrentar e intimidar a los reclamantes en una muestra vergonzosa de sometimiento a los dictados y argumentos del poder político", señala la nota, en alusión a la medida que habilitó descuentos por paros a empleados judiciales.

Embestida contra Hang y Aguirre

Asimismo, remarcaron la situación de dos altos funcionarios judiciales. Dicen: "Como lo es el Dr. Eduardo Manuel Hang, cual es la figura emblemática de colaboración con el régimen militar usurpando cargos institucionales con cinco juramentos por bandos militares durante gobiernos de facto, incluido la Fiscalía de Estado acompañando al Gral. Juan Carlos Colombo, o el procurador Claudio Aguirre quien integró el staff de abogados de la Fiscalía durante la dictadura y fue asesor del ‘célebre’ coronel López en el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, circunstancias históricas que los inhabilitan política, jurídica, institucional y éticamente, para resolver casos donde se demanda el amparo por violaciones a los derechos humanos a la totalidad de los magistrados, imponiéndose la excusación de los mismos en todas las causas tramitadas que tuvieran como origen los abusos del poder aunque más no fuera por razones de decoro y delicadeza".

"El artículo 36 de la Constitución Nacional, sancionado con el voto unánime de todos los convencionales constituyentes de la reforma de 1994, es decir en representación de todo el pueblo argentino, y entre los que se encontraba nuestro gobernador Gildo Insfrán, condena sin atenuantes a todos los funcionarios que usurparon cargos institucionales durante gobiernos de facto, asimilándolos a los ‘infames traidores a la Patria’ con prohibición absoluta y perpetua a ocupar cargos públicos lo que constituye una verdadera y paradigmática expresión de repudio que no tolera reparos formales a favor de los jueces que colaboraron con el régimen militar que planificó y ejecutó desde el Estado la mayor violación a los derechos humanos de la historia nacional", plantearon.

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