Ayer el gobierno bonaerense confirmó la convocatoria para el próximo jueves a  reuniones paritarias y desde el Sindicato de Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) salieron a poner blanco sobre negro: “Nosotros no estaremos en la misma mesa de negociaciones con aquellos dirigentes sindicales que están acusados por los vaciamientos del IOMA, del IPS, de ABSA y por llenar de ñoquis la administración pública”.

La contundente frase forma parte del mensaje que ayer le hizo llegar la dirigente del Soeme, Susana Mariño, al ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, solicitando que se establezcan reuniones diferenciadas en las paritarias estatales. Eso no es todo: desde el Soeme adelantaron que no sólo llevaran a la mesa de negociaciones pedidos de recomposición salarial que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores aquejados por la inflación, sino que aportarán datos concretos sobre el crecimiento exponencial de los ñoquis en la provincia de Buenos Aires durante los últimos meses del gobierno de Daniel Scioli. “Queremos colaborar con la gobernadora María Eugenia Vidal para que pueda transformar la Provincia. Sabemos que solamente en la Dirección de Escuelas ya suman más de 40 mil los agentes que cobran abultados sueldos sin cumplir ningún tipo de función y que solo realizan tareas políticas para el kirchnerismo. Es más, tenemos datos de que sólo en el mes de noviembre se registraron 500 designaciones políticas en la cartera educativa. Muchos de estos ñoquis son camuflados mediante figuras administrativas conocidas como órdenes técnicas, otros aparecen nombrados en el programa Patios Abiertos”, dijo Mariño.

“Para mantener a todos estos ñoquis, se gasta mucho más que la masa salarial total que se destina para pagarle los haberes a todos los auxiliares de la Provincia que, con gran esfuerzo, logran mantener en pie escuelas que se caen a pedazos por la falta de inversiones. En estas condiciones, con el actual esquema no hay paritaria que aguante ya que todos estos ñoquis se están quedado con recursos que deberían ser destinados para garantizar haberes más dignos a los trabajadores y mejorar las condiciones laborales”, agregó Mariño.

La dirigente del Soeme puso, como caso testigo, lo que actualmente ocurre en la localidad de Navarro, un pequeño municipio de la provincia con poco más de 17 mil habitantes. “Insólitamente, sólo en esa pequeña comuna, hemos detectado cerca de 200 ñoquis”, sostuvo la dirigente del Soeme.

En la administración pública bonaerense está calando muy hondo lo que está sacando la luz las distintas investigaciones del diario Hoy sobre el vaciamiento de la obra social bonaerense que se orquestó durante la era sciolista y que ahora está poniendo en riesgo la atención a más de 2 millones de afiliados. Estamos hablando de negociados que van desde el pago de abultados sobreprecios, venta clandestina de medicamentos oncológicos de alto costo y facturaciones millonarias de empresas fantasmas por servicios de internaciones domiciliarias que jamás se prestaron. Estos actos de corrupción, que están incluidos en 15 denuncias penales que actualmente tramitan en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, involucran directa e indirectamente a los dirigentes Roberto Baradel (Suteba) y Carlos Quintana (UPCN), que tienen representación en el directorio de la obra social.

A esto se le suma la crisis que atraviesa la empresa ABSA que está llevando a que miles de trabajadores vean permanentemente interrumpido el servicio de agua corriente o directamente no tengan acceso a la red y a las cloacas por la falta de inversiones. Para colmo, en numerosos municipios, están tomando agua contaminada con arsénico. Tal como lo viene reflejando Hoy, en la crisis de la empresa estatal mucho tiene que ver el accionar de dos sociedades –Gral Saneamiento y 5 de septiembre SA- ligadas estrechamente con el Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba) que conduce Julio Castro, actual secretario general de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba).  

“Con la salud de los trabajadores no se jode: a los dirigentes que están salpicados por estos delitos no se les puede asignar desde el Estado la más mínima representación para discutir salarios y mejores condiciones laborales porque, con su accionar, han perjudicado a quienes ellos dicen representar y a sus familias”, concluyó Mariño.