El PE dio marcha atrás con el incentivo de $ 600 a los viales.

El gobernador decidió dejar sin efecto la medida ante el reclamo de los demás gremios. "La Provincia no puede pagar a todos, no está en condiciones", dijo. Aclaró que las obras avanzarán con menor intensidad.

Ante la ola de reclamos, que amenazaba con convertirse en una suerte de tsunami el Gobierno confirmó que dará marcha atrás con la decisión de abonar un incentivo por objetivo a los trabajadores viales.

El gobernador, José Alperovich, dijo durante la mañana que evaluaba la posibilidad de no hacer un pago extra de $ 600 mensuales a los trabajadores viales, a cambio de que se pavimenten 60 cuadras por mes. Por la tarde, la confirmación llegó de parte del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo. "Se desvirtuó el sentido de la medida, por eso se la dejará sin efecto. De todas formas, el plan se desarrollará con normalidad y ya contamos con la adhesión de empleados viales y municipales para empezar", aseveró el funcionario cuya cartera coordina el desarrollo del Programa Provincial de Infraestructura Vial.

"Lo más probable es que me hagan volver atrás, y bueno... haremos menos obras de pavimento, porque la Provincia no puede pagar (a todos los estatales); no está en condiciones", afirmó Alperovich en referencia al pedido de algunos gremios para que el dinero extra se haga extensivo a toda la administración pública.

"Lo anunciamos para un grupo de 120 personas que iba a trabajar día y noche para poder tener 60 cuadras de pavimento. Ustedes (por los medios de prensa) me están llevando a que volvamos atrás, pero aquí en definitiva no se perjudica el gobernador -dijo-, sino que se perjudica la gente".

El Programa Provincial de Infraestructura Vial establece la ejecución de obras de pavimento, en la capital y en el interior, con personal de Vialidad. En ese marco, Alperovich había anunciado un incentivo, pero la inmediata reacción de la otros dirigentes sindicales para que sean incluidos en ese beneficio hizo caer la propuesta. "Ustedes (por los medios) están instalando un tema... me están obligando a que vuelva atrás y se perjudique la gente, porque antes de que lleguen los tickets canasta, los empleados trabajaban ocho horas por día; después fueron seis o siete horas por día", explicó.

"Esto era para un grupo especial, que iba a trabajar día y noche, pero bueno... si no lo podemos hacer porque todos quieren cobrar (los $ 600) y tampoco se lo podemos pagar a todos, lo más probable es que volvamos atrás", advirtió. Para contextualizar sus dichos, Alperovich recordó que en los últimos cuatro meses, hubo casi $ 90 millones menos que ingresaron por coparticipación.

De todas formas, tanto el gobernador como el ministro del Interior confirmaron que el plan seguirá su curso normal, pero que se ajustará a las posibilidades reales de trabajo del Estado.

"Nadie puede desconocer las bondades del plan"

"Nadie puede desconocer las bondades del programa. Me atrevo a decir que este es el plan de infraestructura más importante de los últimos años para las ciudades y los pueblos del interior", sostuvo el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.

El funcionario, que coordinará la ejecución del Programa Provincial de Infraestructura Vial, refutó críticas y ennumeró las que, a su entender, son las virtudes del plan oficial. "Equipamos Vialidad por más de $ 40 millones y, en lo operativo, el Estado volverá a hacer obras por administración, con todo lo que eso implica. Por ejemplo, una cuadra de pavimento, tercerizada, nos costaba alrededor de $ 100.000, mientras que ahora no significará más de $ 20.000", detalló. Y explicó que los municipios y las comunas sólo deberán afrontar los costos de los insumos: "el líquido asfáltico, el combustible, y los lubricantes, por ejemplo".

Jaldo desmintió que su ministerio vaya a manejar recursos. Por el contrario, aclaró que los fondos (que provendrán de los Fondos Fiduciarios municipales y comunales ya creados por ley) serán transferidos directamente a una cuenta especial. "Comenzaremos en capital, Alderetes y Yerba Buena", adelantó.

El funcionario, además, aclaró que el Poder Ejecutivo no obligará a ningún municipio a adherir al plan (deben hacerlo mediante ordenanza), en alusión a que el intendente de Simoca, el radical Luis González, manifestó su oposición. "Nosotros los invitamos; el que quiera aprovecharlo se suma y el que no, respetaremos su decisión", expresó. A su vez, Jaldo desmintió que el PE no haya asistido financieramente a ese municipio, como lo denunció el opositor. "Simoca, por decisión propia, está fuera del Pacto Social, por lo que debe administrarse con recursos propios. El Gobierno envía, a rajatabla, lo que por ley le corresponde. Así, en 2008 recibió $ 8,8 millones por coparticipación y $ 3,7 millones por el Fondo de Desarrollo del Interior. Ahora bien, a pedido del intendente, como ocurre en todos los casos, en ese mismo año el Gobierno le transfirió, vía Fondo Fiduciario, $ 700.000 para obras y $ 57.000 para atender incrementos salariales", señaló. Con respecto a 2009, según dijo, el intendente González ya hizo dos pedidos de dinero, uno por $ 143.000, que ya fue aprobado y transferido, y otro por $ 131.000, que está en evaluación. "La transferencia depende de la gestión de cada intendente", replicó Jaldo.

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