El Gobierno dio marcha atrás esta mañana con su decisión de aplicar la ley antiterrorista contra la empresa gráfica Donnelley, de origen estadounidense, luego de la dura controversia que generó en el ámbito empresario y en el político y aclaró que la denuncia realizada en los tribunales apunta a investigar una "quiebra fraudulenta".

La aclaración, que revierte lo dicho en cadena nacional por la propia presidenta Cristina Kirchner , fue realizado hoy en un reportaje a radio Del Plata por el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, quien adjudicó la mención de la ley antiterrorista a "una confusión".

"Creo que se derivó una confusión, a partir del uso «antiterrorista». La denuncia que estaría haciendo la AFIP es por «quiebra fraudulenta». Como derivación de esa denuncia, se podría llegar a aplicar el artículo 309 del Código Penal, que pena los ley de delitos económicos. Lo que pasa es que esta ley fue aprobada en conjunto con la ley antiterrorista, de ahí se deriva la confusión", dijo el funcionario. "No tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo", afirmó.

La aclaración de Vanoli llega el mismo día en que la oposición en el Congreso buscará firmar hoy un dictamen para derogar la ley, que ya se sancionó en medio de una fuerte polémica. La ofensiva la encabezará la diputada Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Legislación Penal. Pese a la iniciativa, la oposición no conseguiría los números necesarios en el recinto para derogar la ley.

En su discurso por cadena nacional, Cristina Kirchner acusó el jueves pasado a Donnelley de "alteración del orden económico y financiero" por declararse en quiebra y perjudicar a más de 400 trabajadores y justificó su decisión de denunciarlos penalmente. La jefa de Estado vinculó a los dueños de la imprenta de capitales norteamericana con los fondos buitre y alertó que pretendían poner al Gobierno "de rodillas".

El viernes, fue la AFIP quien trasladó los dichos de la mandataria a los hechos y radicó una denuncia contra Donnelley en la Justicia. El caso recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas y quedó a cargo del fiscal Patricio Evers, quien ahora debe decidir si impulsa o no la investigación.

La denuncia, de fuerte carácter técnico, no mencionaba el argumento que esgrimió Cristina Kirchner cuando dijo que Donnelley fue a la quiebra para sembrar el terror en la sociedad al despedir a sus trabajadores.

En cambio, la AFIP entendió que la imprenta pidió su quiebra de manera fraudulenta para que los accionistas de los fondos buitre pudieran adquirir un mayor porcentaje accionario a menor valor o para evitar pérdidas contempladas.