Marcha atrás con la causal de inhabilidad moral

El oficialismo modificó su propio dictamen y decidió no introducir una nueva figura para destituir magistrados y funcionarios públicos. Raed, presidente de Asuntos Constitucionales, justificó la modificación del despacho en que la Carta Magna de 2006 eliminó el desorden de conducta como motivo de remoción.
El alperovichismo, finalmente, decidió ajustarse a las pautas establecidas por la Constitución de 2006 y no introdujo novedades en las normas que reglamentan los procesos de destitución de funcionarios públicos y de magistrados.

La Cámara dictó dos leyes al respecto. La primera abarca a quiénes están sometidos al procedimiento de juicio político en la Legislatura: el gobernador y el vice; los ministros del Ejecutivo; los vocales de la Corte, el ministro fiscal; los miembros del Tribunal de Cuentas y el defensor del Pueblo. La segunda comprende a los que ya no están sometidos al control parlamentario: para ser separados de sus cargos deberán someterse al Jurado de Enjuiciamiento. Ellos son los camaristas, los jueces, los fiscales y los defensores oficiales.

Como había anticipado LA GACETA, el despacho que impulsaba el bloque Tucumán Crece incorporaba la "inhabilidad moral" como causal para destituir miembros del Ejecutivo y de la Justicia. Pero ayer, el propio oficialismo retiró esa figura del dictamen.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Antonio Raed, reconoció que en la última reforma de la Carta Magna se había eliminado la causal del "desorden de conducta", razón por la que no era procedente incorporar ahora la de "inabilidad moral".

El titular de FR, Ricardo Bussi, celebró la decisión y recordó, como antecedente, que la Justicia Federal fulminó de inconstitucionalidad esa figura cuando la Cámara de Diputados la esgrimió para evitar que su padre, Antonio Bussi, asumiera su banca en 1999.

A la par, el hecho de de estar concursado judicialmente también fue suprimido como causal destituyente para aquellos que están sometidos al juicio político (sólo estaba estipulado para ellos).

Contenido normativo

El artículo 47 de la Ley Fundamental dispone que sólo corresponde la remoción por "delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo". Ayer se estipularon los casos que justifican la sanción. (Ver "Casos por castigar")

La mayoría de las causales son similares para todos, aunque para los magistrados se agregan los actos de parcialidad manifiesta; la reiteración de irregularidades en un proceso; la intervención en actividades políticas; la falta de independencia que lesione su dignidad y su autoridad; el contraer obligaciones con los litigantes o con sus representantes, y el ejercicio del comercio o de la industria. Y se fija que los incumplimientos o retardos deben ser injustificados para corresponderles el castigo (excepto los integrantes de la Corte).

Todos pedidos de destitución deben ser formulados ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ella, en el caso de los que están sometidos a control parlamentario, sostendrá -llegado el caso- su acusación ante el Tribunal Legislativo, compuesto por los 37 legisladores que no integran la comisión. Para declarar culpable al gobernador o al vice, se necesitará el voto condenadatorio de los dos tercios (28 legisladores-jueces). Para los vocales de la Corte, el ministro fiscal, los vocales del Tribunal de Cuentas y el defensor del Pueblo, en cambio, bastará con los dos tercios (25 parlamentarios)

Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento podrá destituir jueces sólo con los dos tercios de sus ocho miembros, o sea, con cinco votos.

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