RP.- Como autor de la ley, ¿cuál fue la importancia de la jornada realizada?

La importancia es pedir que la ley se cumpla, porque para eso es ley. Hay demoras que son muy tangibles en su implementación. Es una ley que apareció en el ruedo público al amparo de una discusión absolutamente irrisoria y secundaria, que tiene que ver con la valorización de los grandes emprendimientos inmobiliarios. En ese entonces no se discutió la cuestión de fondo, que era la producción social del hábitat saludable, sano, habitable y urbanizable para los sectores populares. Ese es el corazón de la ley.

Teneos que sensibilizar a todos los actores institucionales de la necesidad de una rápida implementación de la ley.

RP.- ¿Por qué no se cumple la ley?

Porque yo creo que ocurren dos cuestiones que se han conjugado: una es la fuerte presión de sectores inmobiliarios y poderosos que tienen capacidad de agendar cosas en la vida política bonaerense, e impedir su implementación inmediata.

La operación inmediata de la ley implicaría una activación muy grande en lo que son las valorizaciones inmobiliarios en la provincia, y un juego institucional de los municipios al respecto, porque los sectores populares -más allá de las organizaciones que los representan- no tienen la misma capacidad de articulación de intereses que estos otros emprendimientos inmobiliarios. Y ahí está el cuadro de situación de por qué esta normativa no se implementó.

La urgencia de la producción de hábitat saludable para sectores populares es un hecho concreto, pero también hay un lobbie muy importante de estos emprendedores inmobiliarios grandes que hacen que la ley no se haya producido institucionalmente como tiene que ser.

RP.- ¿El Procrear se involucra de alguna forma en la normativa?

La ley tiene que ver básicamente con el suelo habitable. El objeto de la ley es ese. Por supuesto que se necesita el financiamiento para los emprendimientos de vivienda de los sectores populares, pero acá el gran problema es que a partir de la transformación del valor del suelo en función de los grandes emprendimientos inmobiliarios, en las zonas urbanas de la provincia dejó de haber suelos para desarrollar los planes de vivienda populares. Esto se convirtió en un problema, y eso está dentro del objeto de intervención de la ley por parte de los organismos estatales, tanto municipales como nacionales.

RP.- ¿Cuál es el rol de los municipios considerando la idiosincrasia de cada lugar de la provincia?

En el marco de nuestra responsabilidad como legisladores y redactores del proyecto prestamos mucha atención al rol de los municipios porque son los actores institucionales clave de la provincia. La provincia y la autoridad de aplicación son importantes, pero es más importante el rol de los municipios. En esto hay que acelerar el trabajo.

El interior tiene la ventaja de que todavía tiene suelo apto para la construcción de viviendas. Ha sido importantísimo el plan Procrear, pero para sectores populares hay una mayor necesidad de intervención estatal en cuanto a organización.

Uno de los temas clave de la ley es el relevamiento de suelo urbanizable, pero también de asentamientos y villas. Ese registro tiene como objetivo marcar el problema de dónde están asentados, porque muchos no son habitables para el ser humano por la falta de servicios, el medio ambiente. Los mejores suelos van a los emprendimientos inmobiliarios caros. Por eso es estado tiene que intervenir. Nunca se han preservados los intereses de los sectores populares si no es a través de una intervención activa del estado. Ahora hay gobiernos proclives a defender sus intereses, y por eso tenemos que construir un estado popular. Hay que intervenir con mucho activismo.