Por Marcelino, el Intendente sería denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario

Vecinalistas de Parque Camet podrían denunciar ante la Justicia al intendente Pulti, por convalidar a través de un decreto la retención "arbitraria e ilegítima" del convenio que debía otorgar el Municipio a la entidad barrial, cerca de $100 mil, cuya entrega habría suspendido "sin previo acto administrativo" el titular de la Dirección de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Fernández. "El Departamento Ejecutivo no puede convalidar y ratificar conductas administrativas ilegítimas de sus inferiores", observaron desde el sector.
Luego de sucesivas denuncias de la Sociedad de Fomento de Parque Camet contra el accionar del Director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Fernández, por la "retención indebida" desde enero pasado del convenio que otorga el Municipio a la entidad barrial (una suma que oscila los $100 mil), el intendente Pulti convalidó y ratificó a través de un Decreto el accionar del cuestionado funcionario, decisión que generó un profundo malestar en el barrio de la zona norte de la ciudad.

El Jefe Comunal firmó el Decreto Nº 1789 por el cual se establece la "suspensión preventiva del convenio de prestación suscripto entre el Partido de General Pueyrredon y la Sociedad de Fomento de Parque Camet a partir de enero de 2009 y hasta tanto se expida la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por denuncias por presuntas irregularidades en la asociación vecinal".

Ante la determinación oficial, el presidente de la entidad, Oscar Cernadas, a través de sus representantes legales, interpuso un recurso administrativo de revocatoria, haciendo reserva al inicio de acciones judiciales.

Según se indica en el texto al que 0223.com.ar tuvo acceso, desde la asociación barrial exigen que tal Decreto "quede sin efecto" por considerarlo "ilegítimo y padecer de vicios graves que lo nulifican, ocasionando graves perjuicios materiales, morales y prestacionales" a la institución.

En ese sentido, se advierte que "para el caso que no se adopte una decisión revocatoria dentro del plazo máximo de 15 días hábiles", desde el sector se reservarán el derecho de "promover las acciones judiciales pertinentes para obtener el cumplimiento de los derechos de los demandantes, y los daños y perjuicios producidos y a producirse, contra la Municipalidad y los funcionarios responsables".

En otro párrafo del documento, el vecinalista calificó de "absurdo e irrazonable" el hecho de que "el Departamento Ejecutivo, luego de 9 meses de la fecha en que el Director de Asuntos de la Comunidad, suspendiera por orden verbal todos los aportes a nuestra institución, hoy el Intendente y su Secretario de Gobierno ratifiquen con su firma dicha vía de hecho, haciéndose partícipes de un accionar ilegítimo y razonable, sin comprobar dichas denuncias ni considerar ninguna de las presentaciones de nuestra parte".

En otro orden, los abogados patrocinantes de Cernadas negaron la supuesta "inexistencia de la realización de la Asamblea Ordinaria" con que se fundamenta el mencionado decreto, al manifestar que la concreción de la misma se pudo comprobar "con prueba documental aportada por la entidad", además de constar en los libros Societarios, los cuales cuentan con "certificación notarial" y "es ratificada por la protocolarización notarial de la Tesorera de la institución" ante un escribano público.

"Con sólo haber analizado dichos documentos y los libros societarios presentados y haber tenido en cuenta que dicha asamblea no fue impugnada en tiempo y forma, la Municipalidad debería haberse abstenido de suspendernos de hecho el convenio de prestación, aunque sea por un mínimo de prudencia y razonabilidad", argumentaron.

A su vez, en relación a las supuestas "denuncias ratificadas" a las que se hace referencia en el Decreto firmado por el Jefe Comunal, ratificaron que se trata de "falsas denuncias formuladas por cuatro ex directivos de la entidad y tres socios, integrantes de la familia del ex tractorista monotributista a quien no se le encargaron más trabajos por diversos incumplimientos, según lo comprobó la misma Municipalidad por acta de fecha 9 de marzo de 2009".

Asimismo, destacaron que en el período abril – diciembre 2008 la Sociedad de Fomento "invirtió en la prestación de servicios a su barrio la suma de $115.759, 51, de los cuales cobró por aportes municipales la suma de $104.328", lo cual fue puesto de manifiesto por la Jefa de Departamento de Rendición de Cuentas, la que informó al Director de Asuntos de la Comunidad la probación de la rendición de cuentas y la habilitación para autorizar los pagos de los períodos siguientes, disponiendo el archivo del expediente".

"Lejos de habilitar los próximos pagos y archivar el expediente, el mismo fue cajoneado en la citada Dirección, cuyo funcionario a cargo, Señor Fernández, incumpliendo con los deberes de su cargo, no citó a nuestra entidad a firmar el convenio correspondiente al período abril – diciembre 2009. conforme se dispusiera por Decreto 911/09 en el que figura para nuestra institución con un monto de $91.476 para dicho período". Y cuestionaron que "no sólo se nos suspendieron los aportes comprometidos y debidos desde el mes de enero de 2009, reteniendo indebidamente desde dicha dependencia los fondos asignados en el Presupuesto Municipal, sino que también se nos negó la entrega del Convenio firmado, configurándose un arbitrario, ilegítimo e irrazonable acoso institucional".

En ese orden, remarcaron que, "a pesar de esta discriminación ilegítima y arbitraria, nuestra institución ha venido cumpliendo todos los meses con las prestaciones a su cargo con el aporte y el esfuerzo de los vecinos y de la Comisión Directiva".

"Mientras los funcionarios municipales retenían arbitraria e indebidamente los fondos asignados presupuestariamente a nuestra institución, esta debía hacer ingentes esfuerzos humanos y económicos para mantener la prestación de sus servicios a su barrio, lo que es inadmisible y jamás podrá tener el amparo de la Justicia", afirmaron más adelante.

Finalmente, subrayaron que "la conducta de los funcionarios responsables es grave por cuanto el Departamento Ejecutivo no puede convalidar y ratificar conductas administrativas ilegítimas de sus inferiores, menos aún avalar con su firma verdaderas vías de hecho. Más grave es dicha conducta del Ejecutivo comunal cuando esta convalidación de lo ilegítimo y arbitrario se pretende hacer retroactivamente, cuando sabido es que los actos administrativos tienen efectos para el futuro a partir de su fecha de notificación".

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